El pacto de Estado firmado de manera tan solemne por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en La Moncloa no incluye, finalmente, la retirada de la nacionalidad a los españoles condenados por actividades ligadas al terrorismo yihadista. Ni la incorpora, ni tampoco es intención del Gobierno introducirla en la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso de forma paralela a la proposición de ley pactada por los dos grandes partidos para mejorar la regulación sobre los delitos de terrorismo. Se podrían aprovechar otras vías, como la reforma de la ley de Extranjería o del Código Civil, pero Interior se lo tomará con calma, según fuentes seguras.
La polémica sobre la cadena perpetua, avalada en este acuerdo con la firma del PSOE, ha eclipsado la eliminación de esta otra medida que estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como la más útil para combatir este fenómeno terrorista. Hay cerca de un centenar de españoles que viven en Siria, en Irak o en otras zonas calientes donde se les instruye en el manejo de armas por grupos yihadistas que cuando regresen a España seguirán conservando su nacionalidad, una ventaja que no se alcanza a comprender entre los expertos en lucha antiterrorista y que ha sido suprimida de su legislación por países como Francia o el Reino Unido.
El centenar de españoles que se adiestran en zonas controladas por la yihad conservarán su nacionalidad
La razón última por la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reculado, deriva de las presiones del PSOE para no cambiar la legislación. “Las leyes españolas son de las más garantistas y hay que tener en cuenta que retirar a alguien la nacionalidad no solo perjudica al individuo afectado, sino a toda su familia, algo que consideramos injusto”, explican fuentes socialistas. El Gobierno, en contra de lo anunciado públicamente en su día por el responsable de Interior, ha sido permeable a estos argumentos y ha descartado incluir la retirada de la nacionalidad por delitos de terrorismo tanto en la proposición de ley que forma parte del llamado pacto de Estado como en la reforma del Código Penal pendiente en las Cortes.
Fuentes policiales relatan así su malestar: “La mayoría de las medidas incluidas en el acuerdo o ya se estaban aplicando, o, sencillamente, no sirven para combatir el terrorismo yihadista. Sin embargo, la retirada de la nacionalidad sí es algo que considerábamos eficaz puesto que conlleva en muchos casos la pérdida del empleo y dificultades para seguir residiendo en España con los mismos derechos que siendo español. Por tanto, es una medida que puede llevar a pensárselo dos veces a quienes se sientan tentados a aproximarse a células radicales”.
La experiencia de Francia y Reino Unido
Estos mismos criterios son los que han conducido a las autoridades francesas e inglesas a modificar sus normas, antes incluso de que se produjera el pasado 7 de enero el atentado contra Charlie Hebdo. Coincidiendo con esta matanza, el Consejo Constitucional francés validó la retirada de la nacionalidad a un terrorista original de Marruecos que se había naturalizado en Francia y disponía de dos pasaportes. Los magistrados rechazaron la demanda de Ahmed Sahnouni el Yaacoubi, quien cumple una pena de siete años de cárcel que le fue impuesta en 2013.
Gallardón estudió la retirada de la nacionalidad por razones de orden público como los escraches
La legislación británica admite la retirada de la nacionalidad sin necesidad de que el presunto terrorista haya sido condenado. Un cambio en la ley de Inmigración inglesa realizado a principios del año pasado permite retirar la nacionalidad a los sospechosos de terrorismo con doble nacionalidad así como a los británicos nacidos en el extranjero, aunque naturalizados en el Reino Unido.
En España se ha ido de un extremo al otro. Con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, llegó a elaborarse un anteproyecto de adquisición y pérdida de la nacionalidad a partir del cual los inmigrantes extranjeros que hubieran conseguido la nacionalidad podían perderla por “razones de orden público o por participar en un escrache”. Los socialistas dieron en el Congreso la voz de alarma y la reforma se frenó en seco. Ahora, en España, ni siquiera se puede perder la nacionalidad ante un delito de alta traición.
