Los portavoces de Vox han sido especialmente críticos con los medios del establishment durante los últimos meses, tanto por su línea editorial con respecto a temas como Cataluña, como por la hostilidad que han demostrado -a su juicio- hacia este partido. Hace unos días, el vicepresidente de la formación, Víctor González, afirmó que cerrarán laSexta en caso de que sea posible. Poco después, Santiago Abascal le matizó y aseguró que su compañero "se vino arriba" con esas declaraciones, pues sólo tienen previsto clausurar las televisiones públicas en caso de llegar al poder.
Este lunes, González ha participado en el debate económico que ha organizado Vozpópuli y ha puesto en cuestión la forma en la que se aprobó la fusión entre Antena 3 y LaSexta, pese a que existía un informe desfavorable de competencia. Asimismo, ha recalcado que Vox no pretende cerrar esta empresa privada, pero sí para tomar decisiones sobre las cadenas de televisión que disponen de una licencia que les permite emitir en el espectro radioeléctrico -público- y que la emprenden "contra la unidad de España" y cuestionan los símbolos del país.
Cabe recordar que las licencias de las que disponen Atresmedia, Mediaset, Veo TV y Net TV -salvo las de BeMad y Atreseries- les fueron otorgadas en 2010, después de que el Consejo de Ministros decidiera actualizar la concesión que habían recibido en los años anteriores.
El Acuerdo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue impugnado por varias empresas del sector, que consideraron que la transformación de las 'concesiones' en 'licencias' era ilegal, dado que se había realizado sin la convocatoria de un concurso público mediante. El Tribunal Supremo dio la razón a los recurrentes y ordenó clausurar nueve canales de la TDT.
Todo parece indicar que el Alto Tribunal iba a cerrar otros ocho canales más, pero en 2015 Atresmedia, Mediaset, Vocento, Unidad Editorial y Cellnex llegaron a un acuerdo extrajudicial con los demandantes para que retiraran los recursos a cambio de una indemnización de 30 millones de euros.
La concesión de La Sexta
Dentro del informe de gestión anual de Atresmedia se explica que -tal y como indica la ley- la licencia que La Sexta obtuvo en 2010 tiene una vigencia de 15 años, por lo que no expirará hasta 2025.
La Ley General Audiovisual (7/2010) detalla que estas licencias se renovarán de forma automática una vez transcurridos estos 15 años, siempre que el prestador del servicio haya cumplido con las condiciones que le fueron exigidas en el momento en el que se le otorgó esta concesión y esté al corriente de pago de la Tasa Radioeléctrica, con la que, entre otras cosas, se financia a Radiotelevisión Española.
La renovación también podría quedar en entredicho en caso de que existan "obstáculos técnicos sobrevenidos e insalvables" en relación con el espectro en el que se emite el canal de televisión en cuestión.
La ley también abre la puerta a que las licencias no se renueven de forma automática y se saquen a concurso en caso de que el espectro radioeléctrico esté agotado, de que exista un tercer operador interesado en la concesión o de que el propio licenciatario haya solicitado previamente su intención de dejar de utilizar ese bien público.
En teoría, esta situación crea cierta incertidumbre en estas empresas. Sin embargo, en la práctica apenas si existen posibilidades de que cualquier gobierno le retire una licencia a uno de los principales canales de la TDT, tanto por el precio que pagaría por el hecho de granjearse un enemigo mediático, como por la escasez de competidores que existen dentro del mercado de la televisión en abierto, donde la mayoría de las empresas mantienen alquileres encubiertos con las 'major' estadounidenses -como Disney, Discovery o Paramount- ante la falta de voluntad para realizar contenidos propios, dada la fuerte inversión que requiere, detallan fuentes del sector audiovisual.
La polémica decisión del Consejo de Ministros
Sea como fuere, Víctor González también se ha referido hace unas horas a la forma en la que fue autorizada la fusión entre Antena 3 y La Sexta a principios de la actual década. Entonces, el Consejo de Ministros dio su visto bueno a este proceso, en contra del criterio de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).
"La desaparición de La Sexta como oferente de espacios publicitarios televisivos que pasarán a ser gestionados por Antena 3, unido a la prohibición a TVE de emitir publicidad desde el 1 de enero de 2010, otorga a Antena 3 tras la operación de concentración una cuota de mercado superior al 40% en términos de ingresos en 2011 y, en consecuencia, el bloque de publicidad televisiva en manos de Antena 3 alcanzará tal envergadura que se reforzará su carácter imprescindible para una parte muy significativa de los anunciantes”, explicaba en una resolución de 2012.
Ese proceso impulsó la creación de una situación de duopolio en la TDT, en la que Atresmedia y Mediaset aglutinan el 85% de los ingresos con el 55% de la audiencia, algo que ahoga a los pequeños competidores, según han denunciado varios de ellos, agrupados en una asociación encabezada por Blas Herrero (DKiss).
Precisamente, la CNMC tiene actualmente en sus manos un expediente sancionador contra las dueñas de Telecinco y Antena 3 por las presuntas prácticas colusorias de la competencia que han realizado durante los últimos años, que podría derivar en multas millonarias.
Según ha detallado El Español, Competencia habría probado las infracciones contra la competencia que han realizado Atresmedia y Mediaset y estaría actualmente barajando un acuerdo con estas empresas por el que ambas se comprometerían a corregir determinadas conductas a cambio de evitar una multa que podría ascender a varias decenas de millones de euros.
