Dos torres destacan sobre el resto en el panorama mediático de Castilla y León. La de Promecal y la de Edigrup. La primera es propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo, el primer constructor encarcelado por corrupción política en la España democrática. La segunda, de José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Ambos han sido rivales empresariales y se han dedicado críticas furibundas desde los periódicos que controlan, aunque desde hace unos años gestionan, al alimón, Radiotelevisión Castilla y León (RTVCyL), un medio de comunicación que recibirá durante 2017 un total de 18 millones de euros por parte del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, según se especifica en el último informe anual de cuentas de la empresa.
Radiotelevisión Castilla y León surgió en 2009 y cuenta con la única licencia autonómica de TDT de Castilla y León, donde nunca ha operado una televisión pública. Eso explica que el Gobierno regional destine una subvención anual –a través de un contrato-programa- para “satisfacer el interés general” a través de esta empresa privada.
Desde el ejercicio 2010, esta televisión ha recibido 162,5 millones de euros de la Junta de Castilla y León para cumplir el servicio público que tiene asignado. Según figura en el Registro Mercantil, en 2010 y 2011 ingresó 25 millones de euros por ejercicio, en 2012, 22,5 millones; y en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 18 millones por año.
Su cifra de negocio fue en 2016 sensiblemente superior a la de 2015 (2,36 millones de euros, frente a 2,18), aunque su beneficio se redujo a la mitad, desde los 2,4 a 1,17 millones. La audiencia de sus canales -prácticamente residual- apenas si varió, y mientras CyL7 consiguió un 1,4% de cuota de pantalla (1,3% en 2015), La 8 registró el 0,7% (0,8%).
Dos influyentes empresarios
De su consejo de administración forman parte Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, dos poderes fácticos en Castilla y León que, pese a que salieron heridos de la crisis económica, mantienen una gran influencia en la actividad política y empresarial.
El holding del primero agrupaba en 2014 -según El País- 62 sociedades, de las que 50 se dedicaban a la construcción y a la promoción inmobiliaria; y 12 a la edición de medios de comunicación. Entre estos últimos se encuentran Diario de Burgos, Diario de Ávila, Diario Palentino, El Día de Valladolid, El Día de Segovia, El Día de Soria y la Agencia ICAL.
Ulibarri (Edigrup), por su parte, controla el centenario Diario de León, así como El Correo de Burgos, Diario de Castilla y León, Diario de Soria y Diario de Valladolid. También 14 emisoras que hasta hace unos años explotaba Punto Radio.
Desde el ejercicio 2010, esta televisión ha recibido 162,5 millones de euros de la Junta de Castilla y León para cumplir el servicio público que tiene asignado.
Sus caminos se han cruzado frecuentemente con los del Partido Popular, el partido que ostenta el poder en Castilla y León desde hace tres décadas. No hay que olvidar que Méndez Pozo fue condenado a 7 años de cárcel en 1994, después de la justicia demostrara que el entonces alcalde de Burgos, José María Peña, había prevaricado de forma continuada a la hora de repartir licencias municipales y que el principal beneficiario de sus corruptelas fue el propio Méndez Pozo. Sólo pasó 9 meses en prisión, tras obtener el perdón de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Ulibarri, por su parte, fue investigado por pagar, presuntamente, 1 millón de euros en sobornos para que una de sus empresas consiguiera la adjudicación de un terreno de 12.000 metros cuadrados en el centro neurálgico de la trama, Boadilla del Monte. Su oferta, de 35 millones de euros, prosperó pese a que hubo otras dos superiores en 4 millones de euros.
En esa parcela, su promotora, UFC S.A., erigió la urbanización de lujo Boadilla Park. El hombre fuerte de Ulibarri en esa empresa era Miguel Hernán Manovel -también lo ha sido durante años en RTVCYL-, cuñado de Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional que fue apartado del 'caso Gürtel' por su vínculo con el Partido Popular.
Son dos empresarios que emergieron desde Burgos (Méndez Pozo) y León (Ulibarri) y que han estado relacionados con graves casos de corrupción, pero que cuentan con profundos lazos con el mundo empresarial y político de Castilla y León y de la capital de España.
Su negocio de televisión -fuertemente subvencionado- ha cerrado con beneficios durante los últimos cinco ejercicios, aunque su escasa audiencia deja clara su escasa relevancia en la comunidad autónoma en la que opera.
