El excomisario José Villarejo ha denunciado que se están tratando de excluir documentos que "afectarían" al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la investigación sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas alegando que son "secretos de Estado".
Así lo pone de manifiesto su abogado, Antonio García Cabrera, en el recurso que ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto donde el juez acordó expurgar de la causa una serie de documentos que podrían estar clasificados como secretos.
Esa documentación, indica el recurso al que ha tenido acceso Efe, se intervino en los primeros registros a Villarejo y "tiene relación directa" con la conocida como operación Kitchen, presuntamente desplegada a instancias del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015.
Si a esto se añade que el juez puso esta información en conocimiento y disposición del CNI, "parece sugerirse que existen indicios documentales que podrían vincular la intervención" del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas en esta operación "con el Centro Nacional de Inteligencia o de ese organismo directamente", afirma Villarejo.
También recuerda que algunos investigados han sugerido en sus declaraciones "la intervención del Centro Nacional de Inteligencia en el operativo" que se investiga en esta causa, donde están imputados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces número dos, Francisco Martínez.
Entre la documentación expurgada figuran denuncias de Villarejo a Martín Blas, grabaciones de conversaciones entre ambos o una presunta investigación patrimonial efectuada por Cenyt -sociedad de Villarejo- al "entorno personal y familiar" del exjefe de Asuntos Internos.
Secretos de Estado
El excomisario, en prisión preventiva desde finales de 2017, argumenta que el juez no puede calificar estos documentos de secretos de Estado, "pues sólo el Consejo de ministros o la Junta de Estado Mayor puede hacerlo, constando en este caso además la más amplia desclasificación".
Cuestiona, por tanto, que se pretenda expurgar documentación que "afectaría" a Martín Blas o al CNI, cuando es tarea de la defensa demostrar la supuesta relación entre este organismo y el excomisario.
Recuerda además que ya ha asegurado en varias ocasiones que "informaba de sus actividades policiales al Centro Nacional de Inteligencia, sin el conocimiento de sus superiores, pudiendo prestarle apoyo", circunstancia a la que podrían hacer referencia esas denuncias que se han sacado de la causa.
En consecuencia, pide a la Audiencia Nacional que revoque la decisión del juez por considerarla "contraria a derecho" al guiarse por un supuesto "principio de prevención" que "provoca un perjuicio cierto y real para anticiparse a un peligro hipotético y a menudo dudoso", esto es, evitar un mal uso de los datos.
