La represión policial y militar contra las protestas estudiantiles ponen de manifiesto el peligro que corren los derechos humanos en Venezuela. Así lo certifica el informe, Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, presentado en Madrid esta mares, y en cuyas páginas la organización Amnistía Internacional documenta denuncias de violaciones y abusos cometidos en el contexto de las "masivas manifestaciones" protagonizadas por estudiantes y ciudadanos desde comienzos de febrero, las cuales han sido objeto de una desmedida represión militar y policial.
"Venezuela corre el riesgo de enfrentar una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas si el gobierno Venezolano no se compromete" a respetar los derechos humanos "completamente", dice el informe de Amnistía Internacional, que reconoce además la acción de grupos armados amparados por el gobierno.
“El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se toman pasos para llevar a las partes en conflicto a un diálogo. Esto sólo puede ocurrir si ambos lados respetan los derechos humanos y el Estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, con personas ordinarias llevándose la peor parte,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Hasta el momento, 37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego.
Hasta el momento, 37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego. Según datos publicados por la Fiscalía General venezolana el 27 de Marzo -citados en el texto-, 2,157 personas fueron detenidas durante las protestas. De acuerdo con la información difundida por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego. También señalan las torturas contra los manifestantes. El informe también documenta abusos a los derechos humanos cometidos por grupos en favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados.
“Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva y aquellos responsables, llevados a la justicia,” dijo Erika Guevara Rosas. Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno venezolano a comprometerse a un Plan Nacional de Derechos Humanos. El plan debería ser el resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil.
“El gobierno y la oposición deben comprometerse a utilizar medios pacíficos para resolver la crisis política e instruir a sus partidarios que la violencia y la retórica confrontacional que pueda incitar a la violencia no será tolerada. La comunidad internacional, incluyendo los países vecinos, debe fomentar el diálogo constructivo en el país,” dijo Erika Guevara Rosas.
Las medidas sociales puestas en marcha por el gobierno venezolano hace unos años, se ven sometidas a cuestionamiento con los altos niveles de inflación (más del 50%) y escasez.
El documento propone una lectura bastante más amplia en lo que a la limitación de libertades y derechos se refiere. ,Señala que las medidas sociales puestas en marcha por el gobierno venezolano hace unos años, se ven sometidas a cuestionamiento con los altos niveles de inflación (más del 50%), así como la escasez de servicios, alimentos y medicamentos en el país.
Casos concretos de violaciones a los derechos humanos
Además de una cronología de las protestas, el informe documenta lo que considera "torturas", "trato inhumano" y "abusos". Entre algunos de los casos citados está el de Geraldine Moreno, una estudiante de 23 años, quien el 19 de febrero participó en una manifestación en la ciudad de Valencia. Un oficial de la Guardia Nacional presuntamente disparó una escopeta de balas de caucho en su cara desde una distancia de apenas 30 centímetros. Geraldine murió en el hospital tres días después.
El informe detalla también que los agentes del orden público allanan viviendas y realizan detenciones sin orden judicial.
También se documenta la historia de Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, detenido por oficiales de la Guardia Nacional después de haber participado en manifestaciones en contra del gobierno en la ciudad de Maracaibo el 21 de febrero. Fue golpeado repetidamente y dice que un comandante de la Guardia Nacional amenazó con quemarlo vivo.
Además de aportar datos sobre las muertes registradas además de los heridos y apresados -muchos de ellos líderes de la oposición e incluso alcaldes y funcionarios regionales-, el informe señala cómo agentes de las fuerzas del orden habrían allanado viviendas en zonas donde se habría bloqueado las vías, para llevar a cabo detenciones, sin mediar una orden judicial.
