El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes que su país ha decidido retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC, por sus siglas en inglés), que protege las inversiones en ciertas infraestructuras energéticas.
"Francia ha decidido retirarse del Tratado de la Carta de la Energía", declaró durante una rueda de prensa tras la cumbre de líderes de los Veintisiete celebrada el jueves y viernes en Bruselas.
Macron indicó que ese paso es "coherente" con las posiciones francesas, incluido el Acuerdo de París de 2015 sobre el clima, y dijo que el tratado "conducía a mecanismos un poco especulativos e indemnizaciones importantes de ciertos actores".
"Para nosotros es importante (abandonar el tratado) porque es coherente con los Acuerdos de París y nuestra estrategia climática europea y porque en el momento que vivimos debemos acelerar y concentrar nuestras inversiones en ir más rápido hacia las renovables, en ir más rápido hacia la eficacia energética, en ir más rápido hacia la (energía) nuclear", expuso.
Tratado multilateral firmado por 53 países
El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace cuatro años. Tras una última ronda celebrada en julio en Bruselas, quedó en un estatus en que se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.
La protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles.
Varios Estados miembros de la Unión Europea, como España, Países Bajos o Luxemburgo, habían solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que varias organizaciones ecologistas.
Además, España y Países Bajos ya han anunciado, al igual que Francia, que van a abandonar el Tratado de la Carta de la Energía.
El tratado se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se concibió para promover la seguridad energética fomentando mercados más abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos.
Está suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea -salvo Italia, que lo abandonó en 2016- y países como el Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán, y contempla un sistema de protección de las inversiones, trato no discriminatorio o resolución de disputas a través de mecanismos de arbitraje.
El texto había quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para ralentizar el cambio climático.