El Parlamento Europeo (PE) reclamó este miércoles que la Unión Europea se dote de un sistema de "sanciones y contramedidas" para reaccionar ante las campañas de influencia e injerencias extranjeras, y volvió a pedir una investigación de los lazos entre el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, el secesionismo y Rusia.
El informe, elaborado antes de la invasión rusa de Ucrania aunque se ha votado este miércoles, advierte sobre una "profunda preocupación" por la cada vez más sofisticada naturaleza de las interferencias extranjeras y manipulación informativa que afectan a la Unión Europea, "un nuevo tipo de guerra" que requiere una estrategia bien financiada para proteger al bloque comunitario.
El texto aprobado por 552 a favor, 81 en contra y 60 abstenciones es el informe final de la comisión especial de la Eurocámara sobre interferencias extranjeras en los procesos democráticos en la UE y desinformación, que durante un año ha analizado el alcance de estos ataques y amenazas, así como la preparación y conciencia de la UE ante este fenómeno creciente.
Para afrontarlo, los eurodiputados reclaman "respuestas diplomáticas y de disuasión" que incluyan instrumentos "para contrarrestar las operaciones de injerencia e influencia extranjeras", con medidas como la atribución y la publicación del nombre de los autores y "sanciones y contramedidas", que le correspondería a la Comisión Europea precisar en una propuesta legal.
Además, consideran que la ausencia de un régimen de sanciones específico "significa que estos actores pueden asumir con seguridad que sus campañas de desestabilización contra la UE no tendrán consecuencias".
El informe de 2020 advertía de que en la última década se han canalizado más de 300 millones a 33 países desde Rusia, China y otros regímenes autoritarios para interferir en procesos democráticos.
La Eurocámara también ve necesarias definiciones comunes de las injerencias extranjeras y evaluaciones sobre cómo ha funcionado la legislación al respecto hasta la fecha, así como un sistema de inteligencia compartido y alertas tempranas.
Injerencias extranjeras en la UE
El texto aprobado recoge la preocupación del Parlamento ante una "abrumadora falta de concienciación sobre la severidad de las actuales amenazas (...) dirigidos a socavar la legitimidad de las autoridades públicas y profundizando la fragmentación social y política", en concreto cuando la amenaza procede de Rusia o de China.
El informe de 2020 de la Alianza para la Seguridad de la Democracia advertía de que en la última década se han canalizado más de 300 millones de euros a 33 países desde Rusia, China y otros regímenes autoritarios para interferir en procesos democráticos hasta en un centenar de ocasiones; la mitad de estos casos se refieren a acciones rusas en Europa.
"Este informe tiene que ser la hoja de ruta que marque la actuación de las instituciones europeas y de los Estados miembros porque es una parte esencial de nuestra respuesta a la estrategia agresiva de Rusia", señaló tras el voto el eurodiputado popular Javier Zarzalejos.
El popular advirtió sobre la "insistencia" con la que Moscú "viene aprovechando todas las situaciones más o menos conflictivas", como el Brexit, o el 'procés' en Cataluña, "en su estrategia de desestabilización de las democracias occidentales".
Una eurodiputada irlandesa simpatizante del movimiento independentista había tratado, en la fase de enmiendas del texto, de eliminar esta referencia, pero el intento no prosperó.
Vínculos entre Rusia y el secesionismo catalán
En este sentido, el texto recoge también, una vez más, una mención a la necesidad de una investigación en profundidad de "los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España", revelados por el 'New York Times' en septiembre de 2021.
El mismo párrafo, que también apunta a los contactos entre el Kremlin y la campaña del Brexit, señala que estas acciones "forman parte de la estrategia más amplia de Rusia para aprovechar todas y cada una de las oportunidades para manipular el discurso con el fin de promover la desestabilización".
Una eurodiputada irlandesa simpatizante del movimiento independentista había tratado, en la fase de enmiendas del texto, de eliminar esta referencia, pero el intento no prosperó.
