Entender la política de comunicación del Gobierno requiere un profundo ejercicio de fe. El pasado 6 de enero, durante la celebración de la Pascua Militar, María Dolores de Cospedal reconocía la existencia de una nueva Guerra Fría en el mundo en la que los atacantes tratan de desestabilizar a sus enemigos a través de la difusión de cientos y cientos de patrañas. De ahí que el Ejecutivo haya anunciado su intención de redoblar esfuerzos para combatir las ‘fake news’. Unos días antes de que la ministra de Defensa pronunciara estas palabras, Moncloa desbloqueaba las ayudas que recibe la armada mediática independentista para la edición de prensa digital en catalán. Es decir, aprobaba el reparto de unas subvenciones que le han servido a los soberanistas durante los últimos años para tener aliados a lo largo y ancho de esta comunidad autónoma. Dispuestos a todo, puesto que su supervivencia depende, en gran parte, de este dinero público.
Las citadas ayudas se convocaron en el primer semestre de 2017 y fueron concedidas provisionalmente el pasado julio. Entonces, se pidió a los beneficiarios que aportaran una serie de documentación para poder hacer efectivo el ingreso. Mientras completaban este trámite, el Ministerio de Hacienda ordenó el bloqueo de esta partida -como parte de las medidas de tutelaje económico de la Generalitat-, lo que puso entre la espada y la pared a una parte de estos medios. Por alguna razón, el Ejecutivo aprobó su distribución el pasado diciembre. En primer lugar, dio luz verde a las subvenciones destinadas a prensa, radio, televisión y a las asociaciones que distribuyen contenidos en catalán. Unos días después, a las que disfrutan los periódicos digitales. Las primeras ascendían a más de 7 millones de euros. Las segundas, a casi 2 millones.
Las asociaciones que representan a los medios de comunicación afectados (APPEC, ACPC y AMIC) habían dejado claro que los beneficiarios “habían cumplido los plazos y los requerimientos” de la convocatoria, que, por otra parte, se ajustaba perfectamente a la ley. Por lo tanto, habían sugerido la posibilidad de tomar medidas legales contra el Ejecutivo si se negaba a abrir el grifo. A la vista de esa amenaza, los responsables de administrar la Generalitat desde que se aplicara el artículo 155 dieron el visto bueno al reparto, según han precisado a este periódico fuentes conocedoras de las conversaciones.
Sin rumbo
Mariano Rajoy aún no se ha dado cuenta del efecto desestabilizador de la prensa indenpendentista. O, aún peor, su Gobierno no está dispuesto -o directamente es incapaz- a combatir con firmeza a este ejército de la intoxicación.
Seis años después de ser investido presidente, todavía no ha entendido la importancia de la comunicación ni ha sabido aplicar el antídoto adecuado para neutralizar el veneno mediático independentista. Desde que llegó a Moncloa, ha sido un presidente metido en la burbuja, aislado y apartado de los focos. El mandatario del plasma. El que no ha tomado plena consciencia del alto precio que paga el país por su desesperante pasividad para con la armada mediática de la Generalitat.
Todo lleva a pensar que Mariano Rajoy aún no se ha dado cuenta del efecto desestabilizador de la prensa independentista. O, aún peor, que su Gobierno no está dispuesto a combatir con firmeza a este ejército de la intoxicación.
A su mesa llegaron papeles que advertían de que esta bestia se estaba desarrollando de forma preocupante. La crisis impactó con fuerza en Cataluña, qel malestar se apoderó de una parte de la población y la infección del populismo nacionalista comenzó a extenderse de forma epidémica. En estas condiciones, los mensajes de TV3, de Catalunya Ràdio y de los -muy beligerantes- medios clasificados con la etiqueta ‘.cat’ se aferraron como lapas a la piel de los ciudadanos.
Mientras el ‘Arriolismo’ aconsejaba el perfil bajo y la patada hacia adelante, los soberanistas apostaban por tergiversar la realidad. Sabían bien lo que había que hacer. Y lo hicieron bien. En junio de 2011, Artur Mas tuvo que entrar al Parlament en helicóptero porque la multitud –indignada por los recortes del gasto social- le impidió hacerlo por la puerta. Seis años después, en ese mismo lugar, cientos de personas aguardaban ansiosas a que Carles Puigdemont realizara la declaración unilateral de independencia. Es la mejor prueba de su capacidad de dar la vuelta a la tortilla y describir la realidad en función de sus intereses.
Golosinas para la prensa
El expresident ató en corto a TV3 a sabiendas de que es un arma temible. También creó Diplocat, que planificó exposiciones en parlamentos de varios países, sufragó artículos en defensa de la independencia en la prensa internacional y pagó viajes 'a todo tren' a los corresponsales extranjeros para ganarse su corazón. Incluso envió libros y rosas a unos cuantos mandatarios de la Unión Europea por Sant Jordi para demostrar que aquello que se cocía en Cataluña no era algo hostil, sino amable y legítimo. Mientras tanto, Rajoy las veía venir y hacía caso a consejeros que le sugirieron medidas tan disparatadas como evitar que sus portavoces pisaran los platós de televisión.
Tras la multitudinaria manifestación de ‘la Diada’ de 2012, quien más, quien menos, sabía que el tema catalán había entrado en una deriva peligrosa y amenazaba con enquistarse. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno para intentar neutralizar a los cañones mediáticos que espoleaban ese movimiento soberanista? ‘Hacer mutis por el foro’. Como diría aquel, el ‘patadón pa’lante'.
Durante estos años, la Generalitat ha repartido cientos de millones de euros entre la prensa afín y ha creado y engordado decenas de pequeños medios digitales que han difundido de forma incansable la postverdad independentista. Sólo el dinero público explica que una parte de esta ‘Brunete mediática’ haya podido subsistir. Es el caso de Nació Digital, un periódico que en 2016 recibió 778.651 euros de la caja fuerte autonómica, que representaron el 92% de sus ingresos. ¿Qué ha hecho Moncloa para evitar que la Generalitat engordara a sus aliados de una forma tan descarada y reprobable?
Las ayudas a la edición en idioma catalán llegan a medios y asociaciones de todo pelaje. Desde a los grandes grupos como Godó y Zeta, hasta a las gacetillas parroquiales.
Las ayudas a la edición en idioma catalán han llegado a medios y asociaciones de todo pelaje. Desde a los grandes grupos como Godó y Zeta, hasta a las gacetillas parroquiales. Esto último no lo digo en sentido figurado. En 2016, la revista Presència Evangélica ingresó casi 3.000 euros en este concepto. En su web, asegura que, por principios, no hace política. Sin embargo, no ha dudado en defender a ‘los Jordis’ y en pedir al Ejecutivo que respete las aspiraciones de los catalanes.
El ínclito Joan Puig escribió en octubre en la web Directe.cat –puro sensacionalismo- que sólo estaba dispuesto a acatar las leyes de la República de Cataluña. Pocas semanas después, el Gobierno daba luz verde a las subvenciones que han ayudado a consolidar este proyecto periodístico. La actuación denota cierto masoquismo.
Castillo de arena
Lo más paradójico es que una buena parte de estos medios se sustentan en un sectarismo fácilmente desmontable. Pero para lograrlo hacen falta argumentos. Los que en Moncloa no han sabido distribuir. Provoca sonrojo escuchar a una parte de los periodistas y portavoces de tertulia que el PP permite que defiendan sus intereses. A Rahola no se le combate con Rahola. Ni a TV3 con la TVE de José Antonio Sánchez. Es necesario un discurso consistente y creíble con el que desinflar la burbuja independentista. Y es necesario neutralizar las fake news separatistas para evitar que el monstruo siga ganando fuerza.
Por eso resulta difícil de entender la decisión del Ejecutivo de desbloquear las ayudas a la prensa digital en catalán. Máxime a pocas semanas de iniciar –sobre el papel- la retirada gradual del ‘155’.
Las fuentes consultadas de los principales grupos mediáticos de esta comunidad autónoma no se explican muy bien el motivo de la decisión. “En un momento del año en el que casi no entra publicidad institucional (el plan 2018 aún no se ha aprobado), servirá para sacar de apuros a los pequeños digitales independentistas”. ¿Cree el Gobierno que amansará a las fieras con esta decisión?
