La acusación popular en la causa del procés independentista en Cataluña, ejercida por Vox, ha alegado ante la Sala del Tribunal Supremo que juzgó este asunto que pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la semana pasada la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras éste debe ser inhabilitado para tal cargo.
De este modo, Vox coincide con los criterios de la Fiscalía del Supremo, al considerar que la situación actual de Junqueras, que se encuentra condenado en firme por sedición, no es la misma que cuando se presentó la cuestión al TJUE, momento en el que el líder de ERC era preso preventivo.
Para Vox, la sentencia de la Corte europea no tiene "ninguna trascendencia en el procedimiento en España "más allá que el meramente ilustrativo", según detalla en una nota de prensa distribuida este lunes.
Según esta formación en la fecha de dictarse la Sentencia del TJUE, "la situación fáctica analizada en la misma ha sido superada, ya que con fecha 14 de octubre de 2019 Junqueras resultó condenado por los delitos de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos a las penas de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta para honores, empleos y cargos públicos".
Así, en opinión de la formación política, "el procedimiento se ha seguido por hechos ocurridos con mucha anterioridad tanto a la sentencia ahora dictada por el TJUE y la cuestión incidental como también a su condición de candidato".
Por ello creen que la situación personal y la ejecución de la sentencia condenatoria deberá ser resuelta por el Tribunal Supremo, al que solicitan el "manteniendo de la situación en prisión del señor Junqueras, se declare su inhabilitación porque no existe ninguna causa que lo impida".
Desde Vox señalan que la protección que otorgaría la condición de Parlamentario Europeo no puede ser considerada como una inmunidad absoluta, como se está pretendiendo por Junqueras, ni tampoco aplicarse una interpretación arbitraria de la misma, y" mucho menos aún que, por una interpretación de la misma totalmente contraria a derecho, resulten beneficias personas procesadas, prófugas de la justicia y condenados por la Justicia, para utilizarla como medio de evitar su ejecución".
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