A pocas horas de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, Francia sigue instalada en el caos político, con un gobierno “zombi” en funciones y un posible acuerdo entre los extremos para tumbar leyes que Emmanuel Macron ha hecho aprobar sin consenso democrático.

En sus primeras declaraciones tras las elecciones legislativas, el presidente ha aplazado hasta el final de los Juegos, es decir, la segunda quincena de agosto, las decisiones políticas sobre el futuro del país.

Más de dos semanas después de las elecciones legislativas provocadas por la disolución sorpresa de la Asamblea, la “clarificación” que justificaba esa medida, según el presidente, se ha convertido en un rompecabezas que mantiene bloqueado al país, a falta de acuerdos entre los tres bloques parlamentarios, todos minoritarios e impotentes para aplicar sus programas. El macronismo salvó de milagro la presidencia de la Asamblea, pero lo más complicado llega ahora.

La “tregua” política, “olímpica”, demandada por Macron a sus rivales durante las tres semanas de los Juegos no será escuchada. Prueba de ello es la iniciativa de “La Francia Insumisa” (LFI), el partido más a la izquierda de la alianza electoral reunida bajo el nombre de “Nuevo Frente Popular” -NFP- (socialistas, comunistas y ecologistas). Las izquierdas han presentado una propuesta de ley destinada a abrogar la controvertida Ley de Pensiones que aumentó de 62 a 64 la edad para poder optar a la jubilación. La iniciativa gubernamental fue sacada adelante en 2023 gracias a la aplicación del artículo 49.3 de la Constitución que permite aprobar una ley sin pasar por el voto de la Asamblea, donde hubiera sido rechazada.

Macron, que se valió de un pacto de desistimiento con las izquierdas para evitar la elección de candidatos del partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), se ve ahora amenazado por una propuesta presentada por la extrema izquierda que podría ser aprobada con los votos del otro extremo parlamentario. Uno de los portavoces del partido de Le Pen lo justifica subrayando que la derogación de esa ley estaba en su programa electoral. RN perdería coherencia si no votara una iniciativa que ha defendido con ahínco en los últimos meses. Tanto el NFP como RN defienden rebajar la edad de jubilación a los 60 años.

La izquierda tiene candidata a jefa de gobierno

Los 193 diputados del NFP, unidos a los 143 de RN superarían con facilidad las 289 voces necesarias para obtener una mayoría en la Asamblea compuesta por 577 escaños. Eso sí, el gobierno dimisionario seguiría al mando del país, porque, como dice la Constitución, al ser dimisionario no es susceptible de ser tumbado por una moción de confianza, de ahí lo de “gobierno zombi”, como le denominan algunos politólogos.

Las izquierdas aliadas en el NFP alcanzaron, por fin, el martes por la tarde un acuerdo para proponer una candidata a primer ministro, un cargo que pretenden les pertenece por ser la minoría con más escaños en la nueva Asamblea. Lucie Castets, una alta funcionaria especialista en la defensa del servicio público es la elegida. Con su nombre, las izquierdas se ponen de acuerdo, tras los vetos que socialistas y “La Francia Insumisa” habían intercambiado en tono a sus candidatos. Castets es poco conocida del púbico y si su nombre ha aparecido en los medios es por ser uno de los responsables de la deuda abisal de la alcaldía de París, más de 8.000 millones de euros. El presidente Macron ha dejado entender que no la llamará para ocupar el palacio de Matignon, sede de la jefatura de gobierno. Macron insiste en buscar un pacto legislativo con la derecha tradicional y una parte de la izquierda, en concreto los socialistas, aunque el PS oficial se muestra reticente a ser acusado de abandonar la alianza con el resto de la izquierda.

La derecha propone un “Pacto legislativo de urgencia”

En este panorama inédito en la V República, es la derecha tradicional, ahora bautizada “Derecha Republicana” DR), para diferenciarse de “Los Republicanos” de Eric Ciotti”, aliados con Marine Le Pen, la que puede salir al rescate de Macron o, más bien, del país, como ellos mismos afirman.

El nuevo líder de la derecha moderada, Laurent Wauquiez, ha presentado un “Pacto legislativo de urgencia” de trece puntos, justificado en “la degradación que está sufriendo el país”. “El país no puede seguir así”, denuncia Wauquiez, que advierte que no se trata de formar parte de una coalición gubernamental con las fuerzas macronistas, sino de aprobar medidas una por una. “Este pacto”, recalca el nuevo jefe de la derecha, “ilustra nuestra voluntad para no bloquear el país. No es un cheque en blanco a Macron, después del daño que ha hecho en los últimos 7 años”.

Entre las medidas propuestas por DR, destaca un reforzamiento de la seguridad ciudadana, frenar la inmigración incontrolada, reformas en la Justicia y, especialmente en la aplicada a menores, lucha contra el narcotráfico, la relocalización industrial y agrícola, el refuerzo de los servicios públicos (sanidad, escuela, vivienda), o hacer más atractivos los sueldos que las ayudas sociales para “valorar el trabajo”. En la entrevista televisiva del martes por la tarde Macron hizo suyos algunos de esos puntos.

Todo un programa “conservador” que el presidente Macron debería negociar sin poner muchas trabas, si está interesado en sacar a su país de su estado de estupor y parálisis. En todo caso, Emmanuel Macron está decidido a mantenerse en la presidencia y reitera que no dimitirá. En cuanto a la posibilidad de disolver la Asamblea de nuevo, dentro de un año, como la ley le permite, se muestra más esquivo.

El interminable conflicto político que vive nuestro vecino del Norte desde hace más de un mes provoca que ocho de cada diez franceses tenga una mala imagen de sus representantes políticos. Según una encuesta para el diario “Le Figaro”, los ciudadanos no les consideran ni creíbles ni honestos.

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