El Gobierno de Mariano Rajoy prepara una serie de medidas para hacer frente a las recientes actitudes de Gibraltar después de que el Peñón enviara a la Comisión Europea un informe sobre las colas que se han venido produciendo en la frontera y tras el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas españolas.
Fuentes gubernamentales han informado a Efe de esta batería de medidas que estudia el Ejecutivo y en la que participan varios ministerios, entre ellos Exteriores, Defensa, Industria, Hacienda, Interior y Agricultura y Medio Ambiente. El plan repasa los antecedentes de este asunto y plantea una serie de medidas susceptibles de ser adoptadas. El primer punto hace referencia a los controles que España hace en la verja, que en los últimos días han ocasionado largas colas de vehículos y que ha sido llevado a Europa por Gibraltar.
El Peñón considera que, aunque España tiene el derecho de verificar las personas y los bienes que cruzan la frontera, estos controles "no deben interferir con el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE". Sin embargo, en el documento, y tal y como ha subrayado estos días el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel García-Margallo, se recuerda que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España.
Se subraya además que los controles son necesarios para evitar tráficos ilícitos y, en este sentido, el texto explica que entre 2010 y 2012 se ha detectado un aumento del 213 por ciento del contrabando de tabaco. Los controles son, además, destaca el plan del Gobierno, "aleatorios" y afectan tanto a españoles como a gibraltareños.
Otro paquete de medidas va dirigido a la protección medioambiental después de la denuncia que este martes presentó ante la Fiscalía el Ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar.
En el ámbito de impuestos, la Agencia Tributaria estudia potenciar nuevas actuaciones de control en los ámbitos de imposición directa, indirecta y aduanera. Destaca en este punto, según las fuentes gubernamentales, estudiar a unos 6.700 gibraltareños que tienen su residencia en España, pero no la fiscal, para que paguen impuestos. En cuanto a las medidas de tráfico aéreo y marítimo, el Gobierno propone una actividad "moderada y continuada" por parte española en la zona de Gibraltar.
La posibilidad de imponer una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea de la Concepción (Cádiz) con origen o destino en el Peñón es otra de las medidas que se estudian, añaden las mismas fuentes, que explican que esos ingresos se destinarían al desarrollo económico del Campo de Gibraltar.
Otro de los puntos de este plan del Gobierno, según las fuentes, es revisar el acuerdo de 2006 por el que España concedió a Gibraltar la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan La Línea.
