El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este viernes un dudoso aniversario: cumple dos años en funciones. A eso se le suma que su renovación marca desde hace semanas el enfrentamiento político con dos polémicas proposiciones de reforma impulsadas desde el Gobierno. Ante esta situación, vocales del órgano de Gobierno de los jueces alzan la voz de alarma. Advierten del riesgo de “deterioro” y de que se están haciendo “planteamientos destructivos” desde los poderes políticos.
Varios vocales lamentan la situación en declaraciones para Vozpópuli. “Hay malestar, hablamos de un poder del Estado como el legislativo, no puede andar modificando las reglas del juego”, dice uno de ellos con larga trayectoria en la carrera. El Gobierno impulsó en octubre a través de sus grupos parlamentarios una proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su principal novedad es que eliminaba la necesaria mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado para reformar el CGPJ.
Esta medida contravenía el statu quo vigente desde 1985. En aquel momento, el Tribunal Constitucional aceptó que la elección de los jueces del Consejo estuviera en manos de las Cortes y no de los propios magistrados, pero puso como condición que hubiese una amplia mayoría para primar el consenso. Desde el PP lo ven un atropello y la proposición despertó recelos en la Unión Europea, temerosa de un ataque a la separación de poderes. Desde el Gobierno varios de sus ministros admiten que no les gusta pero defienden que algo hay que hacer para renovar la Justicia al tiempo que culpan al PP de impedirlo.
"Deterioro" del Consejo
“Lo que va a ocurrir es que la situación del Consejo, si seguimos así, va a ir a un deterioro como los consejos de Francia e Italia, que fueron nuestros modelos en el 78. Este es el riesgo si se sigue con el debate. Creo que todo se puede discutir, pero deben ser respetuosos con el otro poder del Estado. Es evidente que los plazos de renovación hay que mantenerlos. Si se pensase más en las personas preparadas que en buscar el perfil ideológico, algo se avanzaría”, dice el mismo vocal.
Pone como ejemplo al actual ministro del Interior y exmiembro del Consejo, Fernando Grande Marlaska: “Quién le iba a decir a Rajoy que al que quiso colocar en el Consejo acaba de ministro con el PSOE”. “Igual no hay que pensar en alguien con quien se crea que tiene afinidad ideológica, sino gente de solvencia”, zanja. La actual composición del Consejo tiene un reparto de 11 miembros propuestos por el PP y siete por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV. Es un equilibrio heredado de la primera victoria electoral de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta.
El acuerdo ha estado al borde de materializarse en varias ocasiones. La primera fue cuando PP y PSOE pactaron darle la presidencia al juez Manuel Marchena
Desde entonces no se ha hecho efectivo el cambio en las Cortes. Los nombres de un nuevo Consejo, incluido el presidente (que también lo es del Tribunal Supremo), es lo que negocian de forma discreta desde hace meses el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del área de Justicia del PP, Enrique López, ambos exmiembros del CGPJ. El acuerdo ha estado al borde de materializarse en varias ocasiones. La primera fue a finales de 2018 cuando PP y PSOE pactaron darle la presidencia al juez Manuel Marchena, el presidente del tribunal que luego juzgó a los líderes del procés.
Renunció al publicarse un Whatsapp enviado por el exportavoz en el Senado del PP en el que se jactaba de que ese magistrado les permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo por la puerta de atrás. Estuvo cerca de sellarse de nuevo antes del último verano, pero se rompió de nuevo. La propuesta de rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ alejó aún más las posturas.
El 22 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que paralizaba esa propuesta para facilitar el acuerdo. Pero el PP no se fía. Exige su retirada total y que Podemos no tenga ninguna participación en la negociación. No ayudó tampoco el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno, según admitieron los populares en una entrevista concedida a este periódico.
"Herederos de terroristas sancionando jueces"
Otro vocal del Consejo confirma la inquietud en el seno del órgano de Gobierno de los jueces: “Lo que me preocupa es el futuro del poder judicial. Es cierto que el futuro del poder judicial va ligado también al futuro del Consejo, pero con muy poca seriedad se están haciendo planteamientos destructivos que ya veremos a dónde nos llevan”. Este magistrado se refiere, por ejemplo, a las relaciones del Gobierno con partidos políticos como Bildu: “Proponer que un partido con mayoría mínima pueda conseguir nombrar sus miembros, me parece atroz. O nada menos que los herederos de grupos terroristas puedan inspeccionar o sancionar a jueces me parece que lo pone en cuestión todo”.
A juicio de varios de los vocales consultados por este periódico, la elección del Consejo debería volver a ser competencia exclusiva de la carrera judicial: “Lo que hay que hacer es que los jueces sean elegidos por jueces. Ese sería el final al mal sueño. En su día se puso un sistema de elección de jueces que era estrictamente mayoritario y todos los elegidos eran de la misma extracción y el Consejo era poco representativo. Hay que establecer un sistema de voto que sea plural pero que lo establezcan los jueces y no el Parlamento”.
El último punto de conflicto ha tenido lugar este miércoles. De nuevo los partidos que sustentan el Gobierno han presentado una nueva proposición, en este caso para limitar las competencias del CGPJ mientras esté en funciones, principalmente el nombramiento de nuevos magistrados en puestos claves de la carrera. De este modo el Gobierno tensa la relación con los jueces, que ya hace semanas defendieron su legitimidad para continuar sus funciones, incluida la mayoría del bloque progresista del órgano.
"Ser más beligerante con el Parlamento"
De facto, este nuevo plan es un plagio de la propuesta de reforma de octubre que Sánchez se comprometió a congelar. Extrae de ella párrafos literales y hasta la redacción de los artículos que pretende incluir. Un vocal de los consultados refleja así las presiones que reciben también desde dentro de la carrera: “Te gritan que esto no puede ser, que tenemos que hacer algo. Están en la sensación de que hay que dar un puñetazo, que hay que ser más duro, que hay que criticar, ser más beligerante con el Parlamento. Pero si ocupas un cargo institucional y representas a un poder del Estado no puedes ir contra otro poder del Estado, eso es debilitar al Estado de Derecho”.
El CGPJ tiene actualmente al menos 16 nombramientos en curso. Los vocales consultados insisten en que les ampara un mandato constitucional para seguir con sus funciones en materia disciplinaria y de nombramientos: “Si llega el momento de la expiración del mandato, tenemos que seguir hasta que nos releven. Lo único que no podemos es nombrar a otro presidente. Quien se queja, está confirmando que la crítica está justificada en que pretenden influir en los nombramientos”.
“Nuestra función fundamental es precisamente servir de pantalla para que la independencia judicial no sufra merma de la actuación política. Para eso se creó el Consejo y la Constitución le atribuye las funciones que le atribuye”, zanja otro vocal.
