Las reclamaciones relacionadas con la protección del catalán en la nueva Ley General Audiovisual han acaparado el discurso de los portavoces independentistas durante las últimas semanas. Sin embargo, desde la Generalitat se han realizado diferentes maniobras para lograr que el nuevo texto legal beneficie lo máximo posible a Cataluña.
Tal es así que el Consejo Audiovisual de Cataluña -controlado por el Gobierno autonómico- ha presionado para lograr que la nueva ley obligue a Netflix a financiar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) con una parte de su facturación en España.
En concreto, el organismo reclama que el 1,5% que aportarán los operadores audiovisuales de contenidos bajo demanda para financiar Radiotelevisión Española también riegue a los canales autonómicos y, por tanto, beneficie a TV3.
La cantidad sería simbólica, dado que Netflix apenas si tributa en este país una parte de sus ganancias; sin embargo, esta medida de presión podría condicionar el desarrollo de la nueva Ley de Financiación de RTVE, que prevé salir adelante en 2022 y de cuyo nuevo texto prevé beneficiarse la CCMA.
De hecho, fuentes de FORTA inciden en que esta maniobra pretende que las televisiones autonómicas entren bajo el paraguas de las medidas que puedan tomarse en la Ley RTVE, de modo que también puedan acceder a nuevas vías de financiación tras el 'derrumbe' de los ingresos publicitarios que han sufrido en la última década.
Los reguladores audiovisuales autonómicos -añaden- se utilizarán como palanca para presionar a los grupos parlamentarios en este sentido, con el objetivo de que los canales de cada comunidad autónoma puedan acceder a nuevas formas de financiación, apuntan estos informantes.
Hay que tener en cuenta que RTVE ingresa actualmente unos 125 millones de euros a través de la tasa que el Estado cobra a los operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, la nueva ley eximirá a estas empresas de mantener la televisión pública a partir de 2022 y, según cálculos internos de la corporación, la recaudación que se obtendrá a partir de la facturación de Netflix, HBO y compañía es de 7 millones anuales.
ERC se vanagloria del resultado de la negociación
En este contexto de tramitación parlamentaria, ERC anunciaba este miércoles un pacto con el Gobierno para aprobar el texto del borrador de la Ley General Audiovisual, después de haber negociado una partida estimada de 15 millones de euros anuales para producciones en catalán.
El texto también prevé la creación de un fondo para el doblaje y subtitulado al catalán de las series de las plataformas de contenidos audiovisuales bajo demanda. "Esto garantizará que estrenos como El Juego del Calamar tengan doblaje al catalán", ha expresado el partido.
Los republicanos también inciden en que el 6% del catálogo de las plataformas -aquí también añaden Movistar, Atresplayer y Mitele- deberá ofrecerse en catalán, así como el 15% de las producciones de RTVE.
Durante las últimas semanas, han sido varios medios los que han especulado con que Netflix podría recurrir a los tribunales de justicia europeos para tratar de evitar que la ley le obligue a ofrecer una 'cuota de catalán', toda vez que contravendría el contenido de la directiva europea de comunicación audiovisual.
En este sentido, llama la atención que el presidente del CAC, Roger Loppacher -excargo de CiU- ha definido como "baja" la cifra mínima del 6%, que, por cierto, actualmente sólo cumple Filmin, con sede en Barcelona.
