Enorme nerviosismo en el sector audiovisual. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto de la TDT es inminente, como informó Vozpópuli el pasado fin de semana. Y en las televisiones privadas están que trinan con la posibilidad de que el Alto Tribunal confirme que hay que eliminar nueve canales, como ya hizo antes, o incluso aumente el número de licencias que deben suprimirse. La mera posibilidad de que esto ocurra ha encendido todas las alarmas en el sector. De momento, el Gobierno, que tendrá la última palabra en esta espinosa cuestión, guarda un escrupuloso silencio tras las declaraciones en sentido contrario que han hecho en los últimos tiempos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Industria, José Manuel Soria.
El pasado marzo, el Ejecutivo anunció que ejecutaría una sentencia del Tribunal Supremo que supone, en la práctica, una nueva reordenación del número de canales que pueden emitir en TDT. En total, se tendrían que eliminar nueve canales de los actuales. Y ello afectaría gravemente a los intereses de las televisiones privadas. Estas, agrupadas en la patronal Uteca, son parte personada en la causa y esperan que, diga lo que diga el Supremo, el Gobierno se avenga a no reducir el espacio radioléctrico. El presidente de Atresmedia, José Manuel Lara, lo dejó claro hace unas semanas en unas jornadas organizadas por la propia Uteca.
En 2012, el Alto Tribunal decidió anular el reparto de canales que en 2010 acometió el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, las dos partes afectadas, la empresa que pedía la anulación y Uteca presentaron sendos recursos. Y resulta que, siempre según fuentes del sector, se espera que el Supremo tome una decisión definitiva en los próximos días o las próximas horas. Todas las fuentes consultadas dan por hecho que el tribunal se pronunciará antes de que acabe el año.
Si el Supremo ratifica que solo hay que eliminar nueve canales, los más perjudicados serían Atresmedia y Mediaset. El conglomerado presidido por José Manuel Lara perdería tres canales, el grupo de capital italiano se quedaría sin dos, Vocent-Net Televisión también perdería dos y otro tanto le pasaría a Unidad Editorial-Veo TV. El pasado marzo, en plena ebullición del caso Bárcenas, el Ejecutivo sorprendió a propios y extraños con su anuncio de ejecutar la sentencia. Y, dado que el Gobierno también ha prometido implantar el "dividendo digital" antes de que acabe este año, el nuevo reparto del espacio radioeléctrico debería acometerse en lo que resta de 2013.
Sea cual sea la decisión, marcará el futuro de la televisión en España. Y ahí está el goloso negocio de un sector, el audiovisual, que confía en que el año que viene mejoren los ingresos publicitarios y, poco a poco, se pueda salir de la crisis que ha reducido ampliamente sus beneficios.
