La patronal de la prensa ha completado este jueves su refundación. La hasta ahora conocida como AEDE ha sido rebautizada como la Asociación de Medios de Información (AMI) y ha modificado sus estatutos para permitir la entrada de los diarios digitales. Durante los próximos dos años, estará encabezada por el presidente de Editorial Prensa Ibérica, Javier Moll, que sustituye en el cargo a José Luis Sainz, consejero delegado de Prisa, tal y como adelantó 'Vozpópuli' el pasado noviembre.
En la Asamblea de socios celebrada este jueves, sus miembros han acordado abrir la asociación a otros medios de comunicación que no estén directamente relacionados con el negocio de la prensa tradicional. Este cambio ha sido debatido durante varios meses entre sus socios, con posturas que al principio estuvieron enfrentadas.
Finalmente, se ha optado por admitir en la organización a medios digitales, tanto gratuitos como de pago, si bien todavía no se ha formalizado la entrada de ninguno.
Sus socios también han designado este jueves a una junta directiva que estará conformada por cuatro vicepresidentes: Juan Luis Cebrián (Prisa), Luis Enríquez (Vocento), Fernando Yarza (Henneo) y Antonio Miguel Méndez Pozo (Promecal), han explicado fuentes de la organización.
El nombre de este último saltó a la prensa nacional a principios de la década de 1990 por su relación con el conocido ‘Caso de la Construcción’, de la capital burgalesa. Su condena a siete años de cárcel (sólo cumplió 9 meses) la emitió la Audiencia Provincial de Burgos en 1992 y su ingreso en prisión se produjo en 1994, después de que el Gobierno del PSOE se negara a indultarle y el Tribunal Constitucional rechazara su recurso de amparo.
La Justicia probó que el entonces alcalde del PP, José María Peña, había prevaricado de forma continuada a la hora de repartir licencias municipales y que el principal beneficiario de sus corruptelas fue Méndez Pozo, conocido ya entonces por su influencia entre los populares burgaleses.
Según publicó El País, en 2014 el holding empresarial de la familia Méndez Pozo estaba conformado por 62 sociedades, de las que 50 se dedicaban a la construcción y a la promoción inmobiliaria; y 12 a la edición de medios de comunicación. Una de las joyas de la corona de su imperio mediático es Radiotelevisión Castilla y León (RTVCYL), una cadena autonómica privada a la que el Gobierno regional ha entregado varias decenas de millones de euros por ofrecer, “en régimen de gestión indirecta”, el servicio público de televisión digital terrestre.
Esta compañía está participada al 50% por Méndez Pozo y José Luis Ulibarri (imputado en Gürtel), quienes se declararon la guerra hace unos años, cuando sus intereses empresariales se cruzaron; y quienes firmaron una tregua, en 2009, para gestionar esta televisión. Desde 2010, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha concedido a este medio de comunicación subvenciones por valor de 144,5 millones de euros.
Primer discurso de Moll
En el discurso que ha pronunciado esta mañana ante los socios de la AMI, Javier Moll ha destacado la “credibilidad, veracidad, respeto y pluralidad” con que ejercen la actividad informativa los editores, frente a las prácticas de quienes han generado el fenómeno de las llamadas “noticias falsas”, algo que “la sociedad contempla atónita”.
Moll posee una de las compañías con más músculo dentro del sector de la prensa regional. Dispone de una veintena de cabeceras, entre las que se encuentran Diario de Mallorca, Faro de Vigo, La Nueva España, La Provincia – Diario de Las Palmas, Levante-EMV o Diario Información. En 2014, último año del que existe información pública sobre su empresa en el Registro Mercantil, obtuvo un resultado de explotación de 7,4 millones de euros, frente a los 9 millones que consiguió en el ejercicio anterior.
