El magistrado Manuel García Castellón ha inaugurado la ronda de declaraciones por el caso Iberdrola/Villarejo lanzando una dura advertencia a los primeros imputados en desfilar por la Audiencia Nacional. El desconocimiento alegado por Rafael Orbegozo (exjefe de gabinete de Presidencia) en relación los encargos del comisario jubilado ha llevado al juez a avisar de que se trata de “actos gravísimos” y que podrían ser constitutivos de delito. García Castellón ha respondido de este modo al preguntarle por el presunto espionaje a Florentino Pérez, cuya existencia siempre ha negado Iberdrola.
Para este lunes estaban citados tanto Orbegozo como el exdirector general de Negocios Francisco Martínez Córcoles. A la espera de conocer la versión de Ignacio Sánchez-Galán (que acude este martes a la Audiencia Nacional) estos dos implicados han negado cualquier relación con el comisario jubilado. Martínez-Córcoles ha sido el primero en comparecer. Su declaración ha sido escueta y la misma se ha centrado en explicarle al juez que no sabe por qué aparece señalado en el informe de José Antonio del Olmo (el exdirectivo díscolo de la compañía) como uno de los directivos que conocerían el sistema de pagos irregular al comisario jubilado.
De hecho, ha precisado que no tiene nada que ver con la línea de autorizaciones porque en 2004 -año en que se acometió el primer proyecto con Cenyt- era director de Generación de Iberdrola y, por tanto, no tenía nada que ver con el sistema de pagos de facturas. Frente a esta declaración se encuentra la de Orbegozo. El exdirectivo también se ha desligado del entramado del comisario, pero dicho desconocimiento ha llamado la atención del magistrado, dado que en aquel entonces era el jefe del gabinete del presidente Ignacio Sánchez Galán.
El visado de facturas
Según confirman fuentes presentes en el interrogatorio a Vozpópuli, el instructor le ha respondido de esta forma después de que éste se desligara del presunto espionaje a Florentino Pérez que Iberdrola habría ordenado a Villarejo. La compañía siempre ha negado en todo momento que encargara este servicio, si bien los investigadores sospechan que los proyectos Gipsy y Posy (vinculados a un posible espionaje al entorno del presidente del Real Madrid) se habrían costeado con dos facturas cuyos conceptos serían ficticios.
Preguntado por este asunto, Orbegozo ha asegurado que, de haberse producido así, en el gabinete de Presidencia jamás se supo nada de este asunto. El juez se ha mostrado sorprendido e incluso le ha preguntado si esto quiere decir que podrían haber pasado por encima del gabinete de Presidencia para cerrar este posible encargo. Con todo, sí que ha reconocido que estas dos facturas en cuestión las visó él mismo, en calidad de jefe de Presidencia, puesto que tenía acceso a las agendas de la alta dirección.
Según ha asegurado, se trataron de recibos relativos a un dispositivo de seguridad de los directivos de Iberdrola que autorizó tras comprobar que los viajes en cuestión se habían realizado. De este modo ha descartado la teoría de Anticorrupción de que estas facturas encubrieran algún tipo de espionaje a Florentino Pérez asegurando, además, que estaban al tanto de las intenciones del empresario de entrar en Iberdrola gracias a las informaciones publicadas en prensa.
Turno para Sánchez Galán
De esta forma los investigadores sientan las bases de cómo discurrirán los interrogatorios de los dos próximos días, claves igualmente para el devenir de esta pieza decimoséptima de la causa. Por un lado, este martes está citado Sánchez Galán junto con el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker. Tras ellos comparecerá el representante legal de Iberdrola Renovables, firma imputada en el procedimiento por haber costeado el último encargo de Iberdrola al Grupo Cenyt. El instructor sostiene que hay indicios les implican en la cadena de mandos sobre la orden para contratar al comisario entre 2004 y 2017.
Sin embargo, a falta de conocer su versión en sede judicial, tanto la compañía como el propio Sánchez Galán han negado en todo momento irregularidad alguna. El presidente de Iberdrola siempre ha dejado este asunto en manos del departamento de Seguridad, que entonces dirigía Antonio Asenjo. Este antiguo policía, que fue de los primeros exaltos cargos imputados en el caso Tándem, ya dijo entonces que las contrataciones corrieron de su cuenta porque era su trabajo.
Señalados por Del Olmo
No obstante se desligó de los métodos empleados por el agente encubierto para sacar adelante sus trabajos y rechazó también que supiera que era policía en activo mientras gestionó estos servicios privados. En lo que respecta a Florentino Pérez y el famoso audio en el que se hace alusión a un posible espionaje, Asenjo descartó por completo que se concretara ningún encargo. Dijo que se lo ofreció Villarejo y que le pidió 10 millones de euros por este cometido, motivo por el cual se negó.
Sin embargo, el empresario y presidente del Real Madrid litiga como acusación particular y, en este tiempo, no solo se ha opuesto a que se le archive la causa a los directivos de Iberdrola sino que incluso ha pedido que se impute también a la matriz. Su estrategia de defensa comparte ciertos puntos con la de José Antonio del Olmo, el testigo estrella del caso que ha terminado imputado por su condición de controller. La aparición en la causa de un informe suyo de diciembre de 2004 -llevado ante notario- provocó un gran cambio en la causa que ha terminado por salpicar a la cúpula.
Esto es así porque el documento denunció que el departamento de Seguridad contabilizó "facturas anómalas" fuera del circuito legal de la empresa para costear el primer proyecto de Villarejo (bautizado como Arrow). Al respecto especificó que Iberdrola utilizó a su entonces proveedora de Seguridad (Casesa) para abonar este servicio y añadió que el asunto era conocido "únicamente" por Ignacio Sánchez Galán, Martínez Córcoles, Fernando Becker y Antonio Asenjo. "Es totalmente confidencial", plasmó.
