La Unión Europea lleva años en pleno proceso de redacción de un texto para modernizar el código normativo de la UE en materia de asilo e inmigración. El objetivo es establecer "un procedimiento común en toda la UE que los Estados miembros han de seguir cuando alguien pide protección internacional", según se lee en la nota de prensa que publicó la Comisión Europea este mes de junio.
La redacción no está siendo tarea fácil, pues los países miembros tienen intereses totalmente opuestos entre sí. Pero aparte de la complicación de llegar a un acuerdo, también se están generando algunas 'trampas' que han llevado a que las ONGs y diversas instituciones denuncien que realmente no está siendo tan justa y responsable como desde la UE plantean.
Uno de los puntos más polémicos hasta ahora es el del sistema de Dublín, un método que "establece normas para determinar el Estado miembro que es responsable del examen de una solicitud de asilo". El procedimiento se basa en varios criterios, incluido el de primer país de entrada. En la práctica, esto significa que un pequeño número de Estados miembros han sido responsables de tramitar la mayoría de las solicitudes de asilo.
Explicado con otras palabras, hasta ahora el criterio para decidir qué país debía acoger al inmigrante era el de primer país de llegada y los procedimientos para que llegue al país que éste deseaba eran demasiado complejos. Esto provoca que los países del sur, coloquialmente llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), tengan que "hacerse cargo" de la mayoría de las llegadas, por ser el primer país que pisan, mientras que la "distribución" por el resto de Europa se convierte en un procedimiento burocrático de máxima complejidad.
Tras las críticas de estos países y de muchas organizaciones que exigían cambios para evitar los abusos que se cometen en las fronteras, la UE se vio en la obligación de afirmar que "la crisis migratoria ha puesto de relieve los límites del sistema actual, que supone una carga para los Estados miembros de primera línea", mientras que el resto de Europa se "limpia las manos" con palabras pero pocos actos.
Ante esta situación, la UE se propuso "sustituir el sistema de Dublín por un nuevo sistema de gestión del asilo y la migración que asigne mejor las solicitudes de asilo entre los Estados miembros mediante un nuevo mecanismo de solidaridad y garantice la tramitación oportuna de las solicitudes".
La nueva normativa de inmigración no cumple las expectativas
Pero por ahora el oro sigue siendo paja. La nueva normativa en la que está trabajando la Comisión acaba de presentar su propuesta en este aspecto y no sólo no se soluciona, sino que, según los expertos, se blinda todavía más. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acaba de presentar un informe denunciando que aparte de perjudicar a los inmigrantes, también daña a países como España, que tienen que "tragar" con la acogida.
"El acuerdo blinda más el sistema de Dublín dando otra vuelta de tuerca a los países de entrada como España: penaliza a los países cuando se produzcan movimientos secundarios, incrementando el plazo de responsabilidad sobre la persona a tres años (actualmente es un año); mantiene por defecto la obligación de examinar las solicitudes de protección internacional en el primer país de entrada; no contempla la existencia de otros vínculos familiares para la movilidad de las personas a otros Estados, vulnerando el derecho a vivir en familia", se lee en la denuncia presentada por la CEAR.
Así con todo, la política de inmigración, al menos en este aspecto que se refiere a la acogida inicial, se convierte en pobre, injusta e insuficiente y se ha convertido en una pequeña 'trampa', que perjudica tanto al migrante como al país al que llega, mientras que desde las altas instituciones de la Unión Europea se llenan la boca de decir que ayudan cuando en realidad se están blindando utilizando como 'barrera' a los países del sur de Europa.
