El que fuera socio de Villarejo durante el tiempo que estuvo en la prisión de Estremera contactó en septiembre de 2019 con el fundador de Legálitas, Alfonso Carrascosa. Alfonso Pazos, que se erigió como preso de confianza del comisario en el tiempo que estuvo en prisión, le pidió que le ayudara a vender las participaciones que tenía de la compañía. Su negativa a hacerlo llevó a este abogado a reprocharle que había cobrado 500.000 euros "en negro" del policía.
"Pepe (Villarejo) te pagó medio kilo en crudo, en cash, o en 'B', llámalo como quieras, cuando tú lo necesitabas. Y lo has dejado tirado a él y a su familia", le dijo Pazos en una conversación mantenida hace tres años. El abogado le reprochó que no se plegara a ayudar al comisario a vender las participaciones que compró de Legálitas en 2012 por 270.390 euros, pese a la urgencia que tenía de deshacerse de ellas, toda vez que ya había estallado esta macrocausa de corrupción y el policía permanecía en prisión preventiva en Estremera.
La conversación forma parte de un oficio de la Unidad de Asuntos Internos en el que se pide a la Audiencia Nacional rastrear el dinero invertido en Legálitas. En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Policía Judicial propone que se requiera al BBVA para que informe del movimiento de fondos de Lextor, sociedad desde la cual Villarejo compró las participaciones.
El nexo de Villarejo con Legálitas
Asuntos Internos sospecha que esta cuantía forma parte de los más de 23 millones de euros que el comisario amasó con los encargos de espionaje que se investigan en este órgano. Destacan, en otros, el que acometió para una rama de la familia de los Obiang en Guinea (proyecto King), el de los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura por más de siete millones de euros (proyecto Pit), el espionaje a Luis del Rivero para Repsol y Caixa (proyecto Wine) o el conocido como proyecto Trampa, para el BBVA y por el que el banco pagó más de 10 millones de euros.
Los agentes sostienen que queda acreditado que Villarejo impulsó una estructura societaria fuera y dentro del país para gestionar su millonaria fortuna. Además, también hizo inversiones desde el Grupo Cenyt a diversos entes, aunque algunas de ellas "permanecen pendientes de ser esclarecidas por completo", como es la adquisición de participaciones de Legálitas.
Al respecto explican que han tenido conocimiento del asunto a través de diversas fuentes, siendo una de ellas los audios interceptados a Alfonso Pazos. Este abogado se convirtió en objetivo de los investigadores ante la sospecha de que estaba haciendo de enlace de Villarejo para vender material y documentos policiales confidenciales a cambio de cuantías muy elevadas. Por estos hechos los investigadores propiciaron una operación en octubre de 2020, en el marco de la cual detuvieron a Gemma Alcalá, mujer de Villarejo.
"No sería bueno que se supiera la relación"
Así pues, el 26 de septiembre de 2019, y sin saber Pazos que tenía el móvil interceptado, contactó con el fundador de Legálitas para transmitirle la intención de Villarejo de deshacerse de las participaciones. "Hola Alfonso perdona que insista pero Pepe quiere vender sus participaciones de la empresa y quiere una respuesta", le dijo Pazos. Ante el silencio de su interlocutor, continuó: "Perdona de nuevo pero Pepe piensa que no sería bueno que se supiera su relación con la empresa, por eso acude a ti en primer lugar antes de ejecutar la fiducia".
Carrascosa respondió que este asunto ya estaba en manos de "los enemigos" y que éstos lo sabían "todo". Asuntos Internos interpreta esta contestación como una clara alusión a la existencia de esta macrocausa -que por aquel entonces ya sumaba dos años de vida- y la posibilidad de que el juzgado adoptara una medida cautelar de embargo. Tanto es así que el empresario continuó: "Si se ejecuta algo, se quedaría en manos de los malos. Al revés: la discreción salva todo".
Ante la inacción de Carrascosa, Pazos le dejó claro que no estaba entendiendo el escenario. Le dijo que podía preguntar a Gemma Alcalá sobre este asunto y le emplazó a escribirle un correo electrónico para conocer la propuesta que tenía que hacerle Villarejo desde prisión. Carrascosa dejó claro que sentía "desconfianza" sobre esto y pidió dilatar la negociación hasta noviembre, ya que estaría hasta entonces fuera de España.
Pepe te pagó medio kilo en crudo, en cash o en 'B', llámalo como quieras, cuando tú lo necesitabas. Y lo has dejado tirado a él y a su familia
"Cuando uno tiene algo y lo tiene en buenas manos, lo tiene seguro, - a menos que él mismo la cague- y en el momento oportuno se realizará. Nadie va a pretender que haya una situación en riesgo o peligro por el hecho de tener prisa", respondió y añadió: "Transmítele (a Villarejo) que hasta ahora solo ha recibido de mi ayuda y sería poco inteligente por su parte cerrar la puerta a que, en cualquier momento, cuando más lo necesite él o su familia, pueda ayudarle de nuevo. Y mientras tanto no me vuelvas a escribir porque no leeré más mensajes", sentenció.
El tono terminó por enfadar a Pazos el cual sacó a relucir que Villarejo le había pagado medio millón de euros en negro. "Ok. Pero como comprenderás estando donde estoy (en la cárcel) y a estas alturas del curso me importa una p... mierda lo que tú opines sobre mis 'términos'. Pepe te pagó medio kilo en crudo, en cash, o en 'B' llámalo como quieras, cuando tú lo necesitabas. Y lo has dejado tirado a él y a su familia. Calcula lo que me importa", sentenció. No hubo respuesta.
Anotación en las agendas
Los agentes piden ahora seguir el rastro de la cuenta desde donde Villarejo adquirió las acciones de Legálitas amparándose no solo en estos audios, sino también en sus cuadernos personales. En concreto, destaca un balance en el que anotó la palabra 'fiducia' junto al nombre de Alfonso Carrascosa y también el siguiente concepto: 500.000 B.
Además, el propio Pazos, tras su detención en octubre de 2020, confesó en sede judicial que, a petición de Villarejo, contactó con una serie de personas, siendo una de ellas Alfonso Carrascosa. Finalmente aportan también un correo electrónico que recibió de Legálitas el socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo. El mismo adjuntaba el número de cuenta de Grip Cuatro a la que tenía que hacerse la transferencia.
De acuerdo con la documentación incautada a Villarejo, el 17 de septiembre de 2012 se selló un acuerdo de compraventa de participaciones por Grip Cuatro (representada por Alfonso Carrascosa) a favor de la entidad Microespermum (representada por Redondo y vinculada a Villarejo).
En la misma se hacía constar que Grip Cuatro vendía 15.428 participaciones de Legálitas por un precio de 270.390 euros. El acuerdo preveía expresamente que, al no haberse notificado al Consejo de Administración de Legálitas sobre este extremo, Grip Cuatro actuaría como titular interpuesto (fidecomiso) de las participaciones vendidas. De ahí que siete años después y tras estallido de esta causa, Villarejo contactara con Carrascosa para planificar con discreción esta desinversión.
