Más de seis años después de que el Consejo de Ministros aprobase el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión, cinco comunidades autónomas siguen sin adjudicar las licencias FM de radio que les corresponden. Se trata de en torno a 400 frecuencias que no han sido adjudicadas dado que los gobiernos regionales no han resuelto el concurso, se han visto obligados a anularlo o a volver a convocarlo tras quedar desierto. Los territorios afectados son Galicia, Castilla y León, País Vasco, Valencia y Murcia. Navarra, por su parte, ha salido de la lista hace sólo una semana tras repartir un total de 44 permisos.
En los últimos años, estas autonomías iniciaron los concursos para el reparto de nuevas licencias de radio y adaptar la distribución del espacio radioeléctrico sobre el que tienen el control a la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. Pero pese a haber su puesta en marcha, tras meses de trámites burocráticos, muchos de estos concursos siguen sin resolverse, una cuestión que impide el desarrollo de diferentes proyectos empresariales del sector de los medios de comunicación, tal y como denuncian diferentes firmas que han concurrido a dicha convocatorias. La evolución de estos procesos puede seguirse actualizada a través del despacho especializado Diez & Romeo, abogados que han constatado como se han dilatado en el tiempo el reparto de las nuevas licencias FM.
La pasada semana, terminó el plazo para que la Xunta que preside el popular Alberto Nuñez-Feijóo resolviese el concurso convocado el pasado verano por el que se licitaban 84 licencias FM, pero el proceso está en la actualidad paralizado, tal y como confirmaron a Vozpópuli fuentes del gobierno regional. En Castilla y León, por su parte, el proceso lleva una demora de dos años sin ningún tipo de justificación. En Euskadi, por su parte, la reciente adjudicación acaba de ser anulada con la llegada al Gobierno por parte del PNV, que han tumbado la convocatoria del socialista Patxi López.
La FeSP pide una modificación de la Ley del audiovisual
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) considera necesaria una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, para impedir casos como el de ABC Punto Radio, “que recibió del Gobierno la concesión para emitir pero ahora va a cerrar la cadena y, en vez de tener que ‘devolver’ esa licencia, va a hacer negocio con ella al alquilar los postes de retransmisión a la cadena Cope”. Vocento, tal y como recuerda la federación en su web, ha argumentado que cierra sus emisoras y alquilará los postes, debido a las pérdidas continuadas y a la inviabilidad del proyecto como consecuencia de la grave situación económica del sector.
Aunque se trata de una operación comercial legal gracias la citada Ley Audiovisual, “es injusta e impresentable porque va a permitir que ABC Punto Radio haga negocio y obtenga un sustancioso beneficio por alquilar un espacio radioeléctrico que pertenece al Estado”, destaca el FeSP. “Esta operación pone de relieve de nuevo las carencias de una Ley General de la Comunicación Audiovisual que permite alquilar a otra empresa una concesión administrativa”, añade. La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP pide la modificación de esa, ley para impedir que el adjudicatario de una licencia de radio o televisión pueda alquilarla cuando no quiera o no pueda explotarla, sino que revierta al Estado para que la adjudique en un nuevo concurso público.
