Son un grupo de cuarenta extrabajadores de El País. A través de denuncias individuales reclaman a Prisa que les indemnice con 45 días por año trabajado y con un máximo de 42 mensualidades. Es decir, el tope que marca la ley por despido improcedente. Entre otras cosas, argumentan que el presidente del holding, Juan Luis Cebrián, y otros directivos se subieron golosamente el sueldo mientras preparaban los ERE para reducir la plantilla. Y ahora, tras la sentencia del Supremo de la pasada semana contra la compañía, confían en poder ganar en los tribunales.
El expediente de regulación de empleo que Prisa acometió en El País supuso el despido de 133 trabajadores (129 en un principio y otros cuatro que estaban de excedencia y, al reincorporarse, recibieron la fatal noticia). Contra lo esperado, la compañía les indemnizó con el mínimo legal que marca la reforma laboral: 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. De todos ellos, unos 80 decidieron llevar a los tribunales a la empresa editora. Unos cuarenta, según cifran fuentes sindicales del Grupo, ya han conseguido indemnizaciones mayores en acuerdos de conciliación que han alcanzado con la empresa. Y los cuarenta restantes han optado por no plegarse a las condiciones de la empresa y seguir batallando en sede judicial.
La sentencia
El motivo de la esperanza para los 40 exempleados que aún pelean en los tribunales es, en gran medida, que una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública la semana pasada obliga a Prisa a pagar a 23 despedidos del área corporativa indemnizaciones de 45 días y 42 mensualidades. En concreto, el fallo del Alto Tribunal ratifica otro anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ambos tribunales consideran que al despedir a 23 empleados de Prisa Corporativa la empresa vulneró los acuerdos previos firmados con los trabajadores en un proceso de mediación que puso fin a una huelga en el grupo de comunicación.
La compañía vulneró acuerdos que había firmado con los sindicatos en 2011
Tal y como estipulan las dos sentencias, en mayo y junio de 2011 Prisa suscribió unos acuerdos previos con los sindicatos UGT y CCOO. Gracias a esos pactos se terminó una huelga en marcha. En ellos ambas partes se comprometían a acometer cualquier proceso de reestructuración que afectara al volumen de empleo a través del diálogo y la negociación, con un módulo indemnizatorio de referencia de 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades. Para este fin se creó una Comisión de seguimiento de los compromisos adquiridos que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pactaran mantener su operatividad más allá de dicha fecha.
Mismo caso
Sin embargo, Prisa instó un despido colectivo en Prisa Corporativa dos meses antes, en septiembre de 2012. Y lo mismo hizo, señalan las fuentes consultadas, con el ERE de El País. Como la empresa actuó de igual manera, ahora estos 40 exempleados esperan que los diversos tribunales donde litigan con Prisa también les otorguen la razón. Otra de las cuestiones que argumentan algunos de estos extrabajadores es que los directivos de la empresa se subieron el sueldo en cantidades desorbitadas pese a los ERE en la compañía. Eso sí, en el Supremo ese argumento fue deshechado. En su día, Vozpópuli ya informó de las subidas salariales de los directivos de El País, así como sobre el abultado salario de Cebrán, señalado por los trabajadores como el gran culpable de los problemas de Prisa.
El Supremo no tuvo en cuenta el aumento desorbitado de los sueldos de los directivos
Como ya informó este diario, ha pasado un año del ERE y lo cierto es que los números no son los mejores para el rotativo del Grupo Prisa. De hecho, según las cuentas enviadas por el holding de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el periódico se ha dejado en estos doce meses 40.000 lectores y un 13% ingresos (20 millones de euros). Además, las principales cifras son iguales o sensiblemente peores que antes de los despidos.
