La investigación por los encargos de BBVA a José Manuel Villarejo se prepara para contar con tres testimonios clave, entre los que se encuentra el del actual asesor del presidente del banco. El magistrado Manuel García Castellón ha citado a declarar a Juan Asúa -uno de los hombres fuertes de Carlos Torres-, al exdirector de Riesgos del banco en España Ignacio Pérez Caballero y al exjefe de grupo del equipo de Seguridad del la entidad Nazario Campo. Los tres figuran ya como imputados en el caso Tándem y han solicitado comparecer en sede judicial en plena recta final de la investigación por todos los encargos al comisario jubilado.
Las citaciones se producen en plena ronda de declaraciones de imputados y testigos que arrancó a comienzos de semana y que tiene como epicentro esclarecer si la excúpula de la entidad estaba al tanto de estas contrataciones que se gestaron en el área de Seguridad del BBVA. Aunque el magistrado Manuel García Castellón imputó a gran parte de los implicados en este caso en 2019, la mayoría prefirió guardar silencio en su turno en la Audiencia dado que la causa estaba bajo secreto de sumario.
Tres años después, muchos de ellos han pedido declarar. La mayoría ha desfilado ya a falta de estos tres exaltos cargos a los que ahora cita el magistrado, tal y como recoge un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. No obstante, descarta practicar otras diligencias solicitadas por las acusaciones tales como citar en calidad de testigo al exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. El adjunto a director de Ausbanc, Ángel María Garay Echevarría, quería contar con su versión para esclarecer si el BBVA se confabuló con Villarejo para impulsar la investigación penal contra la asociación.
Cosidó, al margen del caso Ausbanc
Echevarría, que está personado en la causa como perjudicado, requirió la testifical del exsenador del Partido Popular para que esclareciese los detalles del almuerzo que tuvo lugar en enero de 2015 en la Comisaría General de Canillas. En el encuentro participaron mandos policiales y altos cargo del BBVA con el fin, dice, de impulsar la denuncia anónima contra Ausbanc y Manos Limpias. Echevarría argumentó en su petición que el banco se apoyó en Villarejo por sus lazos con la UDEF y que era necesario investigar el papel al respecto del entonces director general de la Policía.
Aunque no se cuestiona la existencia del almuerzo. No se puede derivar que el Director General de la Policía fuese partícipe de hecho delictivo alguno
El magistrado, aunque no cuestiona la existencia de ese almuerzo, descarta que llamen a declarar al exdirector general de la Policía Nacional. "La citación en calidad de testigo de Ignacio Cosidó, más allá de constatar la existencia de la referida comida y aún si en la misma se hubiera hablado de Ausbanc, no se puede pretender derivar de ello que el Director General de la Policía fuese partícipe o testigo de hecho delictivo alguno, no constando ni tan siquiera indicio alguno de que el mismo impartiese orden a algún funcionario subordinado o que se hubiese interesado por los hechos", responde el instructor.
Del mismo modo descarta citar a José Manuel Pérez (entonces subdirector General Gabinete Técnico del banco); Antonio Rodríguez (exsubdirector general de Recursos Humanos) y a Rafael Abeledo (exjefe de División Formación y Perfeccionamiento), también por el conocimiento que tuvieran de los hechos. El juez coincide con la Fiscalía Anticorrupción en que es un hecho objetivo que se celebró la comida (el propio Francisco González así lo confirmó en su interrogatorio de noviembre de 2019) pero consideran que la diligencia pedida es "irrelevante" y "no aporta nada".
Implicados en encargos
De esta forma los investigadores se centran en la figura de Asúa y de los otros dos exdirectivos por el conocimiento que tuvieron de las contrataciones con el Grupo Cenyt. La comparecencia del primero de ellos es especialmente relevante para el BBVA ya que es una de las figuras más cercanas a Carlos Torres. Los investigadores le atribuyen la autorización a partir del año 2010 de algunos de los proyectos encargados a Villarejo tales como el bautizado como Prasa, que tenía como foco el expresidente de Colonial Luis Portillo y el empresario Fernando Martín por las deudas que amasaban con el banco.
Mientras que a Nazario Campo y a Pérez Caballero se les imputó en la primera tanda de citaciones (julio de 2019) por ser "parte activa" de algunas contrataciones con Cenyt, a Asúa se le citó cuatro meses después. El juez le llamó a declarar junto con Francisco González y otros exaltos cargos del BBVA, por el conocimiento que tendrían de estos encargos girados entre 2004 y 2017 y que costaron al banco un total de 10,23 millones de euros.
Los correos de Asúa
El forensic encargado a PwC detectó correos que involucran al actual asesor de Torres en la gestión de algunos de estos encargos mientras ejercía como director de España y Portugal. En concreto, la investigación interna detectó un correo electrónico con fecha de 9 de junio de 2010 que guardaría relación con los encargos a Villarejo. Se trata de una comunicación enviada al exjefe de Riesgos Antonio Béjar en la que hacía alusión a la necesidad de hablar "los temas antibióticos, hombres de paco y cualquier otro tema sensible" que surgiera.
Precisamente Béjar está en la diana de la entidad por su supuesto vínculo con Cenyt. El banco -imputado como persona jurídica- le atribuye tanto a él como al exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, una relación directa con el comisario jubilado. Este exdirectivo, por su parte, sostiene que las órdenes de contratar con esta mercantil vinieron de la cúpula e insiste en que Presidencia estaba al corriente de estos movimientos.
De hecho, en sus comparecencias de judiciales de 2019, tras anunciar que iba a colaborar con la Justicia, explicó que daba cuenta de sus reuniones con Francisco González a sus superiores jerárquicos más inmediatos; es decir: Arbizu, Juan Asúa y el exjefe de Riesgos Manuel Castro, que ha declarado este miércoles. Sin embargo, todos ellos niegan que en aquel momento supieran que Villarejo era un funcionario policial en aquel entonces; un hecho que sustenta gran parte de esta causa de corrupción en la que se les imputa delitos de cohecho y revelación de secretos.
