Macron bate todos los récords de inmigración en Francia

Emmanuel Macron sabe que es uno de los combustibles que ha contribuido al despegue electoral de Marine Le Pen en los últimos años. Y sabe que es uno de los principales factores que ha llevado a hundir su gestión como presidente galo: el aumento exponencial de la inmigración legal e ilegal se ha convertido en un asunto prioritario para los votantes franceses que el 30 de junio y el 7 de julio elegirán a sus diputados.

Junto a la disminución del poder adquisitivo, los ciudadanos sitúan el asunto de la inmigración masiva como una de sus preocupaciones. Tachados de xenófobos y racistas por expresar lo que hoy todos, excepto la ultraizquierda, reconoce como problema, los votantes más humildes, los más pobres, los que se ven obligados a compartir unos deteriorados servicios sociales y a pelear con los recién llegados para obtener una vivienda de protección oficial, ya no se ocultan. La mayoría de los políticos tampoco elude la cuestión, están obligados, pero hasta el terremoto electoral del 9-J soslayar el problema era casi un reflejo pavloviano.

Los datos oficiales hablan más que las consideraciones morales o políticas. Bajo el mandato de Emmanuel Macron (2017-2024), el aumento de la inmigración ha llegado a registros espectaculares, nunca alcanzados por sus predecesores. Así lo demuestran las cifras oficiales de distintos organismos recogidas por el 'Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID)'.

El año pasado se otorgaron 323.260 permisos de residencia a extranjeros no comunitarios (no se cuenta a suizos, británicos, monegascos o andorranos), lo que supone un 40% más de los concedidos en 2016, un año antes de la llegada al poder de Macron. Cada año, bajo la presidencia actual, se han aprobado una media de 275.000 permisos de estancia (los hay de distinta duración, hasta llegar al permiso de residencia definitivo). Los principales beneficiados son argelinos, marroquíes y tunecinos.  Desde el acceso al poder de Emmanuel Macron en 2017, más de dos millones de permisos de residencia han sido concedidos, es decir, el equivalente a la población del París intramuros. No todos los admitidos se establecen definitivamente, pero según datos oficiales, por uno que se va, son tres los que se quedan.

Las cifras son más sorprendentes, si cabe, en el apartado de la concesión de asilo político, religioso o de seguridad. Con Macron como presidente, 825.000 peticiones de asilo han sido registradas, es decir el equivalente a los habitantes de la ciudad de Marsella. Solo en el año pasado, se admitieron a estudio 145.095 peticiones de refugiados, según Eurostat; un 89% más que el registrado en el último año de presidencia del socialista François Hollande, 2016.

Un coladero legal

En Francia, la Oficina francesa de protección de refugiados y apátridas (OFPRA) no tiene argumentos legales para rechazar la petición de asilo a un ciudadano afgano que declare ser perseguido en su país; tampoco habrá muchos problemas con un sudanés que se presente como víctima de nación en guerra; las mujeres que aleguen correr peligro de ser mutiladas sexualmente en sus países también entrarán sin grandes dificultades. Y si la OFPRA detecta un problema para rechazar a un pretendiente a refugio, los centenares de asociaciones existentes, pagadas con dinero público, desplegarán a batallones de abogados especializados en poner todas las dificultades posibles para que el aspirante "pueda ser acogido en “el país de los derechos humanos".

Viaje de vuelta e indemnización por el "daño causado"

La situación puede adquirir tintes de sainete. Así, causó enorme escándalo, aunque se hizo todo por ocultar el asunto, el caso de un ciudadano uzbeko expulsado de Francia por tener lazos con el islamismo radical. Rechazado anteriormente por Estonia por las mismas razones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) - alertado por asociaciones francesas proinmigrantes- dictaminó que, de volver a su país, podría sufrir "un tratamiento inhumano". El Gobierno francés fue obligado a pagar el viaje de vuelta del uzbeko que, además, recibió 3.000 euros por el "daño causado".

Hay otro capítulo del que Macron no pueden estar muy satisfecho: centenares de delincuentes con órdenes de expulsión son retenidos en territorio francés porque sus países de origen se niegan a recibirlos

El resurgir del soberanismo afecta también al ámbito judicial. En Francia, más de la mitad de la representación política exige el abandono de la tutela del TEDH, que tiene potestad sobre las decisiones tomadas por el poder judicial nacional.

Hay otro capítulo del que Macron no pueden estar muy satisfecho: centenares de delincuentes con órdenes de expulsión son retenidos en territorio francés porque sus países de origen se niegan a recibirlos. Los recientes reveses de la diplomacia francesa en África o el chantaje permanente de Argelia inciden en ese problema.

Más de cien mil menas

En 2023 se batió otro récord: 19.370 inmigrantes ilegales fueron reconocidos como menores; un 31% más que en el año anterior. Más de 100.000 menas se han instalado en Francia desde que Macron es presidente. Según el ministerio de Justicia, los departamentos (entidades provinciales), que son los encargados de soportar el coste de esos menores, han desembolsado 3.600 millones de euros desde 2017.

Uno de los puntos que Jordan Bardella y su partido considera prioritario en su programa de gobierno es la supresión de la ayuda médica gratuita que en Francia atiende a cualquier persona que lo necesite, incluidos los “sin papeles”. Unos 400.000 clandestinos disfrutan de la sanidad gratuita. El coste total para las arcas del Estado en este apartado es de mil doscientos millones de euros anuales. Algunos ministros decían abiertamente – antes del seísmo de la disolución - que habría que revisar ese concepto “sin suprimirlo íntegramente”.

Emmanuel Macron, hasta hace poco menos de un año, cuando preparó su “ley de Inmigración, había repetido el discurso “buenista” que ahora denuncia cuando ha visto la importancia que sus conciudadanos conceden al problema en las urnas. En declaraciones que la prensa desempolva estos días, se recuerda su antiguo convencimiento de que “la emigración es una fuente de riqueza”, o que “los refugiados son una fuerza” para el país e, incluso, que “la inmigración no debe inquietar a la población”.

El dúctil discurso de un presidente

Poco más tarde, cuando veía crecer el sentimiento de rechazo popular, cambió el discurso: “No son los burgueses los que tienen un problema con los inmigrantes, pues no se cruzan con ellos. Son las clases populares los que viven con ellos. No tenemos derecho a no mirar este problema de frente; pretendiendo ser humanista se es a veces demasiado laxo”. Y, con la mirada a babor: “Hay una cierta soberbia de la izquierda para no abordar este problema”.

El problema con Emmanuel Macron es que un día dice una cosa y al siguiente otra, según le conviene: es lo que se conoce como su política de en même temps, "al mismo tiempo".

Su Ley de Inmigración, consensuada con la mayoría de centroderecha, fue aprobada para después ser desguazada (por sugerencia del propio presidente) en el Consejo Constitucional, que la emprendió a hachazos con sus puntos más conflictivos, es decir los más restrictivos con la entrada de inmigrantes y refugiados. El presidente de esa instancia es el socialista Laurent Fabius, miembro de honor de la izquierda "inmigracionista".

Para el presidente Macron, el asunto de la inmigración ha sido un elemento más de comunicación que le golpea ahora de rebote en pleno rostro, tras siete años de tergiversación. Para el director del Observatorio francés de la inmigración y la demografía (OID), Nicolas Pouvreau-Monti, no se puede decir que Macron haya promovido la inmigración de forma expresa, sino que ha propiciado un 'laissez faire' que hoy paga en las urnas.

Los irregulares rozan el millón

En Francia se calcula que existen de 700.000 a 900.000 extranjeros en situación irregular. Para muchos se ha llegado al umbral de tolerancia del que hablaba el expresidente socialista François Mitterrand, más allá del cual la inmigración afecta a la cohesión social de la sociedad de acogida. Para Mitterrand, ese límite lo alcanzó Francia ya a finales de los años 70. Otro socialista, Michel Rocard, primer ministro del propio Mitterrand, insistió sobre el asunto casi veinte años más tarde, cuando manifestó que "Francia no puede acoger a toda la miseria del mundo", frase que le valió la 'excomunión' de la 'izquierda moral', cuyos sucesores le siguen manteniendo todavía hoy, después de muerto, en el índex del santo oficio 'progresista'.  

Hoy, Macron ha hecho suya esa misma frase mientras La Francia Insumisa de Jean-Luc Melenchón pide papeles para todos los ilegales y propugna una 'criollización', que es la versión izquierdista del Grand remplacement, de la gran sustitución de la población nativa por ciudadanos extraeuropeos, la conocida teoría del intelectual conservador Renaud Camus, que es castigado con el boicot y la cancelación desde hace años.

La ventaja de Bardella sigue escalando en las encuestas

El partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella sigue aumentando su ventaja en las encuestas y sobrepasa un 35%; el Nuevo Frente Popular se sitúa en torno a un 29% y el bloque central macronista en un 21%.  El problema de la inmigración masiva tiene también mucho que ver con estos datos. Siete de cada diez franceses piden un referéndum para frenar el flujo incesante de entradas legales e ilegales en el país. Ni el presidente, ni la izquierda, ni el Consejo Constitucional están de acuerdo.