Situado entre Moldavia y Ucrania, persiste un territorio afecto a Moscú que es una herencia de la Guerra Fría. Se trata de la región separatistas de Transnistria, una franja de terreno que forma parte de Moldavia oficialmente, aunque declaró su independencia del país en 1990. El Gobierno de esta zona es leal a Rusia y alberga tropas y miles de armas rusas.
El territorio se mantuvo fiel a Moscú tras la disolución de la Unión Soviética cuando, a uno y otro lado, Ucrania y Moldavia comenzaban a dejar atrás la Unión Soviética. Eran principios de los noventa y se redibujaba el reparto de poder en el este de Europa, en términos políticos y también militares.
Las tensiones en Transnistria se dispararon en 1992, con un conflicto tras el que la región comenzó a tener una especie de independencia 'de facto' que Chisinau sigue sin reconocer a día de hoy. Unas 300.000 personas viven en este enclave al otro lado del río Dniéster, donde predominan las etnias rusa y ucraniana por encima de la moldava.
Alberga unas 20.000 toneladas de armamento de la era soviética --los expertos no tienen claro cuántas de estas armas siguen siendo útiles-- y ya tras la guerra desatada en 2014 en Ucrania y la anexión de Crimea por parte de Rusia creció el temor a que Transnistria se convirtiese también en objeto de deseo ruso.
Actual contexto de guerra
Esta preocupación ha aumentado en los últimos meses, a raíz de la ofensiva ordenada el 24 de febrero sobre Ucrania por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. De hecho, las operaciones se han centrado en las última semana en la parte este y sur de Ucrania, lo que daría pie a un corredor terrestre que podría llegar desde el Donbás hasta Transnistria.
Económicamente, la región depende en gran medida de Rusia, mientras que políticamente cualquier mínima rotación es inexistente. Moscú tiene garantizada la lealtad de este territorio y no duda en dejar claro que está de su lado, como ha ocurrido a raíz de las explosiones registradas estos días y que despiertan la "preocupación" del Kremlin.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado la falta de libertades y el reducido margen de maniobra de la sociedad civil. Amnistía Internacional ha denunciado en su informe de 2021 casos de represión contra voces críticas, poniendo como ejemplo juicios contra disidentes acusados de insultar al presidente.
