Los consejeros del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) afines al Ejecutivo de Carles Puigdemont han vuelto a demostrar este miércoles su cercanía con los partidos independentistas. Su presidente, Roger Loppacher, ha impedido a uno de los consejeros anti-independentistas, Daniel Sirera, se pronunciara sobre la actuación de la periodista de Catalunya Ràdio que pidió el pasado 22 de septiembre a sus oyentes que revelaran la ubicación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que trabajaban para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
Loppacher –cercano al PdeCAT- se ha escudado en las acusaciones que la presidenta del Colegio de Periodistas de Cataluña, Neus Bonet, efectuó recientemente contra Sirera, a quien acusó de no ejercer su labor con la neutralidad necesaria. A juicio del presidente del CAC, la exclusión del consejero del debate y la votación de este miércoles ha estado justificada, ante “la eventual sospecha de parcialidad, aunque sea por simple apariencia”.
Esta polémica se originó después de que una de las periodistas de cabecera de la radio-televisión pública catalana, Mónica Terribas, pidiera a los seguidores de su programa –especialmente a los taxistas y a los transportistas- colaboración para localizar a los miembros de la Policía y de la Guardia Civil que participaban en el operativo desplegado el pasado 22 de septiembre para intentar impedir que se realizara la consulta del 1-O.
A la vista de estos hechos, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil denunció a Terribas, lo que llevó a la presidenta del Colegio de Periodistas de esta comunidad autónoma a solidarizarse en Twitter con la locutora de Catalunya Ràdio.
Sirera acusó entonces a Bonet de estar “al servicio del régimen” de la Generalitat, lo que impulsó a la aludida a escribir una carta al CAC en la que expresó sus sospechas sobre la parcialidad del consejero.
Lejos de posicionarse del lado de Sirera, Loppacher inició una investigación sobre estos hechos y este miércoles ha impedido su participación en el debate, según han precisado a este periódico fuentes cercanas a la autoridad audiovisual catalana.
Terribas, sin sanción
El presidente del CAC y los dos consejeros que accedieron a su puesto de la mano de los partidos de Junts pel Sí han aprobado este miércoles una resolución en la que afirman que los datos difundidos por el programa no se refirieron a ninguna actuación policial concreta, por lo que no interfirieron las actuaciones de los cuerpos de seguridad. En el documento, dejan claro que Terribas no incumplió la normativa audiovisual y, por tanto, rechazan sancionarla. Las dos consejeras designadas por Uniò y por el PSC se han inhibido de pronunciarse sobre este asunto.
Cabe señalar que el Colegio de Periodistas de Cataluña ha sido subvencionado en 2017 con 14.420 euros por parte de la Consejería de Presidencia de la Generalitat, según consta en el BOE catalán. Su postura sobre la consulta ilegal del 1-O no fue neutral, puesto que dejó claro “su apoyo a las instituciones propias de Cataluña y su derecho inalienable de autogobierno".
Tal y como ha detallado Vozpópuli en anteriores artículos, Sirera se ha opuesto durante los últimos años a varias de las decisiones tomadas por presidente del CAC, Roger Loppacher, y por los consejeros propuestos para su cargo por Junts pel Sí. En sus diversos votos particulares, ha denunciado la protección de la que gozan determinados periodistas y colaboradores de TV3 -como Empar Montaner, quien quemó un ejemplar de la Constitución en un programa de la televisión pública-, así como determinadas políticas que orden interno, como la que permite que el organismo rompa los contratos que mantiene en el caso de que le remitan sus escritos en español.
