El Gobierno de Estados Unidos, en connivencia con los de Reino Unido y Canadá, han anunciado una nueva batería de sanciones contra el régimen de Bielorrusia en represalia por lo que consideran una "brutal campaña de represión" contra la oposición, iniciada hace precisamente un año, con unos polémicos comicios que Washington directamente ha descrito como "fraude electoral".
"Hace un año, la población de Bielorrusia quería que sus voces se oyeran y definir su futuro mediante la expresión más básica de la democracia", ha recordado el presidente estadounidense, Joe Biden, en alusión a la votación que concedió a su homólogo Alexander Lukashenko su sexto mandato consecutivo.
Biden considera que, "en lugar de respetar la clara voluntad del pueblo bielorruso", Minsk optó por una represión que se saldó con "miles" de manifestantes detenidos y con una serie de acciones que demostrarían la voluntad de Lukashenko de "permanecer en el poder a cualquier precio".
Biden, que justifica la "responsabilidad" de Estados Unidos para defender los Derechos Humanos, ha promulgado un decreto que amplía la capacidad de su Administración para cercar al régimen bielorruso y su entorno, con castigos dirigidos tanto a personas como a entidades de sectores considerados estratégicos.
Así, se incorporan a la lista negra empresas como la estatal Belaruskali OAO, clave en la producción de potasa, y otras firmas vinculadas al tabaco, la construcción, la energía o el transporte. Las medidas también afectan al sector bancario, por ejemplo con la incorporación de la entidad privada Absolutbank.
Washington pone igualmente en el punto de mira al Comité Olímpico Nacional Bielorruso, acusado de facilitar el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones y de no proteger "de la discriminación y la represión política" a deportistas como Kristsina Tsimanuskaya, refugiada en Polonia.
Preocupación compartida
El mensaje de Estados Unidos no llega solo, sino acompañado de otros similares por parte de Reino Unido y Canadá, a la espera de que la Unión Europea dé el paso y decida si endurece los castigos contra el régimen de Lukashenko. El domingo, el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, puso esta amenaza sobre la mesa.
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, cree que es momento de actuar porque el Gobierno de Bielorrusia "sigue golpeando la democracia y violando los Derechos Humanos" desde la "elección fraudulenta". "Los productos de las industrias propiedad de Lukashenko no se venderán en Reino Unido", ha proclamado Raab, al resumir unos castigos que también impedirán las operaciones de aerolíneas bielorrusas en territorio británico o contratos vinculados a la "flota de (aviones de) lujo" de la antigua república soviética.
Por su parte, el jefe de la diplomacia canadiense, Marc Garneau, ha insistido en la necesidad de "poner presión" sobre los responsables de distintos abusos, habida cuenta de que "ha pasado un año desde que el régimen bielorruso demostró una total falta de respeto por los Derechos Humanos durante las fraudulentas elecciones presidenciales".
