Una sentencia ha dado nuevamente la razón a los servicios jurídicos de AEA y ha anulado una sanción de 200 euros y la detracción de 4 puntos, que el Ayuntamiento de Madrid había impuesto a un automovilista por rebasar, presuntamente, un semáforo en fase roja. Según el fundamento jurídico primero de la sentencia se señala que "para imponerse tan grave sanción, incluida la privación de cuatro puntos del permiso de conducir, debe quedar constancia de que el conductor pudo haberse detenido antes de cambiar a rojo. Y para ello conocerse si el semáforo tenía fase ámbar, y cuánto duraba la fase ámbar; y, si era suficiente para detenerse antes de la fase roja teniendo en consideración el tiempo de reacción de un conductor medio”.
La fotografía, por tanto, no tiene presunción de veracidad. “En circunstancias normales -continúa la sentencia-, si la formula un agente de tráfico, se entiende que el agente constata estas circunstancias antes de sancionar; no denunciando, si le consta que el conductor no tuvo tiempo de detenerse. Pero, no puede decirse lo mismo de un aparato colocado junto al semáforo en condiciones que no se documentan”.
Por esa razón, y sin entrar a conocer el resto de los motivos de nulidad alegados, se estima el recurso planteado por los servicios jurídicos de AEA y se anula la multa de 200 euros impuesta con reposición al conductor de los cuatro puntos detraídos.
Esta resolución judicial se une a las decenas de sentencias judiciales promovidas por los servicios jurídicos de AEA en defensa de los intereses de sus miembros, ante los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (núms. 3, 5, 8, 10, 21, 23, 25 y 34) y pone de nuevo en evidencia la falta de garantías del sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid, desde noviembre de 2009, para captar supuestas infracciones por rebasar los semáforos en rojo en 26 intersecciones de la capital.
No obstante, el consistorio madrileño en lugar de paralizar este sistema de captación de imágenes -sobre el que incluso ya se ha pronunciado el Tribunal Superior Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo-, ha anunciado que a lo largo de 2016 instalará 15 cámaras más, que se suman a las 26 que venían funcionando desde hace siete años. Según datos de AEA, en 2015 se formularon más de 21.000 denuncias por este motivo, con una recaudación superior a los 4,3 millones de euros.
