La Justicia argentina ha elevado a juicio oral la primera causa por la que fue procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por el Banco Central en el último tramo de su mandato, informaron hoy fuentes judiciales.
El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, dio por terminada la fase de instrucción e impulsó el juicio contra la exmandataria, que está procesada por un delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública" junto al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, el exministro de Economía Axel Kicillof y otros doce exaltos cargos de su Gobierno.
En la resolución publicada en la página del Centro de Información Judicial, Bonadio consideró "paradójico" que "quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance" y se "ponga fin a la situación de incertidumbre" son quienes se oponen a la elevación a juicio.
Bonadio investiga si, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central argentino pactó vender dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que entonces se encontraban en torno a 14 pesos por unidad. Según el magistrado, esta política habría ocasionado pérdidas millonarias a la entidad bancaria.
Sin embargo, Vanoli y Kicillof apuntan a que fue el actual Gobierno de Mauricio Macri el responsable de esas pérdidas como resultado de la devaluación realizada en diciembre de 2015, cuando llegó al poder.
Los 15 implicados están procesados por Bonadio desde mayo de 2016, cuando el juez solicitó además un embargo por valor de 15 millones de pesos (949.000 dólares) a cada uno. La causa se inició en octubre de 2015 por la denuncia formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, que integra el hoy oficialista bloque Cambiemos, y Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado.
En abril de 2016 Fernández acudió a los tribunales y presentó un escrito en el que defendió que las operaciones investigadas "fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central" de acuerdo a "la normativa vigente", al tiempo que cargó contra el actual Gobierno y el Poder Judicial y se definió como "expresidenta perseguida".
Además de este caso, la exjefa de Estado está procesada en otro expediente por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública e imputada por la Fiscalía en varias causas más.
