Javier Milei empieza a cumplir su principal promesa de campaña: la puesta en marcha de un plan 'motosierra' que dé un giro histórico a la endeudada economía de Argentina. Después de reducir el aparato de Gobierno central a la mitad, de 18 a 9 ministerios, el presidente ha activado, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia sin precedentes, un tsunami de más de 300 medidas con desregulaciones especialmente económicas entre las que se incluye la conversión en sociedades anónimas de todas las empresas públicas, como YPF, para su eventual privatización, así como la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de la aerolínea de bandera del país, Aerolíneas Argentinas, a sus empleados, uno de los eslóganes de campaña.

El fin de corregir una "crisis terminal" con el riesgo de "una inflación anual del 15.000%" y un salto de los niveles de pobreza "hasta el 90%" -hoy supera el 40% según estadísticas oficiales- ha sido uno de los argumentos escogidos por el mandatario para activar una serie de medidas urgentes sin autorización previa del Poder Legislativo, que, en el futuro, deberá ratificarlas, pero hasta entonces, entrarán en vigor, como contempla la Constitución Argentina. Más en concreto, su artículo 99, inciso 3, según reivindica el DNU de 83 páginas aprobado por el flamante nuevo ejecutivo argentino, que no tiene mayoría política en las cámaras legislativas.

Justificación de la urgencia

"En el año 2003, el país tenía superávits gemelos, es decir, superávit fiscal y externo. La realidad actual es muy diferente: los déficits gemelos son equivalentes a 17 puntos del PIB", comienza razonando el DNU.

"Para comenzar a solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente deja a todos los argentinos, es necesario un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, y -al mismo tiempo- se requiere resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit", añade. "De esta manera, se pondría fin tanto al déficit fiscal como a la emisión de dinero necesaria para financiarlo y, con ello, a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos".

Dado que la situación de los pasivos remunerados del Banco Central es peor que la que había en los momentos previos a la hiperinflación de 1989, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual"

"Dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy se deje de emitir dinero, los argentinos seguiremos pagando los costos del desastre monetario del gobierno saliente", esgrime la disposición del Gobierno de Milei, para luego poner de relieve que "la administración anterior emitió moneda por un equivalente a 20 puntos del PBI, lo que genera un efecto devastador inevitable que se prolongará en el tiempo, generando un incremento notorio de la ya altísima inflación heredada".

"Dado que la situación de los pasivos remunerados del Banco Central es peor que la que había en los momentos previos a la hiperinflación de 1989, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual" equivalente a una inflación mensual del 52%. "Hoy mismo la inflación de acuerdo con estimaciones privadas, oscilará entre el 20% y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero", esgrime el decreto. Según la última estadística oficial, de noviembre, la inflación cerró entonces en el 12,8% mensual y el 160,9% interanual.

Milei inicia el 'plan motosierra'

La nueva normativa parte así de tres grandes ejes como "Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina": el primero, según expresa el decreto en su primer artículo, consiste en la declaración de la emergencia pública "en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025". Dentro de ese marco se considerarán servicios esenciales -esto es, aquellos en donde la cobertura no podrá bajar del 75% pese a cualquier reclamación sindical- a la salud (hospitales, transportes y medicamentos), servicios de internet, tráfico aéreo y portuario, servicios aduaneros y migratorios, educación hasta el secundario y cuidado de menores.

El segundo eje del megadecreto de Milei dispone "la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional" al tiempo que establece que "quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".

En suma, el tercer eje del DNU apunta a la "inserción en el mundo" de Argentina, para lo que "se deberá procurar cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".

A continuación se concreta un paquete de medidas que se enmarca dentro de la promesa electoral del libertario de reducir el déficit en cantidades equivalentes a 15 puntos del PIB.

Entre las medidas activadas por Milei aparecen, además de la citada conversión en sociedades anónimas de todas las empresas públicas, la "modernización del régimen laboral" -con la ampliación del período de prueba de empleados de 3 a 8 meses y la eliminación de obligaciones de aportación a no afiliados a sindicatos- y el agravamiento de las sanciones al bloqueo de empresas, así como medidas como una reforma del código aduanero en aras de la liberalización del comercio exterior.

En la misma línea se implementarán derogaciones de leyes que afectan a los sectores agrícolas, comerciales, industriales y empresariales, desde el farmacéutico -con la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga- hasta el minero pasando por el turístico, el inmobiliario, el aéreo y satelital -sin ya prerrogativas de derecho público para las participadas por el Gobierno en favor de políticas de "cielo abierto"-, e incluso el deportivo: por primera vez, los clubes de fútbol que lo deseen podrán convertirse en sociedades anónimas.

En suma, se impulsarán modificaciones del Código Civil y Comercial para "reforzar el principio de libertad contractual entre las partes" y "garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada".

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