El comisario jubilado José Manuel Villarejo intentó personarse en abril de 2018 en el juzgado de Madrid que investigaba el presunto chitavazo de la investigación del caso Lezo para responsabilizar a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo hizo utilizando la asociación Transparencia y Justicia, bajo la que se escondía el exagente de la Policía, en prisión provisional desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de un clan policial mafioso.
Villarejo recurrió a la fundación para perseguir judicialmente a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Audiencia Provincial de Madrid le frenó y le exigió una fianza de 3.000 euros. El excomisario consideró que la cifra era muy elevada y rechazó convertirse en acusación popular.
Según una de las grabaciones del caso Lezo, Ignacio González le dijo al exministro Eduardo Zaplana que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, le había contado que el testaferro Edmundo García Sobrino estaba "acojonao", porque sabía que les estaban grabando. Y sobre la persona que le había alertado Casals habría dicho, según el expresidente madrileño: "Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han 'grabao' una conversación de Edmundo muy extraña'". El excomisario Villarejo considera que esa magistrada era Margarita Robles, tal y como explicó el ex mando policial en una nota de prensa difundida a la prensa.
Ataques a Robles
No es la primera vez que Robles es objeto de los ataques de Villarejo, que en sus grabaciones incluidas en el caso Tándem le definió como "dañina". Además, las pesquisas conocidas hasta el momento no aclaran nada al respecto, pese a que el juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Lezo encargó en abril de 2018 a la UCO de la Guardia Civil que realizara una prueba pericial con los datos de los teléfonos móviles del presidente y del vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, respectivamente.
El instructor hizo este encargo a la Guardia Civil después de saber que el Tribunal Supremo decidió que fuera el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, el que investigara el soplo, y no la Audiencia Nacional.
En un auto, el Supremo desoía a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideraba que el juez García Castellón debía continuar con las pesquisas en el marco del caso Lezo, y atribuyó al juzgado de Madrid las pesquisas, pese a que en las mismas se podría ver implicada una magistrada, y por tanto aforada ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.
Sin indicios
En esa fecha, en abril de 2018, el magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro ya había archivado la causa. En un auto de 30 de enero de 2018, el instructor informaba de que tras las actuaciones practicadas "no existían motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada".
La documentación aportada por la Audiencia Nacional -que había encargado a la UCO el mencionado informe- y la entregada por la titular del Juzgado de instrucción número 8 de Valencia -a cargo del caso Erial contra Eduardo Zaplana, que remitió una carta en la que el expresidente valenciano acusaba a Margarita Robles- tampoco han logrado aportar datos nuevos, por lo que la causa fue cerrada de forma definitiva.
El diario Las Provincias informó el pasado lunes de que la juez de Valencia remitió la carta al juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, ya que en el escrito Zaplana hacía referencia a que la "magistrada amiga" de la que se habla en otro procedimiento podía ser "la jefa del CNI", en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
