La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones ANFAC ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares. Esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea.
Y, a partir de 2035, contempla la prohibición de circular a cualquier vehículo propulsado por combustibles fósiles, ya sea diésel, gasolina, gas natural o cualquier hibridación con motores tradicionales. Sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad. Ningún ciudadano europeo, por tanto, podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas y los concesionarios radicados en las Islas no podrán vender vehículos de nuevas tecnologías como sí pueden hacer los sitos en la Península, con el consiguiente impacto económico.
La Asociación entiende, en sus escritos dirigidos a estas autoridades, que estas medidas son arbitrarias y desproporcionadas y que no cuentan con ningún tipo de respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado. La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares. No puede ampararse así en la excepción de la protección del medio ambiente y la salud de las personas porque no concurren los requisitos necesarios.
La prohibición incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al “afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, afirman en la denuncia.
Anfac ha solicitado así a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, se solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.
La Unión Europea apuesta por fijar una senda hacia la descarbonización en 2050 que incluye estrategias de impulso y no prohibiciones. Los comisarios y parlamentarios europeos se han manifestado, además, en varias ocasiones, en contra de las prohibiciones taxativas, en el sentido de que la reducción de emisiones no significa que debamos sacrificar los medios de vida de los europeos. El proyecto de Ley balear adelanta este objetivo estratégico entre 15 y 25 años sin articular estas medidas de apoyo.
Caída del mercado
Pese a que restan aún seis años para la posible entrada en vigor de la prohibición, sus efectos graves se están haciendo notar ya. El anuncio de la tramitación del proyecto de Ley ha provocado que el mercado de venta de vehículos nuevos tenga un ritmo mucho menor en las islas Baleares, que tan solo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7%. “Esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos diésel desde su misma entrada en vigor porque nadie en esa Comunidad Autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos aún un diésel nuevo sabiendo que a partir de enero de 2025, no va a poder circular”, denuncia.
Está afectando además al mercado de segunda mano, donde la comercialización de vehículos más modernos cae mientras que la venta de vehículos diésel antiguos, con más de 20 años, ha crecido un 14% porque “nadie quiere invertir en vehículos nuevos o seminuevos ante la incertidumbre” de cuándo tendrán que prescindir de ellos. “El golpe para el sector es durísimo mientras que el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores”, detalla el escrito.
