Las asociaciones que agrupan a las radios y televisiones comerciales españolas, AERC y UTECA, han expresado este viernes su malestar por las enmiendas propuestas por la Comisión de Cultura -consensuadas varias de ellas por los principales grupos parlamentarios- para el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. A su juicio, estas propuestas suponen un trato de favor a las entidades de gestión de derechos de autor y abren la puerta para que incrementen las tarifas que cobran de estas empresas por la utilización de sus contenidos.
Las fuentes del sector radiofónico y televisivo consultadas por Vozpópuli explican que el tema de la fijación de tarifas es complejo y que ha provocado un tira y afloja entre ambas partes que se ha prolongado durante más de dos años.
El frente principal de esta batalla se inició en junio de 2016 cuando la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) presentó a las televisiones una propuesta de tarifas que aumentaba el 18,5% el precio por utilizar los contenidos sujetos a derechos de autor. Poco después, la entidad aprobó unas nuevas tasas que eran casi un 40% superiores a las que se abonaban en 2015, lo que se enfrentó al rechazo de los medios de comunicación.
Desde entonces, las partes han mantenido un conflicto que se ha avivado, aún más, después de que trascendieran las enmiendas pactadas -en su mayoría- por los partidos políticos. "Las enmiendas presentadas, no sólo alteran los criterios que han de regir la fijación de las tarifas generales que aprueban unilateralmente las entidades de gestión, sino que modifican la actual composición del único organismo regulador independiente competente para evaluarlas y, en su caso, fijarlas en caso de conflictos: la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI)", lamentan las televisiones y radios comerciales.
Y añaden: "Con ello, se pretende devaluar a esta Comisión, limitando su capacidad de acotar tarifas desproporcionadas, impidiendo los abusos de las entidades de gestión, ya sancionados por nuestros tribunales y las autoridades de competencia".
A su juicio, esta decisión pone de manifiesto la capacidad de influencia de las entidades de gestión - y la permeabilidad a ella de los partidos políticos- temerosas de que nadie, y menos un organismo regulador independiente, pueda limitar sus prebendas y ponerlas en pie de igualdad con el resto de sectores económicos.
