El dueño del diario Público, Jaume Roures, propone a los trabajadores unas condiciones para el expediente de regulación de empleo que implica acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cubrir las indemnizaciones de los 134 despidos derivados del cierre del rotativo, según ha podido saber VOZPÓPULI. El empresario catalán les ha asegurado que compensará de su propio bolsillo la cantidad que sea necesaria para que los pagos alcancen la equivalencia a 20 días por año trabajado, ya que el Fogasa tiene un tope de 1.923 euros por anualidad.
Roures prometió a los trabajadores del diario –tras la presentación del concurso de acreedores en enero- que no acudiría al Fogasa, instrumento que implica importantes reducciones en las cuantías de los pagos por despido, además de demoras de hasta dos años en los cobros de los mismos, según aseveran fuentes del sector.
El fondo de garantía, en este sentido, limita la anualidad al triple del salario mínimo interprofesional (641 euros), factor que supone que la indemnización máxima que recibirá quien lleve trabajando desde la fundación del rotativo (septiembre de 2007) alcance un máximo del entorno de los 8.000 euros. Esta cifra dista demasiado de la indemnización que les correspondería para alcanzar los 20 días por año trabajado en el caso de los profesionales con sueldos superiores a 35.000 euros al año.
Los trabajadores, reunidos este jueves en asamblea, rechazaron la propuesta y acordaron realizar una contraoferta que amplíe lo máximo posible las cifras de las indemnizaciones. Fuentes del sector, no obstante, aseveran que el margen de maniobra de Jaume Roures y su socio Tatxo Benet es mínimo debido a las exigencias de la administración concursal, la cual pone de manifiesto que la empresa editora (Mediapubli) está en quiebra y trata de ajustar las indemnizaciones para también sufragar las deudas con los acreedores. Esta es la razón por la que el propio Roures solicita pagar con su propio patrimonio. Las condiciones del Fogasa, no obstante, pueden llegar a recortar los pagos del empresario deduciendo la parte proporcional que él abone de las cuantías asumidas por el fondo.
Vender la web para pagar deudas
Mediapubli presentó el martes 28 de febrero un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afecta al 84% de la plantilla. La intención de la compañía es dejar en la calle a 134 de los 160 trabajadores de Público, limitando la plantilla a tan sólo 26 personas -en su mayoría con salarios muy bajos- para mantener activa la web. La cabecera de internet, según fuentes del sector, está en venta con el objetivo de hacer caja con la que hacer frente a parte de las deudas con los acreedores.
La semana pasada, los trabajadores colgaron en la web del periódico un comunicado que señalaba que dados los “pretendidos principios progresistas” de los accionistas del rotativo esperaban que la empresa ofreciera “a los trabajadores las mejores condiciones posibles para su salida”. Profesionales de la redacción rechazan el despido con 20 días cuando la línea editorial del periódico del que es dueño Jaume Roures ha criticado severamente la reforma laboral que permite este tipo de indemnizaciones.
