A finales de noviembre de 2022, las protestas contra la política de covid cero, que habían comenzado ya en verano, se extendieron en China, deviniendo un “desafío político”. Al grito de “no queremos PCR, queremos libertad” y “abrid el país”, jóvenes y estudiantes, pero también clases medias acomodadas, protagonizaban concentraciones en localidades como Pekín, Shanghái, Wuhan, Xi’an, Chengdu, Nanjing y Guangzhou, planteando un serio dilema a las autoridades.
Analistas y observadores, sobre todo occidentales, pronosticaban el principio del fin del régimen, si bien la revuelta no discutió los fundamentos profundos del sistema, que desde la década de 1990 ha logrado conformar un espacio legítimo de contestación cuya única línea roja es el cuestionamiento del poder y la disidencia.
Porque hace décadas que la sociedad del “milagro económico” se rebela para proteger sus intereses, ya sean obreros de empresas públicas despedidos por una baja rentabilidad, campesinos expulsados de sus tierras, propietarios de apartamentos desalojados por inmobiliarias sin escrúpulos o víctimas de la contaminación de las fábricas.
Antes de la pandemia no era extraño ver a ciudadanos partidarios del orden arremeter contra el Estado por su incapacidad para aplicar la ley o interpelar al Partido Comunista Chino (PCCh) para defender los logros del pueblo.
Durante las manifestaciones contra la política de covid cero, algunas voces arremetieron contra el partido y su líder, Xi Jinping. Lejos de cuestionar la legitimidad del régimen, este ha gozado del apoyo de la población en virtud de la bonanza económica y la convicción de que el partido era sinónimo de estabilidad.
Cuando a finales de diciembre de 2022 se abandonó la política de Covid Cero y se desencadenó una ola de contagios no pocos lamentaron la deriva, añorando el tiempo en que todos eran objeto de repetidas pruebas PCR y el Estado controlaba la situación, enfatizando la paradoja de una sociedad dispuesta a protestar, aunque aferrada al status quo.
Pero ¿por qué? ¿Qué legitima el régimen chino a ojos de sus administrados? Primeramente, no podemos dejar de señalar la dimensión harto represiva del régimen que, al igual que ocurre en otros sistemas autoritarios, aumenta considerablemente el coste de participar en la contestación. La pista cultural es también importante, siendo la civilización china eminentemente conservadora, imponiendo a las nuevas generaciones un modelo disciplinario en el que cada individuo está llamado a plegarse a las necesidades de la nación. El auge de las clases medias y el temor a ver dilapidar sus logros son otro factor explicativo de la salvaguarda del poder.
Auge de las clases medias y protestas
Desde finales de los años 1990, la sociedad china ha mutado. El Partido Comunista Chino (PCCh) implanta, a partir de 1989, normas y valores capitalistas que, aunque sui generis, liberan las fuerzas del mercado, blandiendo el enriquecimiento, la propiedad y el éxito individual.
El país se mercantiliza, los chinos integran el trabajo capitalista, se crean grandes grupos públicos y, bajo la égida de las autoridades, se conforman multinacionales privadas, punta de lanza de la proyección exterior de China.
El PCCh consolida su monopolio a cambio del compromiso de generar bienestar y oportunidades de promoción social en China. Con unas elevadas tasas de crecimiento sostenido en el tiempo, la explosión del éxodo rural, el despegue de la enseñanza superior, la diversificación económica y generación de empleos, amplias franjas de población ven sus condiciones mejorar sustancialmente. Irrumpen las clases medias formadas, propietarias, ciudadanas y prudentes, dispuestas a defender su modo de vida recién conquistado y, por extensión, son poco proclives a la adopción de un sistema democrático, percibiendo las elecciones como un proceso disruptor, favorecedor de la corrupción y ralentizador de la toma de decisiones.
La multiplicación de conflictos sociales es un epifenómeno del progreso social chino. Las clases medias no dudan en protestar e incluso organizar la contestación por bajos salarios, pésimas condiciones laborales, baja calidad de las construcciones, confiscación de propiedades o incluso la defensa del medioambiente, y todo en aras de preservar su flamante estándar de existencia. Porque la necesidad de mejorar se entremezcla con la angustia del desclasamiento y de ahí la obsesión por la seguridad, de la que se desprende la conservación del régimen en liza.
El PCCh ha sabido leer la situación y ha contribuido a la emergencia de un espacio legítimo de contestación en el que la protesta es tolerada si no traspasa ciertas líneas rojas, es decir, si el conflicto se mantiene localizado en cuestiones bien determinadas y no arremete en modo alguno contra el sistema vigente. Incluso si la aprensión a la inestabilidad deriva en represión, irrumpen progresivamente nuevas fórmulas para garantizar la paz social, que incluyen la mediación y la satisfacción más o menos completa de las reivindicaciones de los contestatarios.
Asimismo, la contención se hace más sutil, se reprime de forma limitada, identificando a los cabecillas, dividiendo para controlar mejor, cooptando y negociando, graduando los contestatarios su reacción a las medidas del poder, contemporizando si hay avances y yendo algo más lejos si nada se mueve. El dominio del PCCh no oculta los cambios en relación con las prácticas del gobierno, el modo en que autoridades y ciudadanos interactúan, incluidas las protestas, si bien se evita en todo momento que el movimiento devenga o parezca “político”.
Límites del espacio contestatario legítimo
En la segunda mitad de la década de 2010, el PCCh logra frenar ciertos avances en cuanto a la institucionalización de la contestación, en un momento en que surgen organizaciones intermedias para apoyar cierto tipo de reivindicaciones y ayudar a los damnificados a formarse y organizarse. Las autoridades se apoyan entonces sobre estas organizaciones a menudo iniciadas por intelectuales y responsables del partido sensibles a ciertos temas.
Finalmente, el poder interrumpe estas iniciativas, situando a la sociedad frente al partido, sin cuerpos intermedios, ni asociaciones, ni sindicatos, coartando la posibilidad de conformar amplios movimientos sociales organizados. El objetivo es anticipar las reacciones sociales y, eventualmente, no perder ni un ápice de capacidad a la hora de desactivarlas en un momento en que el PCCh comienza a inquietarse sobre la deriva económica de China.
Se hunden los sectores manufacturero e inmobiliario, que tradicionalmente habían sostenido el crecimiento, y el terciario y las nuevas tecnologías están lejos de suplirlos, resintiéndose salarios y empleo, siendo masivo el paro entre los más jóvenes y agravándose los problemas estructurales a consecuencia de la pandemia.
Los conflictos que originó la pandemia
La pandemia y su gestión han reducido los conflictos, pero no los han hecho desaparecer completamente, provocando incluso la oposición violenta de algunos a sus condiciones de confinamiento, como ocurrió en la primavera de 2022 en Shanghái. El consumo estaba llamado a empujar el crecimiento en detrimento de la inversión y las exportaciones, pero las autoridades no habían previsto los problemas de empleo y endeudamiento de las clases medias. Además, si antes la educación, la sanidad, las pensiones y el alojamiento eran sufragados por el Estado, capitalismo mediante, ahora estos conceptos son con cargo a los trabajadores, ya sea total o parcialmente, amenazando el tren de vida de las clases medias.
No dispuesta a perder sus cada vez más frágiles logros, la sociedad china no parece dispuesta por el momento a promover una moción a la totalidad del régimen. No obstante, el PCCh está llamado a privilegiar las negociaciones con la sociedad en un contexto mucho menos confortable que el de hace algunos años. ¿Es este un modelo viable? Nada es menos seguro.
David Alvarado, Profesor de Geopolítica y Geoeconomía, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
