La publicidad institucional ha sido tradicionalmente el mejor bozal para asegurar que la prensa no ataca a destiempo o a quien no debe. El poder político –también el económico- sabe muy bien que a los medios es mejor atarlos en corto y que no existen razones mucho más convincentes que unos cuantos miles de euros encima de una mesa. Especialmente si quien los recibe atraviesa una mala racha y tiene dificultades para llegar a fin de mes. Recientemente, se ha publicado la Memoria de Publicidad Institucional 2017 de la Generalitat de Cataluña y, una vez más, se puede apreciar que quienes han demostrado una mayor fidelidad hacia la causa independentista han recibido un premio mucho mayor que quienes han criticado por sistema a los partidos que la encabezan. La actitud no es nueva ni infrecuente, pero no por ello deja de ser censurable, pues supone utilizar dinero público para comprar voluntades, castigar a los críticos y manipular indirectamente a la opinión pública. Pero así funciona la política y así se nutre este negocio, demasiado orgulloso de sí mismo y demasiado falto de autocrítica, pese a todo.
Atribuir a la Generalitat la exclusividad de esta conducta sería mentir, dado que son muy diversas las Administraciones que utilizan el dinero público para ganar amigos en la prensa o para engordarlos sin excesivo disimulo. Además, el Gobierno de esta comunidad autónoma publica desde 2016 un listado con los fondos que asigna a cada una de las empresas mediáticas, algo que no hacen otras autonomías ni el propio Ejecutivo, a sabiendas de que siempre supone un reconocimiento de las complicidades y las enemistades.
Los dirigentes secesionistas siempre han sido conscientes de la importancia de disponer de un buen grupo de aliados en los medios de comunicación, tanto dentro de la región como fuera de España, de ahí que hayan regado a las empresas afines con decenas de millones de publicidad institucional y con otros tantos que han concedido por la edición de publicaciones en lengua catalana. Eso, entre otras cosas, ha permitido la proliferación de publicaciones digitales con el dominio ‘.cat’ que han defendido sin excesivos miramientos la estrategia hacia la independencia trazada en el Palacio de la Generalitat.
Mientras Moncloa era incapaz de transmitir un discurso convincente que fuera capaz de espantar el fantasma del ‘rupturismo’ entre la ciudadanía, los gobiernos Artur Mas y Carles Puigdemont pagaban incluso la ampliación de las plantas de impresión de la prensa simpatizante y organizaban jornadas de disfrute y catequesis para los corresponsales extranjeros. La diferencia, en este sentido, ha sido abismal.
Premio a la fidelidad
Son varios los aspectos que llaman la atención de la última memoria de publicidad institucional de la Generalitat. El medio de comunicación mejor pagado fue El Punt Avui, el gran aliado en prensa de Puigdemont –trabajó allí- y para el que Quim Torra firmó diversos artículos hasta finales de abril. A la edición impresa de esta cabecera le correspondieron 2,5 millones de euros en 2017, a la digital, 253.947 euros y a su televisión, 402.637. Su botín fue el 24,1% superior que en 2016. Sobra decir que su línea editorial ha estado siempre alineada con los intereses del Govern.
Otro de los diarios que recibió un premio mayor que el ejercicio anterior fue Ara, que ingresó 1,58 millones de euros a través de su edición en papel y la digital, es decir, un 12,8% más. El diario digital de José Antich, Elnacional.cat, fue premiado con 427.473 euros (+8,8%);´y El Vallenc, la publicación que fue investigada por la Guardia Civil por su presunta relación con la organización del referéndum del 1-O, con 16.753 euros (+9,9%). Por su parte, Elmon.cat, donde Quim Torra escribió algunos de sus artículos xenófobos más criticados, facturó 100.381 euros a la Generalitat, el 16,5% más.
El incremento fue sustancialmente mayor que el de La Vanguardia (+2,4%), el periódico más leído en Cataluña, pero el cual obtuvo menos fondos públicos que El Punt Avui. En concreto, fueron 2.078.579 euros. En este sentido, no hay que olvidar que este rotativo se opuso a la declaración unilateral de independencia; y que la familia Godó realizó diferentes maniobras a finales del año pasado para que en Madrid se les desligara del independentismo con el que coqueteó La Vanguardia durante la última etapa como director de José Antich.
Mientras Moncloa era incapaz de transmitir un discurso convincente que fuera capaz de espantar el fantasma del ‘rupturismo’ entre la ciudadanía, los gobiernos Artur Mas y Carles Puigdemont pagaban incluso la ampliación de las plantas de impresión de la prensa simpatizante y organizaban jornadas de disfrute y catequesis para los corresponsales extranjeros.
El periódico enemigo
Resulta significativo el recorte en la aportación a El Periódico de Cataluña, que en 2017 logró publicidad institucional por valor de 1,68 millones de euros, frente a los 3,21 que facturó en 2016. El periódico del Grupo Zeta es el más vendido en los quioscos de esta comunidad autónoma, pero ha recibido duras críticas por parte de los independentistas por su oposición a su hoja de ruta hacia la secesión. El año pasado, entre otras cosas, también reveló las mentiras de Carles Puigdemont sobre el atentado de La Rambla.
Los medios constitucionalistas recibieron mucho menos dinero, en conjunto, que las principales cabeceras pro-soberanistas. El País, ABC, La Razón y El Mundo ingresaron, en suma, por sus ediciones impresas 147.570 euros, una cantidad que es inferior, por ejemplo, a la de Diari de Tarragona (171.497). No se puede decir que estas cabeceras nacionales sean maltratadas de la misma forma en otros puntos de España, pero lo cierto es que en Cataluña no se puede decir que el Govern sea especialmente generoso con sus editores.
También llama la atención que el año en que el PdeCAT, ERC y la CUP convocaron el referéndum secesionista y materializaron la DUI, el 27 de octubre, la Generalitat destinara a la prensa escrita internacional 434.821 euros (+14,2%), mientras que a la digital, 547.463 (+49,8%). Desde luego, sus dirigentes eran conscientes de la importancia de vender su mensaje en el exterior.
Resulta difícil pensar que las publicaciones cuya supervivencia depende del dinero público se arriesguen a morder la mano que les da de comer. Especialmente, en un momento en el que los medios de comunicación se enfrentan a un cambio en su modelo de negocio que pone en riesgo su futuro. Esta situación ha sido aprovechada por las Administraciones de toda España para entablar alianzas que no se desgastarán mientras a los editores les siga llegando el abundante maná de la publicidad institucional. Los independentistas han jugado bien sus cartas en este sentido y, a través de una potente armada mediática, han logrado generar un estado de opinión en esta región que ha servido para persuadir a una parte de la población que, donde hay un abismo, se encuentra la arcadia. Algo lamentable.
