Rafael Wolfgang fue un (presunto) sicario venezolano que cantó pocos meses antes de suicidarse, el 13 de junio del año 2000. Lo hizo a través de una carta en la que confesaba que había sido contratado para sabotear algunas empresas constructoras de León y Valladolid; y para matar a Xosé Cuiña, entonces consejero de Obras Públicas de Galicia. El político había tenido una fuerte discusión unos días antes con José Martínez Núñez -constructor, propietario de Teconsa y amigo de Manuel Fraga- por negarse a adjudicarle una carretera, según concluyó la Guardia Civil. Era la España de la burbuja, del exceso, de las urbanizaciones kitsch, las recalificaciones y las amistades entre empresarios y políticos bien retribuidas. Entonces, hubo un grupo de constructores que pusieron las páginas de sus periódicos al servicio de su ambición y de sus negocios.
Martínez Núñez poseía el extinto periódico La Crónica de León cuando unos encapuchados cumplieron el mandato de dar un baño de fuego purificador a las instalaciones de algunos constructores de la competencia. El empresario maragato Sindo Castro vio incluso cómo un cóctel molotov aterrizaba sobre el edificio en el que residía. También sufrió todo aquello José Luis Ulibarri, propietario del Grupo Begar, cuyas dependencias fueron visitadas por unos muchachos que rompieron cristales, emplearon material incendiario y depositaron un mensaje bastante claro en un lugar visible. "Primer aviso", decía.
Eso ocurrió en febrero de 1999. Unas semanas antes la HBO estrenó la primera temporada de Los Soprano.
José Luis Ulibarri -encarcelado- se encuentra estos días en el ojo del huracán después de que se levantara el secreto de sumario sobre el 'caso Enredadera', en el que se investiga el supuesto amaño de adjudicaciones públicas en diversos municipios. De entre todo lo publicado por la prensa sobre esta operación, resulta especialmente significativo lo que alude al pinchazo telefónico que realizó la Guardia Civil sobre una de las conversaciones entre el constructor y el alcalde de León, Antonio Silván, en la que el político informa al empresario, en tiempo real, sobre la decisión de una mesa de contratación. Al día siguiente de que trascendiera el contenido de esta llamada telefónica, Diario de León dedicó su portada al dinero que gastan los habitantes de esta provincia en seguros de vida. Ni rastro de esta relevante información.
El dueño de este rotativo es Ulibarri, al igual que de las tres cabeceras de El Mundo en Burgos, Soria y Valladolid; de una quincena de emisoras de radio; y de la mitad de Radiotelevisión Castilla y León. Esta última, regada con decenas de millones de dinero público en los últimos ocho años, procedentes del departamento que hasta 2015 encabezó Antonio Silván. Evidentemente, ni sus periódicos ni su televisión se han esforzado especialmente en señalar las presuntas corruptelas de su dueño. Buen amigo, por cierto, de algunos de los políticos que tienen y tuvieron un mayor pedigrí en la Meseta Norte. Y también bien relacionado con María Dolores de Cospedal, quien le otorgó -como presidenta de Castilla-La Mancha- un contrato público de 34 millones de euros pocos meses antes de que el constructor declarara su imperio empresarial en concurso de acreedores.
Es sólo una historia de las muchas que esconde esta España en la que cada pueblo tiene su marajá; y en la que cada medio de comunicación rinde culto a una deidad. Diario de León a Ulibarri, La Crónica de León, hasta su cierre, al fallecido Martínez Núñez; y Diario de Burgos, a Antonio Miguel Méndez Pozo, otro constructor que fue encarcelado por sus chanchullos en el Ayuntamiento de la capital burgalesa, muy beneficiosos para su negocio y pagados con dinero público. Las medias verdades y las ocultaciones premeditadas suelen ser más dañinas y difíciles de detectar que las mentiras; y este tipo de prensa cae en ellas una y otra vez.
Sospechosos habituales
El problema es que esta desfachatez no es sólo propia de constructores, sino que es habitual en una gran parte de la prensa, cuyos editores utilizan sus negocios para disparar a sus enemigos y amedrentar a las Administraciones y empresas que se nieguen a pasar por caja. También está presente en esas televisiones autonómicas que son utilizadas cada día por baronzuelos y baronesas como plataforma propagandística sin el más mínimo rubor. En ambos casos, se emplea dinero público para proteger intereses personales o empresariales y evitar puñaladas traperas y derramamientos de sangre. El contribuyente paga la fiesta.
En este juego no sólo participan los políticos ambiciosos y los empresarios de provincias, sino también el 'gran poder' económico. Sirva como ejemplo el penúltimo y el último rescate financiero del Grupo Prisa, que se fraguó en el Consejo Empresarial de la Competitividad y que posibilitaron Santander, Telefónica y Caixabank. En condiciones normales, hubiera resultado embarazoso -como mínimo- explicar a los inversores el motivo de esta desastrosa apuesta por el grupo de medios más endeudado de España. Pero aquí todo el mundo sabe lo que hay y, quien más, quien menos, tiene claro que existen inversiones que son horribles en lo económico, pero muy rentables en términos de influencia.
Para muestra, un botón. Hace unos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 30 millones de euros a una decena de empresas tecnológicas, entre otras cosas, por maniobrar para ganar contratos públicos de forma irregular. Entre ellas, estaba Indra, presidida entonces por Javier Monzón, actual vicepresidente de Prisa y quien llegó a su puesto hace unos meses, tras el incremento del peso de Ana Patricia Botín en el grupo. No busquen en la edición del día siguiente de El País cualquier referencia a esta información.
Lo dicho: las empresas ajenas al periodismo no entran en el negocio por pura filantropía. Ninguna ayuda es gratis.
Las medias verdades y las ocultaciones premeditadas suelen ser más dañinas y difíciles de detectar que las mentiras; y este tipo de prensa cae en ellas una y otra vez.
Sobre el papel, los medios de comunicación públicos deberían ejercer de espejo de la realidad y de referencia para los ciudadanos que quieran informarse sin el sesgo que aplica 'la prensa de los caciques', pero, en la práctica, son un instrumento más en manos del gobierno de turno y de los grupos de influencia que estén de moda. En un momento en el que los partidos han puesto en marcha un concurso público para tratar de despolitizar RTVE –cosa que no va a ocurrir-, este asunto debería llamar a reflexión, pues una televisión pública neutral y responsable sería un buen antídoto contra los más poco escrupulosos caudillos mediáticos.
RTVE, una batalla perdida
Resulta muy penoso observar que la misma izquierda que puso el grito en el cielo con el fenómeno de las fake news -y con el papel de los tabloides en la victoria del brexit- haya demostrado tanta voracidad para controlar Radiotelevisión Española tras la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez, puesto que una televisión pública independiente y creíble sería un buen antídoto contra quienes se dedican a intoxicar para proteger sus propios intereses.
La pugna que mantuvieron el PSOE y Podemos durante los últimos días de junio para pactar un candidato de su confianza para presidir la corporación fue lamentable. Y la rapidez con la que Rosa María Mateo ha realizado una veintena de cambios en el cuadro de mando de la corporación deja claro que el único objetivo del Gobierno era tomar el control de la corporación por la vía rápida; y nunca despolitizarla.
Pero RTVE no sólo ha renunciado a ser un contrapeso de los caudillos mediáticos, sino que actúa de parte y, además, con una desidia intolerable. Sus telediarios se han convertido en un bombardeo de declaraciones políticas, de sucesos policiales, de datos macroeconómicos edulcorados y de anécdotas futbolísticas. Hace unos días, Pablo Casado soltaba la fanfarronada de que “algunos estudios” afirman que hay 1 millón de personas esperando a subirse a una patera en las costas de Libia. Lo hacía porque sabe que el peliagudo tema de la inmigración le ha reportado buenos réditos electorales a la derecha populista europea (como a la izquierda), echando leña al fuego de forma impresentable.
Lo suyo hubiera sido que la televisión pública se hubiera esforzado por arrojar luz sobre este tema, pero no ha sido así. Se va a lo barato, a lo obvio, a hablar de la ola de calor, de lo que nieva en el Puerto de Pajares en enero y del último acto intrascendente de la Familia Real. De lo que no moleste. En el memorable El camino más corto, Manu Leguineche –ejemplar reportero de medios como RTVE- cuenta cómo viaja a Argelia en los años posteriores a la ‘Guerra de Liberación’ y, al pisar el terreno y hablar con un soldado, se dio cuenta de que la euforia que rodeaba a la independencia era pura propaganda. “Antes, había en Argelia distracciones, bailes, música…Aquello se acabó. Para qué trabajar si luego no puede divertirse uno. Por aquí entran y salen gentes de todos los países que viajan libremente y tú los ves pasar y te limitas a franquearles la aduana. Este régimen, que es un socialismo de la miseria no nos gusta”.
Lejos de realizar un ejercicio similar con el caso de la inmigración, RTVE ha vuelto a recurrir a la burocracia informativa, al cruce de declaraciones. Y así ocurre con la mayoría de los temas de actualidad. Eso, cuando no se obvian, como se ha hecho con el fichaje de Begoña Gómez por el Instituto de Empresa.
RTVE no sólo ha renunciado a ser un contrapeso de los caudillos mediáticos, sino que actúa de parte y, además, con una desidia intolerable.
En un momento en el que los caudillos mediáticos conviven con los oportunistas que se han entregado al sensacionalismo para impulsar la audiencia y los ingresos de sus medios, sería fundamental que los partidos hicieran un ejercicio de responsabilidad y renunciaran a controlar la televisión pública, en pos del interés general y de la salud de una democracia acechada por las formas más fantasmagóricas de populismo.
Lamentablemente, no va a ser así y tengo pocas dudas de que, tras el citado concurso público, las formaciones políticas mantendrán su influencia en la redacción y en los altos despachos de RTVE. Tras las primeras semanas de Pedro Sánchez en el Gobierno, y tras firmar decenas de nombramientos y ceses para colonizar la Administración, no se puede decir que su afán sea precisamente regenerador. Por eso, nada cambiará en la televisión estatal. Y por eso, seguirá sin haber una vacuna contra la agitación y el marraneo al que recurren quienes utilizan la prensa para proteger sus intereses y difundir sus filias y fobias. Con los perjuicios que eso genera a los ciudadanos.
