Radiotelevisión Española (RTVE) adquirirá los Juegos Olímpicos de Tokio por una cantidad que finalmente rondará los 60 millones de euros. Las negociaciones con la propietaria de los derechos, Discovery, no se han paralizado durante las últimas semanas, pese al aplazamiento a 2021 del acontecimiento deportivo y pese a que la corporación no dispone todavía de la partida presupuestaria necesaria para su compra.
Según han explicado fuentes del equipo directivo, el Ejecutivo se ha comprometido a compensar el déficit que genere esta operación cuando sea posible, con un método similar al que se empleaba para cuadrar el balance de RTVE antes de 2007, cuando se convirtió en corporación. Es decir, será mediante una aportación extraordinaria a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno se comprometió hace varios meses con RTVE a aprobar una partida específica para que la televisión pública pudiera emitir este acontecimiento deportivo. Sin embargo, el retraso en la tramitación de las cuentas españolas para 2020 y el posterior estallido de la crisis del coronavirus demoraron la llegada de esa remesa a Prado del Rey. De ahí que la corporación tenga que recurrir al endeudamiento.
Hay que tener en cuenta que RTVE perdió 30 millones de euros el pasado ejercicio, tal y como reconoció el pasado 11 de marzo en el Congreso de los Diputados su administradora única provisional, Rosa María Mateo.
Si el 'rescate' del Gobierno para adquirir los Juegos Olímpicos no llegara a tiempo, con toda seguridad RTVE sumaría dos ejercicios consecutivos de déficit.
La ley vigente especifica en su artículo 13 que su Consejo de Administración será cesado en caso de que las pérdidas de la corporación le obliguen a reducir su capital social; o en caso de que el resultado de un ejercicio se desvíe el 10% o más “de la compensación aprobada por la prestación del servicio público”.
Técnicamente, Rosa María Mateo no es consejera, dado que fue designada por el Parlamento, Real Decreto mediante, para cubrir la vacante que había dejado en la presidencia José Antonio Sánchez en junio de 2018. Ahora bien, si el 'rescate' del Gobierno para adquirir los Juegos Olímpicos no llegara a tiempo, con toda seguridad sumaría dos ejercicios consecutivos de déficit.
La operación de Discovery
Hay que recordar que Discovery compró en 2015 al Comité Olímpico Internacional los derechos de todos los Juegos Olímpicos de verano e invierno entre 2018 y 2024, por una cantidad que ascendió a 1.300 millones de euros.
Entre los compromisos que adquirió esta compañía con los organizadores se encontraba el de garantizar la emisión de, al menos, 200 horas en abierto de esta competición deportiva en cada país. Es decir, de más de 10 horas al día.
El problema que se encontró en España, con los JJOO de Tokio, es que las televisiones privadas no mostraron interés en realizar una inversión millonaria para emitir un acontecimiento deportivo cuyas competiciones más interesantes se celebrarán en horario de mañana. Es decir, en una franja muy alejada del prime time.
El aplazamiento de la cita de Tokio como consecuencia de la crisis del coronavirus podía haber impulsado a los responsables de la corporación a demorar la negociación
En el caso de la televisión pública, el principal inconveniente ha sido el presupuestario, dado que las cuentas de la corporación no permiten desembolsos extraordinarios y, al igual que ha ocurrido en anteriores ediciones, es necesaria una aportación especifica en los PGE para poder emitir las Olimpiadas.
El aplazamiento de la cita de Tokio como consecuencia de la crisis del coronavirus podía haber impulsado a los responsables de la corporación a demorar la negociación. Sin embargo, sus directivos optaron por pedir permiso al Ejecutivo para endeudarse y continuar con el proceso.
La operación ha causado malestar entre una parte de la cúpula de la corporación. La presión ejercida por la responsable de Comunicación, María Escario, para acelerar la negociación en este momento de crisis e incertidumbre, encargándole la negociación al director adjunto de deportes, Javier Grima (personal fijo de RTVE contratado como directivo externo), no es compartido por otros directivos, que hubieran optado por demorar durante unos meses la adquisición, según detallan los mismos informantes.
