Se agota el tiempo para que los Estados miembros de la Unión acuerden la primera gran ley de violencia machista a nivel Europeo. El no rotundo Francia y Alemania ha tirado por tierra las esperanzas de que el texto final pueda ver la luz durante la Presidencia Española de la UE. Ahora, la norma cae en manos de la futura presidencia belga que tendrá la misión de recabar apoyos antes de las elecciones al Parlamento Europeo, programadas para el próximo mes de junio.
En el centro del debate, tipificar uniformemente en toda la UE el delito de la violación en base al consentimiento, requisito indispensable para la Eurocámara. La eurodiputada del PP Rosa Estarás explica a Vozpópuli la importancia de este aspecto y la necesidad de pactar una definición de violación a nivel europeo, según lo dispuesto en el Convenio de Estambul.
La política española manifiesta el choque de posturas con potencias como Francia y Alemania, cuyos gobiernos entienden que la regularización de este tipo de delitos debe recaer sobre la Justicia nacional y que carecen de carácter transnacional para que sea regularizado desde la UE. Estarás defiende, no obstante, que el tema del consentimiento es algo recogido desde hace décadas en el Código Penal de países como España, aunque en algunos Estados miembros se requiere el uso de la fuerza o amenazas.
La 'popular' hace hincapié en uno de los puntos más significativos recogidos por la directiva, la estipulación de unas penas mínimas para delitos como la violación, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia basada en el género.
El texto impulsado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea establece que "los Estados miembros se asegurarán de que la infracción penal a que se refiere el artículo 5 (violación) se castigue con una pena de prisión de una duración máxima de al menos ocho años y de al menos diez años si el delito se cometió en las circunstancias agravantes". En el caso de la mutilación genital femenina se dispone una pena de prisión de una duración máxima de al menos cinco años y de al menos siete años en el supuesto en que existan agravantes.
Disposición de penas mínimas en el delito de violación
De esta forma, explica Estarás, la estipulación de penas mínimas protege que no se produzca rebajas de penas. Los países que cuenten con penas más elevadas para este tipo de delitos podrán mantenerlas, ya que ya estaría cumpliendo lo detallado en la directiva europea.
La eurodiputada recuerda la explosión mediática que en nuestro país supuso la campaña del 'sólo sí es sí', pistoletazo de salida de la ley estrella de la exministra de Igualdad. "Siempre ha existido el tema del consentimiento, no es algo nuevo que haya traído Irene Montero", alega la miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la UE.
En esta misma línea se posiciona Fernando Portillo, magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Melilla, quien matiza que la necesidad de acotar el tema del consentimiento responde a una inquietud sociopolítica más que a una necesidad jurídica. "La ley del 'sí es sí' decía que hacía cosas que en verdad no hacía. La definición de consentimiento que no era necesaria, tal y como efectivamente quedó demostrado. La norma de Podemos no añadió nada", comenta el jurista.
El también portavoz de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente valora en positivo la iniciativa de dar un marco punitivo uniforme en cuanto al tipo de conductas que deben castigarse en Europa. No obstante, Portillo entiende las reticencias que puedan tener países como Francia y Alemania, porque este punto de la futura norma pueda entrar en conflicto con algún código penal nacional que tenga penas más bajas.
Concreción del consentimiento
José Miguel Fernández, abogado de la Asociación Clara Campoamor, añade que la tipificación del delito de violación en España está por encima de los mínimos que plantea la directiva europea. No obstante, el letrado pone en valor la regulación del consentimiento. "Nos parece positivo dar una respuesta lo más detallada posible, ya que creemos que el tema del consentimiento es necesario regularlo", defiende.
El experto explica, además, que el propio Poder Judicial ha hecho público que cuanto más concreta sea la legislación, más fácil será interpretarla. "Desde el CGPJ se agradece una mayor concreción de qué se entiende como consentimiento", concreta.
La Asociación Clara Campoamor señala que en la ley de 'sí es sí', impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez existían errores, aunque destaca que más que la cuantía de las penas, lo más importante es abordar lo que viene después. Fernández defiende que los condenados por delitos relacionados con la libertad sexual tengan que hacer un curso antes de salir de prisión y la creación de listados públicos de agresores sexuales.
Los expertos consultados ponen el foco, además, en la importancia de la educación. El objetivo es formar a la ciudadanía en valores sociales y concienciar sobre el problema que supone en todo el mundo la violencia machista. Al contrario que Francia y Alemania que difieren con la directiva en cuestiones de forma, Hungría, por ejemplo, se opone a brindar su aval por posición ideológica, ya que porque directamente no reconoce cuestiones de violencia de género.
