Internacional

Albares defiende en Bruselas que el catalán, el gallego y el euskera no son lenguas minoritarias

El ministro de Exteriores manifestó la voluntad del Gobierno español de financiar los costes y también dijo que se trata de una propuesta legal conforme al derecho comunitario

 El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, defendió este martes la necesidad de dar carácter oficial en la Unión Europea (UE) al catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas minoritarias y porque se trata de una demanda que España defiende desde el año 2005. "No estamos hablando de lenguas minoritarias. Son idiomas que hablan millones de personas, en concreto, les trasladaré (al resto de ministros de la UE), que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas, lo cual le sitúa por encima de muchas de las lenguas que en estos momentos son oficiales", dijo Albares en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión donde se discutirá la cuestión.

El jefe de la diplomacia española defendió la medida por la "especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la UE" y porque estos idiomas "se usan dentro del Parlamento español", dijo Albares, el día en que el catalán, el gallego y el euskera se usarán hoy por primera vez en el Congreso de los Diputados.

El ministro señaló que "no se trata de una propuesta nueva o inédita por parte de España", pues ya en 2005 se acordaron "arreglos administrativos" para que estas tres lenguas se puedan usar en la UE. Los consejeros de Cataluña, el País Vasco y Galicia se pueden expresar en sus idiomas cuando vienen al Consejo de la UE a una reunión.

Albares manifestó la voluntad del Gobierno español de financiar los costes y también dijo que se trata de una propuesta legal conforme al derecho comunitario, ya que el artículo 55.2 del Tratado de Lisboa permite traducir al catalán, al gallego y al euskera esta norma fundamental de la UE. Hasta ahora, una gran mayoría de países de la UE han manifestado dudas prácticas, financieras y legales y han pedido que los servicios jurídicos del Consejo elaboren un informe, por lo que probablemente España no logrará aprobar hoy la modificación del reglamento, como pidieron los partidos independentistas catalanes.

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