A Carmen Calvo le preguntaron hace algunos años en Rac 1 sobre la viabilidad jurídica de una amnistía en Cataluña por los sucesos del 1 de octubre del 2017. El argumento de la entonces vicepresidenta fue contundente. "La amnistía está prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias", respondió Calvo. "La amnistía supone anular todo el trabajo hecho por otro poder, el judicial".

Calvo y el PSOE se alineaban aquí con la tesis más extendida, aunque no de forma unánime, entre los principales expertos en Derecho Constitucional. Su opinión es que el artículo 62, apartado i, de la Constitución, prohíbe una amnistía como la que el Gobierno negocia con el separatismo catalán. Dicho artículo dice textualmente: "Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales".

Una amnistía supondría el sobreseimiento de todas las actuaciones contra Carles Puigdemont y cualquier otra persona encausada por estos hechos -juzgado o no; fugado o no-. El significado del término está en su propia raíz griega: amnesia. Es decir, olvido. Y nada tiene que ver con los indultos, que exigen una condena efectiva y el cumplimiento de parte de la misma y que ahora mismo parecen Barrio Sésamo comparado con lo que se está pergeñando desde Waterloo.

Amnistía y malversación

No está claro cómo pretende el Gobierno aprobar una norma de estas características. Y exactamente a quién o quienes beneficiará. Si alcanzará también a los inculpados por los graves disturbios de Tsunami Democrátic o si solo será un regalo a Puigdemont y al establishment político catalán. El problema es que aquí ya no solo juegan delitos como la sedición, que el Gobierno ha manoseado a su antojo, sino que también existen graves delitos de corrupción por malversación de fondos públicos de todos los españoles. Otra amnistía fiscal.

Las cotas de cinismo en torno a este debate de la amnistía llegan de varios frentes. Se utiliza el eufemismo "desjudicializar". Se habla de afrontar un conflicto político de una vez por todas. Pero como bien dijo Calvo, lo que esconde es anular todo el trabajo del Poder Judicial realizado, recordemos, en democracia. Nada que ver con la ley de amnistía vinculada al final del franquismo.

Mientras Pedro Sánchez y Yolanda Díaz negocian con Puigdemont cómo encajar todo esto y asegurarse el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo tiene un mes para encarar una investidura seguramente fallida. El PP lleva un tiempo en plan Ejército de Pancho Villa con sus intentos de negociación, prueba del shock por el resultado del 23 de julio.

Pero el previsible fracaso de Feijóo, al que tiene derecho, no puede ocultar la gravedad de las pretensiones de Sánchez. La izquierda española sigue siendo una anomalía en Europa por sus complicidades con los movimientos más reaccionarios del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco. Una alianza histórica que atraviesa altibajos, pero que lleva años en pie contaminando el debate territorial en España.

Atropellar a las minorías

El separatismo sigue atropellando los derechos de las minorías en Cataluña. La novedad con respecto a octubre del 2017 es que ahora lo hace de la mano del Gobierno de la Nación. Sánchez está plantando la semilla de un nuevo procés que estallará con la próxima crisis, que vendrá, y seguramente con el centro-derecha en La Moncloa.

El problema no es ahora. Sánchez puede presumir y lo hará de la "paz" en Cataluña. El problema vendrá cuando los funcionarios -jueces, fiscales, maestros, policías- tengan que enfrentarse a otro desafío. Es probable que no les merezca la pena. Y recuerden que hubo amnistía para los culpables; y sufrimiento, amenazas y olvido para los que trataron de cumplir y hacer cumplir la Ley.

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