"Va a dar un pelotazo de muchos, pero de muchos (...). Es un pellizco gordo. Cinco millones de euros". Así planeó el entorno del preso de confianza de José Manuel Villarejo la puesta en marcha de una red que acabó siendo desarticulada en octubre del año pasado. Alfonso Pazos, abogado que compartió módulo con el comisario en la cárcel de Estremera, impulsó junto con otras personas afines al espía una trama por la que requirieron cuantías muy elevadas a cambio de ofrecer documentos policiales a los que Villarejo tuvo acceso en los años en los que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Entre los materiales que trabajaron se encontraba documental relativa a la operación Cataluña por la que pidieron al entorno de Jordi Pujol un total de 11 millones de euros.
En octubre de 2020 tuvo lugar el último gran operativo del caso Tándem. En él se detuvo a la actual esposa del espía, Gemma Alcalá, a Alfonso Pazos, su mujer, la hija de ésta y a Javier Ruiz Cubero. Todos ellos están implicados en esta supuesta trama cuyo rastro se siguió en secreto hasta el estallido de la operación hace ahora siete meses. La investigación arrancó en el mes de julio a tenor de una denuncia presentada por el director de la agencia de espionaje Método 3, Francisco Marco. Según consta en el sumario de esta pieza al que ha tenido acceso Vozpópuli, Marco denunció que tenía conocimiento de que una persona ligada al comisario ofrecía información que había atesorado Villarejo a cambio de precio. Las primeras investigaciones permitieron acotar que se trataba de Ruiz Cubero y que éste, a su vez, tenía contacto con la mujer del agente encubierto, el cual se encontraba entonces en prisión.
Tras la apertura de esta nueva línea de investigación -pieza 28- Anticorrupción solicitó la autorización del juez para intervenir las escuchas de todos ellos ante la sospecha de que se estarían concertando para ofrecer material delicado a cambio de grandes sumas de dinero. El control de los dispositivos permitió poner en escena a Alfonso Pazos, de quien averiguaron que compartía módulo en Estremera con el policía y que aprovechaba los permisos penitenciarios para contactar con sus interlocutores. Aunque el comisario lo que pretendía era ejercer presión para lograr su libertad provisional, Pazos confirmó tras su detención que él buscaba un beneficio económico por este material que incluía documentos sobre la trama Gürtel, Corinna Larsen, Luis Bárcenas o el CNI.
"Yo hablé de pedirles 11 millones"
El abogado, que fue trasladado a Estremera desde la prisión de Logroño, confesó que la documental incautada por los agentes de Asuntos Internos tras el registro de su domicilio se la facilitó Villarejo. El abogado guardaba audios de la que fuera amiga íntima del Rey, cartas manuscritas del agente encubierto para entregárselas a terceros y carpetas con declaraciones y "denuncias". En su declaración en dependencias policiales, Pazos admitió contactos con los abogados de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Carles Puigdemont, a quienes les ofrecieron material sobre la operación Cataluña y, a cambio, se le pidieron 11 millones al primero y un total de 5 al segundo.
Pazos apuntó que el comisario "nunca jamás" le pidió cobrar "un solo céntimo" por las copias del material intervenido y dijo que esta idea fue suya. De acuerdo con las conversaciones que mantuvo con Ruiz y que obran en el sumario, una gran parte de estas ganancias irían a parar al policía. "Yo hablé de pedirles a éstos 11 millones, ¿sabes?", le dijo Ruiz, a lo que añadió: "En principio diez millones serían para Pepe y un millón sería para gastos, o sea para gastos nuestros... para nosotros, ¿eh?", respondió. Otra de las conversaciones es la relativas a la que mantuvo su pareja con un familiar en la que trasladó que iban a dar un pelotazo "gordo" de unos cinco millones sin precisar el tema en cuestión.
Las 13 nuevas agendas
Con todos, Pazos exoneró de cualquier ilegalidad a la actual mujer de Villarejo, la cual ya fue detenida tras el estallido de esta causa en noviembre de 2017. "Él no quiere que Gemma esté en nada, eh o sea, en nada", llegó a decirle a Ruiz Cubero. Sin embargo, la Fiscalía acredita en un escrito reciente que algunos de los documentos intervenidos a la mujer de Villarejo -principalmente notas informativas de su marido- "resultaron idénticos" a los que atesoraba Pazos en su cuenta de correo, implicándole de esta manera en la red desarticulada en octubre y en el marco de la cual se produjo también una intervención en la celda que ocupaba entonces el comisario jubilado.
En el registro de la casa familiar, en Boadilla del Monte, los agentes se incautaron además de un total de 13 agendas personales de especial interés para la causa puesto que incluyen anotaciones manuscritas de entre marzo de 2007 y mayo de 2016. Mucho de su contenido queda fuera del procedimiento al tratarse de "información de carácter privado" o por al considerarse información clasificada. Entre este último grupo se encuentran las notas informativas redactadas por el espía ya que contienen "datos de fuentes y de servicios policiales de información" protegidos por ley.
De hecho, el pasado mes de febrero, el gabinete técnico de la Dirección General de la Policía concluyó que los manuscritos del comisario estarían afectos por la legislación sobre secretos oficiales. Precisamente, el control que tenían Pazos y otros miembros del grupo sobre estas notas y su difusión a terceros propició los registros y detenciones de octubre. Entre estas personas con las que contactaron destacan periodistas, abogados, empresarios como Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal) y el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este último figura como imputado en la pieza séptima relativa al espionaje ilegal que habría llevado a cabo la policía patriótica a Luis Bárcenas para sustraerle información del PP relacionada con la caja B.
