El asalto a la Justicia ya no es una simple obsesión en fase de diseño o una amenaza a la separación de poderes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Es ya una triste y obscena realidad. Lo está demostrando sin complejos la que se autodenomina 'mayoría progresista' del Tribunal Constitucional, que en realidad no deja de ser un comisariado de obediencia debida al sanchismo, y que ya ha dejado claro que los políticos del PSOE son impermeables a delitos tan graves como la prevaricación o la malversación de dinero público. El TC está diseñando un auténtico indulto encubierto para casi una veintena de dirigentes del PSOE condenados por los ERE, por la sencilla razón de que el Gobierno no tiene el arrojo de aprobar un indulto tradicional y asumir el desgaste que conllevaría incluir en ellos a dos expresidentes del partido condenados por corrupción como Chaves y Griñán. En realidad, condenados por el caso más grave de corrupción vivido en democracia, y cuantificado en un fraude a las cuentas públicas de más de 680 millones de euros durante más de una década en la Junta de Andalucía.

Las ponencias del TC no son solo un ejemplo más del constructivismo jurídico y del uso alternativo del derecho al que nos tiene acostumbrados un magistrado como Cándido Conde-Pumpido, siempre al servicio de la causa socialista, imponiendo además una férrea disciplina interna entre los magistrados afines al PSOE. Esas ponencias son una reinvención del derecho, una invasión flagrante de las competencias del Tribunal Supremo, y la constatación de que Conde-Pumpido tiene instrucciones para que el TC deje de ser un auténtico tribunal de garantías para constituirse en un órgano jurisdiccional más que se arrogue funciones que le son ajenas. Y todo, con un único fin: satisfacer los deseos de La Moncloa, erigido definitivamente en un órgano de control político para que todo lo que ocurra en los tribunales y juzgados, y resulte desfavorable para el PSOE, termine 'arreglándose' en el Tribunal Constitucional.

Nunca como hasta ahora, el Tribunal Constitucional había actuado con tanto descaro antijurídico, con tanto ánimo de protección a un partido"

Nunca como hasta ahora, el Tribunal Constitucional había actuado con tanto descaro antijurídico, con tanto ánimo de protección a un partido, y con un criterio selectivo de cancelación del Código Penal. Los ERE fueron la expresión de cómo las sucesivas mayorías socialistas en el Parlamento y el Gobierno andaluz dieron cobertura jurídica, legislativa, oficial y opaca a una auténtica red delincuencial de reparto de dinero previsto para desempleados entre militantes del PSOE, amigos y sindicalistas. Desde el poder socialista se dio coartada y legitimidad para un auténtico desfalco de las cuentas públicas, y así quedó sentenciado con hechos probados de los Tribunales que ahora son discutidos por el TC, aunque no es su función constitucional hacerlo. Ahora, el TC viene a sostener la delirante teoría de que una ley no puede delinquir, y por tanto el político que la aprueba, tampoco.
La Fiscalía es a su vez un órgano intervenido por el sanchismo desde el primer día. Álvaro García Ortiz se encarga de demostrarlo en cada momento con una sumisión que ya resulta sonrojante. Por eso, Sánchez no para en barras para tratar de lograr un control absoluto sobre todas las instancias relevantes de la Justicia. Y sólo le queda 'tomar' el Tribunal Supremo, que en los próximos cinco años debe ver renovado más del 40 por ciento de sus miembros. Ahí es donde incardina su presión al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces ha de renovarse, eso está fuera de duda, y más aún cuando el actual CGPJ ha doblado su mandato y España lleva cinco años de retraso. La previsión constitucional no se está cumpliendo, y el reparto de culpas entre PSOE y PP no es un consuelo. Ahora, ambos partidos parecen haber alcanzado un acuerdo inminente. Pero si el acuerdo no pasa por una reforma del sistema de elección de los vocales, por una despolitización radical del poder judicial y por una garantía de mantenimiento de la separación de poderes y de la independencia, el PP se equivocará cediendo.

El PP debe preguntarse si ahora es el momento oportuno de rubricar pacto alguno (...) Todas las conversaciones se están desarrollando bajo el estigma de una amenaza directa de Pedro Sánchez"

Y más aún comprobando cómo actúa el sanchismo, por ejemplo en el Tribunal Constitucional con los condenados por los ERE. Tiene lógica acabar con esta anomalía, pero el modo de hacerlo es crucial. Por eso, cualquier aceptación por el PP de fórmulas del PSOE que no aseguren una redefinición del poder judicial sin sometimiento a La Moncloa será un error. Desde esta perspectiva, el PP debe preguntarse si ahora es el momento oportuno de rubricar pacto alguno, con el TC y la Fiscalía en modo de sometimiento total y rodeados de escándalos por su intervencionismo político sobre decisiones judiciales. Porque no parece que el actual contexto sea el idóneo, con un ultimátum de Sánchez, con las instituciones europeas en fase de formación tras las elecciones y con las amenazas del independentismo, y la asunción por parte del Gobierno de que en España hay 'lawfare'. Tampoco fue oportuno el llamamiento que hizo ayer la Sala de Gobierno a una urgente renovación del CGPJ, teniendo en cuenta precisamente eso, que todas las conversaciones se están desarrollando bajo el estigma de una amenaza directa de Pedro Sánchez.

Ocurra lo que ocurra, el resultado de la negociación no puede ser un regalo en bandeja para que el Gobierno pueda imponer un control total sobre la última institución que está resistiendo la ofensiva antidemocrática que esta viviendo España. Dominar el Supremo es la primera y última obsesión de Sánchez para garantizarse el apoyo del separatismo, la legalidad de todos sus nombramientos y decisiones, y la impunidad con la que concibe el poder. Por eso el PP, si cede, difícilmente podrá 'vender' que es un buen acuerdo. Los antecedentes de Sánchez y su concepción revanchista de la democracia son perfectamente conocidos.

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