Las televisiones privadas han vuelto a lanzar algunos dardos envenenados hacia el Palacio de La Moncloa, pese a que sus inquilinos se encuentran en situación de interinidad y no está claro quiénes lo morarán durante los próximos cuatro años. La patronal que agrupa a las empresas con licencia de TDT, UTECA, ha expresado la necesidad de que el próximo Gobierno de España modifique la ley para restringir la emisión de publicidad en los canales de pago de Movistar, Orange y Vodafone. Desde su punto de vista, el hecho de que estas plataformas puedan ofrecer más de 12 minutos de anuncios por hora, al contrario que las cadenas de Atresmedia y Mediaset, supone una discriminación que debe ser corregida si no se quiere dañar a un sector que, recuerdan, mueve en España 5.500 millones de euros al año.
La pujanza del negocio de la televisión de pago, que ya reúne a más de 5,5 millones de abonados, y la llegada a España de plataformas que emiten por internet, como Netflix, justifica una actualización de la Ley General Audiovisual, aprobada en 2010 con un mercado "muy distinto al actual", según ha detallado a Vozpópuli el presidente del lobby de las cadenas privadas, Andrés Armas. Entre las novedades que, a su juicio, debería incluir esta normativa se encuentra la de poner coto a la emisión de publicidad en estos canales, algo que considera fundamental para garantizar la igualdad competitiva en el sector audiovisual.
La CNMC interpuso en 2015 varias multas a Atresmedia y Mediaset por saltarse las restricciones a la emisión de publicidad
No hay que olvidar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió varios expedientes e interpuso varias multas durante 2015 a Atresmedia y Mediaset por exceder los 12 minutos "de mensajes publicitarios por hora de reloj" que tienen derecho a ofrecer, por ley. La última sanción, hecha pública el 25 de noviembre, obligaba a la compañía dirigida por Paolo Vasile a pagar 812.140 euros por incumplir esta normativa.
Desde el punto de vista de UTECA, el próximo gobierno debería definir de una mejor forma este punto y "establecer un régimen de incompatibilidades entre la financiación mediante publicidad" de las televisiones de pago y su obtención de ingresos mediante los "presupuestos públicos o las cuotas de suscripción". Es decir, lo que quiere es que Movistar, Orange o Vodafone tengan más limitaciones que actualmente para contratar publicidad, lo que, en teoría, beneficiaría a Atresmedia y Mediaset, dos empresas que se reparten actualmente el 85% de los ingresos de la TDT por este concepto.
Las televisiones privadas a Soria de beneficiar a Movistar
La patronal de las cadenas privadas mantuvo durante la pasada legislatura una dura guerra con el Gobierno por el "maltrato" que considera que sufrieron estas empresas por parte del Ejecutivo y, en concreto, por el ministro de Industria, José Manuel Soria. De hecho, Andrés Armas llegó a asegurar en público que desde Moncloa se pretendía "aniquilar a la televisión en abierto" y fomentar la de pago, dada su negativa a blindar de una posible sentencia judicial negativa a los ocho canales cuya legalidad cuestionaban tres recursos presentados ante el Tribunal Supremo.
El presidente de UTECA ha insistido en la necesidad de proteger estas licencias de este tipo de eventualidades. ¿Cómo? Modificando la ley audiovisual para que los adjudicatarios puedan disponer de una mayor libertad para gestionar las frecuencias en las que se ubican sus cadenas. Su idea es que el Gobierno no asigne canales, como hasta ahora, sino que reparta directamente partes del espectro radioeléctrico. Eso les permitiría implantar "con una mayor libertad" las innovaciones tecnológicas y, además, no comprometería su situación en caso de que tuvieran que prescindir de una cadena, bien de forma voluntaria o bien de forma forzosa.
Televisión Española sin publicidad y con menos gastos
Armas también la ha emprendido contra quienes opinan, de forma "desinformada", que la vuelta de la publicidad a Radiotelevisión Española ayudaría a aliviar sus problemas económicos. Desde su punto de vista, los ingresos que conseguiría actualmente por esta vía serían mucho menores que los que cosechó en 2010, toda vez que la audiencia de La 1, su canal generalista, es mucho menor (16% frente al 10,2%). "La publicidad a TVE supondría no solo una distorsión del mercado publicitario, y el consiguiente daño a los operadores privados, sino también un perjuicio para la propia televisión pública, que con sus actuales niveles de audiencia, no llegaría a obtener por la venta de sus espacios publicitarios una cifra similar a la que ahora ingresa por las aportaciones de los operadores", ha expuesto UTECA en un comunicado.
La plantilla de Radiotelevisión Española, de 6.400 personas, cuesta cada año 370 millones de euros
Según ha aseverado Armas en declaraciones a Vozpópuli, el problema al que se enfrenta la televisión pública no es de ingresos, sino de costes, dado que con la llegada de la crisis económica sus gestores no quisieron recortar la partida de gastos y eso ha agravado considerablemente su déficit. Su partida más elevada, sin duda, es la de personal, que este año ha ascendido a 370 millones de euros y que sirve para mantener una plantilla que es aproximadamente tres veces mayor que la suma de las de Atresmedia y Mediaset.
Cabe recordar que la televisión pública ha cerrado los últimos ejercicios con un déficit estructural de alrededor de 100 millones de euros. Este año será menor, pero no por haber hecho los deberes en lo que respecta a sus costes, sino porque Cristóbal Montoro le ha perdonado el pago del IVA.
Su actual modelo de financiación -muy beneficioso para Atresmedia y Mediaset, que se han quedado con la publicidad que hasta entonces pertenecía a TVE- hace muy difícil que la empresa logre un equilibrio en sus cuentas si su presupuesto anual es menor de 1.200 millones de euros anuales. Y en los últimos años siempre ha sido menor debido a los recortes que ha tenido que realizar el Gobierno sobre diversas partidas ministeriales como consecuencia de la crisis económica.
El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha pedido varias veces en sede parlamentaria que el Gobierno cambie la ley para evitar que la televisión pública dependa en tanta medida de fuentes externas para cuadrar sus cuentas. Pero, de momento, no ha recibido contestación desde Moncloa, lo que le condena a unos números rojos que, desde el punto de vista de UTECA, se solucionarían con una mejor gestión de los recursos económicos de los que dispone.
