La convocatoria del concurso por el que se adjudicarán seis nuevas licencias para la TDT antes de final de año no ha achicado la brecha existente entre el Gobierno y las televisiones privadas. Estas empresas reclaman a Mariano Rajoy que blinde su situación predominante en el panorama audiovisual español pero, lejos de atender sus peticiones, ha iniciado un procedimiento que podría culminar con la entrada de nuevas compañías en el mercado con las que tendrían que repartirse la publicidad y la audiencia, dos variables fundamentales en este negocio que hoy controlan en su inmensa mayoría.
Esta subasta de canales no calma su sed, pero les mantiene en vilo, algo especialmente interesante para el Ejecutivo a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales; y a meses de las generales. Esto no significa que las televisiones vayan a someterse a los dictados del Ejecutivo, como ocurre con los medios de comunicación mantenidos por publicidad institucional, pero quizá les haga más permeables a las presiones gubernamentales que ellas mismas reconocen que reciben "a diario".
El tira y afloja entre el Gobierno y las televisiones
Varias fuentes del sector recuerdan que las televisiones y el Ejecutivo han mantenido durante los últimos meses diversos desencuentros. Las empresas atribuyen a la inacción de Moncloa el cierre de canales de sufrieron el pasado mayo y le culpan de la “inseguridad jurídica” que sufre el sector. Por su parte, Mariano Rajoy y su equipo les responsabilizaban del crecimiento de Podemos y de movimientos sociales contestatarios, dado el protagonismo que les han concedido en su parrilla por su actitud de “todo por la audiencia”.
Las conversaciones entre ambas partes se han desarrollado por separado durante los últimos meses debido a que UTECA -su patronal- está “herida de muerte” por la guerra fratricida existente entre Atresmedia y Mediaset, la cual se explica en los diferentes intereses que tienen ambos grupos en algunos temas importantes, sostienen los mismos informantes.
Mariano Rajoy responsabiliza a las televisiones del crecimiento de Podemos; y éstas le culpan de haber perdido nueve canales
En cualquier caso, la principal petición que han trasladado al Ejecutivo es que elabore un Decreto-Ley que anule el artículo de la Ley Audiovisual por el que se vincula el espacio en el múltiplex que reciben estas empresas al obtener una licencia de emisión con el número de canales que explotan.
¿Qué quiere decir esto? Que si una de estas compañías pierde un canal por una sentencia judicial o lo cierra, sin más, porque considera que no le ofrece buenos resultados pueda conservar la porción del espacio radioeléctrico en el que se ubicaba, bien para proyectar una nueva cadena, o bien para alquilarlo a una tercera empresa.
Las televisiones privadas quieren que el Gobierno garantice que, si el Tribunal Supremo ordena próximamente el cierre de ocho canales, puedan conservar el espacio en el que se sitúan. Ahora bien, eso “supondría legislar en favor de un grupo de presión, con unos intereses concretos” y entorpecería la entrada de nuevos competidores en el mercado, lo que podría generar a España un problema con la Comisión Europea, tal y como avanzó este periódico; y tal y como saben los abogados del Estado.
Un problema que originó el Gobierno de Rodríguez Zapatero
Las diferencias existentes entre el poder ejecutivo y las empresas que emiten en la televisión en la TDT no son flor de un día. Radican en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó a los operadores de televisión una serie de canales “a dedo”. Es decir, sin someter el procedimiento a un concurso, en una acción que se interpretó como un modo de ganarse el favor de estas influyentes empresas. Oficialmente, lo hizo con el objetivo de potenciar la oferta de este nuevo sistema de televisión, aunque de una forma que bordeaba la legalidad.
El Tribunal Supremo se pronunciará en las próximas semanas sobre el cierre de ocho cadenas de la TDT
En 2010, una vez completado el apagón analógico, el Ejecutivo optó porque conservaran los canales, lo que llevó a varias compañías del sector de las telecomunicaciones a emprender una batalla judicial cuyo punto culminante llegó en diciembre de 2013, cuando el Tribunal Supremo ordenó el cierre de nueve de esas cadenas. Se hizo efectivo 18 meses después.
Las empresas que iniciaron el pleito -que reclaman el libre acceso al sector de cualquier interesado en emitir en abierto- mantienen un proceso contra otros ocho canales de la TDT que se encuentra en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, y que se resolverá en las próximas semanas.
En caso de que las televisiones lo pierdan, Mediaset se vería obligada a cerrar FDF, Divinity, Energy Boing; y sólo mantendría en antena Telecinco y Cuatro. Por su parte, Atresmedia clausuraría Neox y Nova y se quedaría con Antena 3, La Sexta y la licencia que tiene alquilada a Mediapro (GolT) y que recuperará a final de año.
Las otras dos compañías afectadas, NetTV y VeoTV, perderían un canal por cabeza, lo que podría conllevar el cierre de 13TV, la cadena de la Conferencia Episcopal, que emite en abierto gracias al alquiler de una de las licencias que posee VeoTV (Unidad Editorial).
