A modo de película surrealista, España atraviesa una bochornosa crisis institucional, convivimos a diario con un Parlamento que ni está ni se le espera, en que normalizamos los insultos y no hay intercambio de ideas ni enriquecimiento con la diversidad de un debate, fruto de las distintas sensibilidades de la ciudadanía.
Este apagón intelectual viene propiciando una parálisis en el normal funcionamiento de las instituciones, parálisis que ahora parece querer subsanarse mediante la presentación de aceleradas enmiendas a leyes consolidadas durante todo el periodo democrático, que se prolonga ya más de 40 años.
Un apagón intelectual que se traduce en la división irreductible en dos bloques, generalmente conocidos como progresistas y conservadores, que se traslada sin más al Poder Judicial, con la gravísima consecuencia de etiquetar a quienes lo ejercen y trasladar a la sociedad una imagen de politización de la justicia que no puede generar más que desconfianza.
La falta de actuación del Parlamento genera la ralentización de los asuntos judiciales de los españoles, prolongando su resolución definitiva y, por ende, causa la vulneración de sus derechos fundamentales
Textos sobre los que se apoyan los pilares en que se asienta nuestro sistema de convivencia, en el que como es sabido el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de nuestra Constitución, se erige como una irrenunciable garantía frente a cualquier tentación de socavar los valores y principios de nuestra norma suprema. Resulta cuanto menos cuestionable que nuestros parlamentarios, disfrazando el verdadero contenido de reformas con otras finalidades (como la modificación del Código Penal), creen una anomalía de lo que debería ser un simple trámite, levantando sospechas de intromisión en otras instituciones.
El penúltimo capítulo lo vivimos el pasado jueves cuando el Tribunal Constitucional suspendió el Pleno en el que se debía deliberar y votar la admisión o inadmisión de una medida cautelar solicitada por el grupo parlamentario del Partido Popular ante las vicisitudes del proceso de reforma legislativa cuyo único objeto aparentaba ser la reforma del Código Penal y que ha terminado utilizándose como instrumento para acometer la renovación parcial del TC a través de la introducción de determinadas enmiendas.
En un nuevo y sorprendente giro de los acontecimientos, se acomete una reforma legislativa, cuya trascendencia radica en que, por un lado, modifica esencialmente la forma en la que hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial nombraba a los dos magistrados del TC que le competen conforme al artículo 159.1 de la Constitución -pues altera el método de votación, tanto en cuanto al sistema de mayorías, que se reduce de los 3/5 a una mayoría simple, como al número de candidatos que pueden ser votados- y, por otro, priva al TC del control de legalidad que venía ejerciendo en estos nombramientos.
Frente a esta novedosa celeridad, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018, no recibe el mismo trato. Nuestro órgano legislativo no encuentra ni el momento ni el camino del diálogo que merece el pueblo español para alcanzar la designación de nuevos vocales. Así, lejos del cumplimiento de su cometido constitucional, acabó acordando que el órgano de gobierno de los jueces no pudiera, en funciones, realizar su labor de nombramiento de ciertos cargos judiciales.
Gana el cansancio y la desesperanza, infectando, quizás incurablemente, las bases de la convivencia de la democracia
Cuestión que en el momento tuvo aparente escaso recorrido a expensas de la que iba a ser la inminente renovación del Consejo, pero, a consecuencia del enésimo fracaso sobre la cuestión, ha supuesto en la práctica cotidiana que las salas de los altos tribunales se estén vaciando de magistrados (quienes, por diversas cuestiones, deben abandonar el cargo), mientras que la montaña de procedimientos judiciales pendientes sigue creciendo y creciendo.
De esta forma, la falta de actuación del Parlamento genera la ralentización de los asuntos judiciales de los españoles, prolongando su resolución definitiva y, por ende, causa la vulneración de sus derechos fundamentales.
Quizás lo peor de esta crisis es el atronador silencio de la sociedad española, hastiada de titulares dramáticos, de frases insultantes, que aparenta una indefensión adquirida, en la que la rutina es el mejor bálsamo, a sabiendas de que su mandato como ciudadanos está siendo pervertido.
Gana el cansancio y la desesperanza, infectando, quizás incurablemente, las bases de la convivencia de la democracia.
Verónica Ponte es miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
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