Rita Barberá se quejó durante años de que Canal Nou no le daba bola. La política gobernaba con mano de hierro el Ayuntamiento de Valencia y gozaba del favor de la calle, pero su presencia en la televisión pública de esta región era testimonial. Principalmente, porque ni Eduardo Zaplana ni Francisco Camps tenían un especial interés en ensalzar su figura, aunque pisara su misma trinchera. El ejemplo no resulta sorprendente en esta España que todavía paga el diezmo al cacique y se puede recorrer saltando de cortijo en cortijo. Ahora bien, ilustra a la perfección sobre la función que han cumplido estos medios de comunicación públicos desde su aparición. No han estado al servicio de un partido, sino de un barón, a quien han ayudado a aferrarse a su puesto y a ocultar todos los asuntos turbios que hiciera falta.
La situación que vivió Barberá en Canal Nou se reprodujo en Canal Sur cuando Susana Díaz quiso un despacho en Ferraz y tuvo que batallar con Pedro Sánchez, a quien la televisión autonómica sólo enfocó lo justo y necesario en esa etapa. Cuando Dolores de Cospedal -que ahora habla sin excesivo rubor del efecto nocivo de las fake news- gobernaba en Castilla-La Mancha y Nacho Villa estaba al mando de su televisión, unos reporteros se colaron en el despacho de Emiliano García-Page (entonces, jefe de la oposición) para tratar de desacreditarle. TV3 también participa cada día en la cruzada de los políticos que le asignan su presupuesto. De hecho, durante las últimas semanas ha ayudado a alcanzar un objetivo que parecía imposible: resucitar al PdeCAT para salvar el proceso soberanista y enmascarar las evidentes carencias políticas de Carles Puigdemont.
Pero en su constante empeño por evitar que el independentismo pierda musculatura, los responsables de TV3 se han encontrado con un importante contratiempo. La Agencia Tributaria ha reclamado a este medio de comunicación 167 millones de euros por diferentes deducciones de IVA que ha realizado –supuestamente- de forma indebida durante los últimos años. La carta del fisco llegó a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales a finales de noviembre, es decir, unas semanas después de que se aplicara el artículo 155 en esta comunidad autónoma. El que no afectó a TV3.
El director de esta televisión, Vicent Sanchís, es consciente de que la misma reclamación de Hacienda que ha recibido este medio de comunicación también ha llegado a las dependencias de otras cadenas autonómicas, a las que Cristóbal Montoro reclama, en total, 550 millones de euros, según señalan fuentes de FORTA. En todos los casos, por la misma razón: ha habido un cambio de interpretación en lo que respecta al pago del IVA sobre su actividad y, por tanto, deben ajustar cuentas con el fisco.
A Sanchís todo este asunto le huele a cuerno quemado, como se ha ocupado de transmitir esta semana en una reunión que ha mantenido con los sindicatos de TV3. Fuentes presentes en este encuentro afirman que el director considera que esta maniobra de Hacienda tiene como propósito estrangular a la televisión catalana, principal altavoz de los secesionistas y acérrima enemiga de Moncloa. El mensaje ha calado en las filas independentistas, en las que incluso se ha constituido una plataforma para tratar de salvar esta televisión de la zarpa de Montoro. Según detalló 'Crónica Global', incluso barajan iniciar una colecta para ayudar a la Generalitat a afrontar el palo de Hacienda.
Cosas veredes
Se puede pensar que Sanchís ha sido víctima de cierta paranoia al considerar que la inspección abierta por el fisco sobre TV3 forma parte de una campaña para hundir a un enemigo mediático. Ahora bien, también es posible que sus sospechas tengan cierto fundamento y el Ejecutivo haya iniciado una guerra fría contra la robusta guardia pretoriana mediática que protege los intereses de la Generalitat.
No hay que olvidar que la aplicación del artículo 155 vino acompañada de la congelación de las ayudas públicas que reciben los medios de comunicación que editan en catalán –una gran parte, aliados del exGovern-. También hay que tener presente que una de las instituciones que se han tumbado en los últimos tiempos ha sido Diplocat, el lobby independentista. El que engatusaba a la prensa internacional con viajes a todo trapo a Cataluña; y el que remitía libros y rosas a los mandatarios europeos el día de Sant Jordi para tratar de ablandar su corazón.
Todos son cómplices, todos son culpables y todos demuestran una proverbial hipocresía cuando denuncian la manipulación de los medios públicos enemigos
Lo cierto es que el cambio de interpretación de la Agencia Tributaria sobre el pago del IVA de las televisiones autonómicas supone un enorme golpe para estos medios de comunicación, que durante los últimos años han malvivido entre recortes presupuestarios, caídas de los ingresos publicitarios de dos dígitos y dramáticas pérdidas de audiencia. “Si Hacienda no cede en sus pretensiones, comenzaremos el año con un 21% menos de presupuesto, lo que sería un golpe mortal para nosotros”, reconoce el máximo responsable de una de estas cadenas.
“Esta nueva exigencia del Ministerio de Hacienda supone una grave amenaza para la viabilidad del actual modelo de TV3 y Catalunya Ràdio”, reconocieron los responsables de estos medios el pasado noviembre.
En la reunión que mantuvo Sanchís con los sindicatos, avanzó que el órgano de gobierno de la CCMA aprobará el próximo 14 de enero un plan de viabilidad para tratar de contrarrestar el ‘efecto Montoro’. Las principales afectadas por el recorte serán las producciones externas y las co-producciones (golpeará a Jaume Roures, entre otros) y no se prevé que supongan recortes laborales ni despidos. Tampoco que afecten a la piedra angular de estos medios: sus informativos. Los difusores del ideario de la Generalitat.
Leer 'el Marca'
Sea como fuere, llama la atención que la sombra del gobierno al que se ha definido como ‘el menos intervencionista con la prensa de la democracia’ vuelva a planear sobre un medio enemigo en apuros. Desde luego, a estas alturas habría que ser muy ingenuo para pensar que el cambio de rumbo de El País, la caída de José Antich en La Vanguardia o el reparto de licencias de TDT a la Conferencia Episcopal o a Florentino Pérez obedecen a la casualidad.
Por supuesto, la mano invisible del presidente que sólo lee ‘el Marca’ también se ha notado en Radiotelevisión Española, que durante los últimos años acumula decenas de episodios de manipulación informativa. También ocurrió en anteriores etapas, bajo gobiernos socialistas. Es el sino de esta España ‘moderna’ con unas Instituciones tan obsoletas. Populares y socialistas denuncian la obscena parcialidad de TV3 y tienen razón. Pero, a la vez, imposibilitan la realización de un concurso público para elegir al Consejo de Administración de RTVE para enfrentarse a menos trabas para situar a sus ‘delfines’ en sus asientos. Donde dije digo, digo Diego.
Mientras tanto, Sanchís insinúa que existe una persecución de Moncloa contra TV3 y, a la vez, permite que Toni Soler –a quien paga una millonada por el programa Polonia- formule en un programa la pregunta: “¿Querer que un tráiler atropelle al Supremo es delito de odio?”. Sanchís tampoco critica que la Generalitat mantenga desde el inicio del proceso soberanista secuestrado al Consejo Audiovisual de Cataluña, el que debería velar porque en la televisión pública no se pronunciaran frases como la que ha salido de la boca de Soler, pero el que no se atreve a desmarcarse de los soberanistas.
Todos son cómplices, todos son culpables y todos demuestran una proverbial hipocresía cuando denuncian la manipulación de los medios públicos enemigos. En España, se han gastado miles de millones de euros (2.000 millones al año) para mantener chiringuitos al servicio de los barones regionales. Para mantener su televisión. La de Villarriba y la de Villabajo. El ejemplo más sangrante –o el más dañino- ha sido quizá el de TV3. ¿Pero ha pensado usted en las demás?
