ETA ya no existe y Bildu es un partido legal, obvio, sus diputados han sido elegidos en un proceso legal. Pero los asesinos de la banda terrorista existen, están vivos, conviven con las familias de los que asesinaron, son sus vecinos y siete de ellos forman parte de las listas de ese partido abertzale en las elecciones del 28M.

Nadie más que Bildu tiene el cuajo de retratarse como lo que es, al incorporarlos a su propuesta electoral. El problema no está en esos tipos que un día mataron. Son y serán asesinos, jamás se han arrepentido, no lo harán, ni tampoco podrán reparar el daño causado. Nadie devolverá esos seres queridos a sus familias. ¿Qué mensaje político pretenden lanzarle a las víctimas? ¿Que los asesinos pueden entrar por la puerta grande en esas instituciones en las que se encontraban miembros del PP o del PSOE a los que ellos asesinaron?.

Pactar con Bildu, naturalmente, es legal, pero que esta formación incorpore a alguno de sus más ferozes asesinos a sus listas electorales no debería serlo. Los criminales deberían estar inhabilitados para ejercer cargo público alguno, para forma parte activa de la vida política. Sólo hay criminales convictos de asesinato en las listas de Bildu. De hecho, su máximo dirigente es Arnaldo Otegi, miembro de la banda, condenado por terrorismo y jamás arrepentido de su pasado violento.

Por mucho que hayan cumplido condena, sería imprescindible modificar la ley que permite que esta gente pueda acceder a cargos de representación institucional

"Hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes", decía el Pedro Sánchez desde la Casa Blanca, pero resulta también indecente pactar con quienes no pestañean a la hora de incorporar a estos tipos en sus listas. ¿O es que en el mundo abertzale solo tienen asesinos para presentar sus candidaturas? ¿Por qué no buscan a los familiares de las víctimas, de aquellos a los que les volaron la cabeza o les destrozaron con una bomba bajo el asiento del coche ¿Por qué no invitan a su plataforma electoral a aquellos que figuraban como sus objetivos, a quienes seguían, hostigaban, vigilaban para, un buen día, segarles la vida? Toda esa gente integraba, hasta hace nada, las listas de la muerte de ETA, diseñadas por los cabecillas de esa banda, que ahora se pasean por las tabernas, potean, cantan, se ríen, orgullosos y satisfechos del dolor que han causado. ¿Cómo es posible que al partido que los admite como socios, con los que pacta leyes y ultima acuerdos no se le cae la cara de vergüenza por tenerlos tan cerca, por no apartarlos de su proximidad legislativa, de no despreciarlos? ¿Qué sociedad es esta, que luego los vota? Por mucho que hayan cumplido condena, sería imprescindible modificar la ley que permite que esta gente pueda acceder a cargos de representación institucional. Son 44 terroristas, siete de ellos con delitos de sangre. Mataron gente. No se han arrepentido.

Que la sociedad vasca se tenga que construir políticamente con gente como EHBildu se supone que entra dentro del juego democrático. Lo que debería ponerse en cuarentena, o, directamente, proscribirse, es que sean los asesinos quienes que se conviertan en futuros servidores públicos. Una sana democracia debe dotarse de herramientas para evitar que delincuentes con crímenes de sangre puedan acceder a puestos públicos. Da igual que se hayan arrepentido, da igual que hayan cumplido condena, deben pasar décadas para reparar el daño causado. Serán los vascos los que decidan si dan voz a los que no solo defienden una ideología, sino que asesinaron por ella. Apartarles de lo público debería ser la máxima de esta democracia. Dignidad y Justicia ya ha presentado denuncia ante la Fiscalía, veremos qué camino marca.

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