Radio Televisión Castilla y León, compañía adjudicataria de la licencia de emisión de la Televisión Digital Terrestre en dicha autonomía desde 2009, despedirá este viernes a 17 profesionales de una plantilla de en torno a 370 empleados como consecuencia de la reducción presupuestaria de la partida acordada con el Gobierno regional. Fuentes de la empresa y de la representación de los trabajadores aseguran que la dotación económica pública para 2013 será de 18 millones de euros, cerca de un 20% menos que el ejercicio precedente. La Junta de Castilla y León se ha negado a responder a Vozpópuli al intentar contrastar dicha información de carácter público.
Varias fuentes regionales, no obstante, ponen de manifiesto que la consejería de Fomento mantiene el pago de 11,25 millones de euros previsto y que abonará por concepto de “contenidos de interés público en TDT”. La merma en los pagos se llevará a cabo en los acuerdos comerciales que desde enero de 2012 completan el montante firmado en el contrato-programa, unos desembolsos que se efectúan fuera del proyecto de presupuestos generales de la Junta de Castilla y León. Fuentes de RTVCyL explican que el Ejecutivo que preside el popular Juan Vicente Herrera se ha comprometido a que el montante final será de 18 millones de euros. Entre 2009 y 2012, la cadena autonómica privada ha recibido fondos públicos por valor de 92,5 millones.
Pero tanto los gestores de la televisión de la que son dueños al 50% los empresarios Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, como determinadas fuentes de la Junta de Castilla y León, dudan de que el pacto se cumpla. RTVCyL ha advertido a su comité de empresa que si la Junta incumple lo apalabrado llevará a cabo una nueva regulación de empleo, la cual se sumaría a la de los 17 despidos de este viernes y a la de los 37 ejecutados en diciembre de 2011 tras recibir una sanción de Hacienda por impago de 10 millones de euros de IVA.
Indemnizaciones de 45 y 33 días
Los 17 despedidos, de los cuales 4 son bajas voluntarias, recibirán la indemnización máxima posible. Serán de 45 y 33 días en base a la nueva normativa impuesta con la última reforma laboral. Costará en torno a 300.000 euros a la compañía. Los jefes, además, verán reducido su sueldo en un 10% de media. Fuentes sindicales celebran que las salidas forzosas tengan lugar en las mejores condiciones, pero advierten de que RTVCyL ha elegido esta opción para evitar presentar un expediente de regulación de empleo (ERE), formalidad con la que podría ahorrar dinero en indemnizaciones, pero que obligaría a la empresa a mostrar con total trasparencia sus cuentas. Además, por ley no podría llevar a cabo otro expediente en nueve meses, lo que impediría los nuevos despidos colectivos que implicaría que la Junta no abonase lo pactado.
Problemas con Hacienda
Los consejeros delegados mancomunados de RTVCyL, Miguel Hernán Manovel y Gregorio Méndez, solicitaron a la Junta de Castilla y León que asumiera parte de los 10 millones de euros en IVA reclamados por Hacienda. La Agencia Tributaria considera que los pagos de la Junta de entre 2009 y 2011 correspondían a una prestación de servicios y no a una subvención como se había computado. RTVCyL pleitea en la actualidad en los tribunales para evitar su pago. Los empresarios negociaron con la Junta que ellos pagarían cerca de 7 millones, mientras que la cuantía restante se la compensaría el Ejecutivo. Pero el Gobierno regional ha rechazado esta opción por falta de fondos y tendrá que ser la empresa quien cargue con este coste, según fuentes del sector. Las productoras con las que Méndez Pozo y Ulibarri (Promecal y Edigrup) gestionan la televisión preveían unas ganancias de 400.000 euros cada una para 2012, pero finalmente cerrarán el ejercicio con unas pérdidas conjuntas de en torno a 3 millones de euros tras repercutir estos millones extra inesperados. La matriz de RTVCyL, participada al 50% entre los citados editores, perderá, por su parte, 1 millón de euros.
