El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha presentado una querella criminal contra el Gobierno de la Comunidad por la venta "a precio de regalo" de cerca de tres mil pisos públicos del IVIMA a una empresa privada. La demanda acusa al Ejecutivo de González de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada al vender por 200 millones de euros un parque que, en la peor valoración, consideran valdría 369 millones de euros.
En concreto. la demanda, que va firmada por los diputados socialistas José Quintana y Antonio Fernández Gordillo, se ha presentado contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Consejería de Transportes, Infaestructura y Vivienda.
El Gobierno regional sacó a la venta el pasado año un total de 2.935 viviendas propiedad del IVIMA con el fin de hacer caja con la que hacer frente a la crisis económica.
En la operación se incluían 32 promociones en toda la Comunidad: Madrid (1.380), Móstoles (259),Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127). Todas ellas pertenecen al Plan Joven en alquiler con opción a compra y a viviendas de alquiler. Además de los pisos, había 2.849 plazas de garaje, 1.865 trasteros y 235 garajes y 45 locales no vinculados.
El concurso fue adjudicado a la empresa Azora, en la que participa Goldman Sachs, por 200 millones de euros, un 20% más de lo que se pedía en el concurso que era de 168 millones de euros.
En la demanda el PSOE dice que “en esencia, se trata de viviendas que fueron adquiridas por sus hoy arrendatarios ya en régimen normal o en régimen especial para jóvenes que, tras un período de alquiler, pueden ser enajenadas a sus arrendatarios que ostentan un derecho sobre las mismas transcurridos 7 años desde su construcción”.
La adjudicación se hizo por 201 millones de euros y la denuncia señala que para alcanzar el precio de mercado (que sirvió de presupuesto base) y en su caso, para la enajenación resultante, se tomó en consideración un informe elaborado por una empresa del sector, Sociedad de Tasación.
Los denunciantes dicen que “una sencilla operación matématica nos pone en antecedentes del negocio que se ha ofrecido, y adjudicado, a la empresa privada y la consiguiente pérdida patrimonial para la Administración pública que gozaba de un patrimonio en los términos indicados y que ha procedido, con un sencillo informe de 5 folios a fijar un precio que podríamos calificar como de regalo”.
Añaden que “una sencilla operación aritmética determina que si el precio medio libre de venta en este momento es de 144.519€ viviendas + anejos y son 2.935 viviendas las enajenadas, sin contar locales y plazas de garaje no vinculadas, el precio que el IVIMA debiera hacer solicitado por las viviendas arrojaría un valor actual de mercado de 144.519€ X 2.935 viviendas = 424.163.265€”. “Esa cantidad –añade- representa un 251% de precio superior al tipo ofertado por el IVIMA o un 211% superior a la oferta finalmente adjudicada”.
La querella afirma que podría aducirse que el precio anterior (valor de mercado) no se va a obtener habida cuenta del estado del mercado inmobiliario y a que se trata de viviendas de protección pública. “Si tomamos –añaden- como referencia el precio más barato de los indicados en el informe de tasación, una media de 126.053€/viviendas+anejos y sin contar tampoco locales y plazas de garaje no vinculadas que incrementaría el precio, arrojaría un valor mínimo de 126.053€ X 2.935 viviendas = 369.965.555€. La cantidad representa un 219% de precio superior al tipo ofertado por el IVIMA o un 184% superior a la oferta finalmente adjudicada”.
Consideran que el asunto es aún más grave “porque cabría plantearse que el nuevo propietario que adquiere ese formidable parque inmobiliario a bajo precio, ha de mantener las viviendas mucho tiempo en arrendamiento, antes de su enajenación, porque su construcción es muy reciente y por ello inciertos los precios y la tasa de riesgo a cubrir durante el período restante hasta el ejercicio de la opción”.
Sin embargo, 10 de las 32 promociones en venta que representan 634 viviendas, fueron construidas en 2007 “por lo que su opción de compra es ejercitable ya en este 2014, razón por la cual, la Administración podría haberlo vendido a los arrendatarios titulares del derecho de superficie obteniendo de este modo, ya en 2014, y al precio mínimo que se indica en el informe de tasación 634 viviendas X 128.053€ = 81.18M€”. “Es decir –añaden- prácticamente la mitad del tipo de subasta que fijó la Administración se podría obtener con sólo vender a sus titulares las 10 promociones cuyos siete años se cumplen en el año 2014”.
Dando un paso más en la valoración, con las promociones y viviendas cuya opción vence en los años 2014, 2015 y 2016 se superaría el tipo planteado por la Administración para un total de 1406 viviendas y no de 2.935 viviendas como se ha transmitido, señalan los socialistas en la querella.
Los diputados del PSOE dicen que carece totalmente de sentido económico la venta “si no es más que para favorecer a cualquier precio a una empresa privada, conseguir liquidez inmediata para la Administración sin reparar en que con sencillas operaciones aritméticas se podría haber vendido a los propietarios, hoy arrendatarios, del derecho de opción de compra”.
En la demanda se dice que la sociedad adjudicataria se ha adjudicado cada una de las viviendas (siempre hablando de media) al precio de 68.483,81 vivienda+anejo. “Subrogada la adjudicataria en la posición del IVIMA, -agregan- ésta ofrecerá cada una de las viviendas al precio mínimo de venta, esto es, 128.053€ obteniendo de esta forma unas plusvalías del 187% por vivienda. Y no obsta para ello que otras viviendas sólo se puedan enajenar en 2018 y 2019 porque incluso de éstas se seguirán cobrando los arrendamientos hasta esa fecha”.
La demanda considera que la venta es “un completo dislate patrimonial para el Instituto de la Vivienda de Madrid que por la gravedad, cuantía y procedimiento sólo se ha podido cometer con una más que evidente intencionalidad, conscientes de la ilicitud de la venta y para favorecer al adjudicatario, con evidente desprecio por los bienes públicos”.
Por su parte, fuentes de la Comunidad indicaron que "el proceso se ha hecho de manera transparente, ya que el valor de las viviendas es el que marco una tasadora independiente, por lo que esa querella no tiene ningún futuro y no es mas que una pataleta del PSM que no sabe como tener presencia mediática".
