Castilla y León no dispone de una televisión autonómica, al contrario que otras regiones, pero la prestación de ese “servicio público” la tienen encomendada desde 2009 las empresas de dos polémicos constructores. El primero es Antonio Miguel Méndez Pozo, quien fuera encarcelado en 1994 por corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Burgos. El segundo es José Luis Ulibarri, salpicado por los casos Gürtel y Enredadera.
Entre ambos controlan una buena parte de los medios de comunicación de esta comunidad autónoma a través de los conglomerados de Promecal (Méndez Pozo) y de Edigrup (Ulibarri). Durante muchos años han sido rivales empresariales, pero confluyeron en el negocio televisivo (RTVCyL) cuando la Junta de Castilla y León de Juan Vicente Herrera decidió encomendarles el servicio público autonómico de radio y televisión, en una decisión salomónica.
Desde entonces, este medio de comunicación ha recibido decenas de millones de euros de la Consejería de Fomento para cumplir con este objetivo. Tal y como se refleja en el Registro Mercantil, en 2020 el gabinete de Alfonso Fernández Mañueco le concedió una partida de 20 millones de euros de las arcas públicas que fue un 5,3% superior a la del año anterior.
“Se ha recibido una subvención directa para el ejercicio 2020 por importe de 12.725.000 euros, la cual fue complementada con la concesión de otra subvención por importe de 7.275.000 euros, que tenía por objeto fijar los objetivos y necesidades de interés público de la televisión digital terrestre en el ámbito de Castilla y León”, expone la memoria de cuentas.
Lluvia de millones
Hay que recordar que, en 2010 y 2011, este medio de comunicación percibió 25 millones cada año, desde 2012 hasta 2018 la cantidad anual ingresada fue de 18 millones, según los datos presupuestarios de la Junta.
En 2019, el Ejecutivo regional volvió a aprobar una subvención de 18 millones y una inyección extra de 27,5 millones por la guerra del IVA que enfrente a los entes autonómicos con Hacienda. El pago de esta última cantidad se reparte en cinco anualidades, tal y como anunció el Gobierno autonómico tras su aprobación.
El importe de estas subvenciones contrasta con la escasa cifra de negocio que obtiene esta televisión por su actividad comercial. De hecho, sus ingresos en 2020 fueron de 2,2 millones de euros, frente a los 2,4 millones del año anterior.
Los gastos de personal fueron de 9,8 millones, mientras que en la partida de 'otros gastos de explotación' figura una cantidad de 6,5 millones, tal y como se recoge en sus cuentas, a las que ha accedido este periódico a través de la plataforma Insight View.
Ahí se especifica que, pese a las dificultades derivadas de la llegada de la pandemia, la empresa cerró 2020 con un resultado positivo de 137.766 euros.
Los dos constructores de la televisión
Méndez Pozo fue el primer constructor encarcelado por corrupción política en España como consecuencia de su implicación en el 'caso de la Construcción', del Ayuntamiento de Burgos. Su condena a siete años de cárcel la emitió la Audiencia Provincial en 1992 y su ingreso en prisión se produjo en 1994, después de que el Gobierno del PSOE se negara a indultarle y el Tribunal Constitucional rechazara su recurso de amparo.
La Justicia probó que el entonces alcalde del PP, José María Peña, había prevaricado de forma continuada a la hora de repartir licencias municipales y que el principal beneficiario de sus corruptelas fue Méndez Pozo, conocido ya entonces por su influencia entre los populares burgaleses.
Su estancia en la cárcel fue mucho más corta de lo esperado y a los nueve meses de su ingreso, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado. Sorprendido por la decisión, el portavoz de la Asociación de Promotores de la Construcción burgalesa -denunciante- afirmó entonces: "Habrán estimado que se ha curado ya de la enfermedad de la delincuencia".
El holding empresarial de Méndez Pozo agrupaba en 2014 -según El País- 62 sociedades, de las que 50 se dedicaban a la construcción y a la promoción inmobiliaria; y 12 a la edición de medios de comunicación. Entre estos últimos se encuentran Diario de Burgos, Diario de Ávila, Diario Palentino, El Día de Valladolid y la Agencia ICAL.
Ulibarri (Edigrup), por su parte, controla el centenario Diario de León, así como El Correo de Burgos, Diario de Castilla y León y Diario de Valladolid. También 14 emisoras que hasta hace unos años explotaba Punto Radio y ahora funcionan bajo la marca esRadio.
