Será este miércoles cuando los 94 candidatos a la presidencia de Radiotelevisión Española comiencen a comparecer en el Congreso de los Diputados en turnos de media hora. Cada grupo político podrá realizar a los aspirantes una serie de cuestiones que los aludidos responderán en la parte final de su comparecencia. El proceso se ha presentado como una oportunidad para elegir a un líder para la radio-televisión pública por sus aptitudes, y no por su filiación política, si bien varios de los candidatos consultados por este periódico sospechan de que la resolución de este trámite parlamentario estará dirigida desde los cuarteles generales de los partidos.
Todo lo que podía salir mal se ha torcido en este proceso, que se inició en septiembre de 2017, cuando el Congreso aprobó una modificación de la Ley de RTVE que permitía elegir a su presidente mediante un concurso público. A partir de esa fecha, se inició un período de tres meses para que los partidos pactaran el reglamento del proceso, pero se incumplió.
Entre otras cosas -coinciden fuentes de la Comisión Mixta Interparlamentaria de RTVE de esa legislatura- por el desinterés de los grupos, en especial del PP y del PSOE, en perder cuota de poder sobre la televisión pública, donde tenían el control de 8 de los 10 puestos del Consejo de Administración. Un órgano, por cierto, que se disolvió hace 31 meses.
Un largo proceso
El concurso no se convocó hasta principios del verano siguiente por las discrepancias existentes entre los partidos para pactar sus normas; y, una vez que se convocó, surgieron una serie de dificultades técnicas y legales que han retrasado una y otra vez su resolución.
De hecho, Rosa María Mateo fue designada para ejercer de administradora única provisional de RTVE durante tres meses, pero su desempeño se ha extendido durante dos años y medio. Y podría ser más tiempo si el proceso se demora de nuevo.
Algunos de los candidatos no ocultan su decepción por la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos y todavía sopesan impugnar el procedimiento, al entender que el Congreso cometió una irregularidad al revocar el resultado del concurso público que consideran que concluyó hace dos años, cuando un Comité de Expertos eligió a 20 nombres de la lista de 94 aspirantes.
Esa decisión fue la que provocó que todos ellos tengan que comparecer ahora en el Congreso. Incluso los más de 70 que fueron descartados a principios de 2019. ¿Por qué se tomó esta determinación? Porque la lista de 20 aspirantes no cumplía con el criterio de paridad y porque había 30 recursos a la resolución del Comité de Expertos que habían enfangado este trámite parlamentario.
Acuerdo complicado
La elección del presidente y de los consejeros requerirá un pacto político, pues su nombramiento deberá estar avalado por 2/3 de los diputados o senadores en una primera votación; o de una mayoría absoluta de las cámaras y el apoyo de la mitad de los grupos en una segunda ronda.
Los partidos se han tanteado en algunas ocasiones durante los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo sobre quiénes compondrán el alto mando de la corporación para los próximos seis años. Ocurrió la pasada primavera y también hace unas semanas, cuando fueron varios medios los que se hicieron eco de las conversaciones entre los partidos para 'desbloquear' el nombramiento del presidente de RTVE.
Entonces, volvieron a saltar nombres como el de Isabel Raventós -que ya trascendió hace unos meses-, Francisco Moreno, José Manuel Pérez Tornero o Ramón Colom.
Eso ha provocado que varios candidatos desconfíen de la neutralidad y de la utilidad del proceso que se iniciará este miércoles en el Congreso de los Diputados, que hará desfilar en las próximas semanas a casi un centenar de candidatos pese a que la decisión sobre el próximo Consejo de Administración ha sido negociada por los primeros espadas de los partidos con anterioridad.
